Madrid, 9/12/2006, (Agencias).- En el pasado mes de noviembre la Asociación de Comerciantes y Minoristas del Mercado de Canillas en Madrid (cuya imagen de marca es Centro Comercial Las Ventas) recibió el Premio Europeo de Medio Ambiente EMAS 2006 por su compromiso ambiental.

El reglamento europeo EMAS es un mecanismo voluntario destinado a empresas europeas que quieran mejorar su comportamiento en materia medioambiental, lo cual implica garantizar el cumplimiento de la legislación en esta materia, posibilitar una información ambiental válida y mejorar la imagen de la empresa ante la sociedad y los consumidores.

La sigla EMAS, que puede verse ahora en diferentes partes de este mercado madrileño, avala la acertada gestión ambiental de empresas y organizaciones, que son reconocidas por la Comisión Europea a petición, en este caso, de la Comunidad de Madrid.

Según Antonio del Val, presidente de la asociación de comerciantes y pescadero jubilado de Las Ventas, en declaraciones al rotativo madrileño El País: "somos el único mercado de España y de Europa que tiene esta acreditación y que además trabaja por mantenerla", recordando lo difícil que ha sido "intentar concienciar a los 91 empresarios de los 125 establecimientos asociados para que ahorren recursos como el agua o la energía".

"Ha sido un trabajo muy duro convencer a los comerciantes de que, por ejemplo, no deben entrar y salir constantemente de las cámaras de frío para así ahorrar en climatización, pero lo cierto es que, al final, los resultados son excelentes y ellos son los principales responsables de mantener la marca y conseguir el premio", comentó Jorge Ruiz, gerente del mercado.

Parte de esta labor de concienciación ha consistido en impartir cursos sobre la gestión de los residuos o sobre métodos de evaluación de impacto ambiental, algo que resulta de gran trascendencia para unas instalaciones en las que diariamente trabajan 300 personas y recibe un tráfico de 200 vehículos de proveedores.

Una de las principales cuestiones que ha valorado el jurado es la exposición pública de la marca EMAS en diferentes soportes: tiques de aparcamiento, carteles, tablones de anuncios, puntos de información, bolsas... "Es una manera de compartir con los clientes nuestro compromiso y conseguir también que ellos se integren en este objetivo", afirmó el gerente.

Junto al certificado europeo, Las Ventas luce otro otorgado por la Cámara de Comercio, la ISO 14001, que también valora aspectos ambientales, y la marca Madrid Excelente.

Sevilla, 9/12/2006, (Agencias).- Hasta el próximo 17 de diciembre, los Paradores de Turismo de Andalucía ofrecerán en sus cartas unos menús especiales, integrados únicamente por productos ecológicos. Además de las propuestas para el almuerzo o la cena, que incluyen un puré para niños, las cartas de los establecimientos también contarán con alimentos ecológicos para el desayuno, los aperitivos y meriendas.

Se trata de una campaña de difusión de los alimentos ecológicos de la Comunidad gracias a un acuerdo entre la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y Paradores de Turismo, en la que también colabora la Asociación de Empresas con Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA).

Bajo el lema “Prueba hoy algo distinto”, esta iniciativa de Agricultura y Pesca y Paradores pretende acercar los productos ecológicos a los consumidores, aprovechando fechas de especial afluencia de turistas como el próximo puente de la Inmaculada. Andalucía, con más de medio millón de hectáreas, es líder nacional en superficie de agricultura ecológica; sin embargo, el sector precisa aún del fortalecimiento de la distribución para incrementar los niveles de consumo, para lo que la Administración autonómica desarrolla numerosas iniciativas.

En total, son 16 los Paradores que participan en esta iniciativa, repartidos en las 8 provincias andaluzas y localizados en Antequera, Arcos de la Frontera, Ayamonte, Cádiz, Carmona, Cazorla, Córdoba, Granada, Jaén, Mazagón, Ronda, Málaga (paradores de Málaga Golf y Málaga Gibralfaro), Mojácar, Nerja y Úbeda. Asimismo, en la puesta en marcha de esta nueva campaña de la Junta de Andalucía se han implicado más de 60 empresas productoras de agricultura ecológica, que en las próximas dos semanas abastecerán a los establecimientos de los alimentos necesarios para la confección de los menús.

Todos los ingredientes ecológicos son producidos y elaborados sin elementos químicos de síntesis y cumpliendo estrictas normas de calidad y respeto al medio ambiente. La campaña se apoya en un regalo promocional que se ofrecerá en todas las suites y que consiste en un aceite de oliva virgen extra ecológico.

Los menús ecológicos que propone esta campaña ofrecen una amplia visión de la producción ecológica andaluza, con el objetivo de acercarla al consumidor. Así, Paradores ofrece una degustación de aperitivos y dos platos principales: esturión al vapor de espliego con calabacín en tempura y terciopelo de arroz con verduras, y taco de presa ibérica asada con setas aliñadas y puré de garbanzos. De postre, crujiente con cremoso de tocinillo y dulce de cereales con leche y membrillo. Tanto los aperitivos como los platos principales y postre van maridados con un vino ecológico procedente de alguna Denominación de Origen andaluza, elegido gracias a una cata técnica realizada entre los profesionales de Paradores.

Para Paradores de Turismo, esta iniciativa se enmarca dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa, que establece la necesidad desarrollar estrategias sostenibles medioambientalmente, promocionando la riqueza gastronómica y el patrimonio cultural y natural de Andalucía y el territorio nacional.

Madrid, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- En días pasados se llevó a cabo el acto de entrega de los IX Premios Medio Ambiente que convocan anualmente la firma Garrigues Medio Ambiente y el diario económico Expansión, con la colaboración de la editorial Ecoiuris. La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona.

Los galardones recayeron en esta ocasión sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), Ferrovial o el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid, entre otros.

Esta distinción reconoce los esfuerzos que realizan las empresas y las Administraciones públicas en beneficio del Medio Ambiente. Precisamente, en el apartado de empresas, el Grupo Ferrovial logró el “Premio a la mejor iniciativa empresarial de Investigación, desarrollo y aplicación de las mejores tecnologías”.

El “Premio a la mejor iniciativa empresarial de Gestión Ambiental Sostenible” recayó sobre CLH, en reconocimiento por el Programa de Gestión Integral de Suelos Potencialmente Contaminados. Precisamente, en materia medioambiental, la compañía anunció la inversión de cerca de cuatro millones de euros en proyectos protección medioambiental, entre otras acciones.

Por otra parte, la “Mejor iniciativa empresarial de Educación y Comunicación Ambiental” fue para Holcim España. En cuanto a las instituciones públicas, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid obtuvo el “Premio a la mejor iniciativa institucional de Educación y Comunicación Ambiental”.

El “Premio a la mejor iniciativa institucional de Medio Ambiente Urbano e Industrial” fue para el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid por su “Estrategia Local de Calidad del Aire”, un documento estructurado en nueve grandes líneas de actuación que incluye medidas que afectan a la movilidad (tráfico, transporte o vehículos) y que tiene como principal objetivo reducir, en 2010, en cerca de 4.000 toneladas las emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.

El “Premio a la mejor iniciativa institucional de Medio Natural” correspondió al Ayuntamiento de Náquera, mientras que Mendi Behera obtuvo una placa Accésit a la mejor iniciativa empresarial de Gestión Ambiental Sostenible para Asociación Baja Montaña'.

Reykjavik, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- El 48% de los islandeses cree que la cacería comercial de ballenas tendrá un impacto negativo sobre la industria del turismo, según una encuesta reciente.

La nueva encuesta de la compañía Gallup fue comisionada por el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW) en vista de la reanudación de la cacería comercial de ballenas por parte de Islandia.

A pesar de la poca demanda de carne de ballena, producto del programa de cacería de ballenas supuestamente “científica” de Islandia, que comenzó en 2003, los balleneros recientemente arponearon a siete ballenas de aleta y una minke, todas en peligro de extinción, con miras a comercializar su carne.

Los representantes de la industria turística, tanto fuera como dentro de Islandia, han expresado su preocupación sobre los efectos que pueda tener la política ballenera de Islandia sobre su turismo. De hecho algunas compañías de observación de ballenas han reportado cancelaciones en respuesta a la cacería de ballenas.

Estas inquietudes se ven reflejadas en los resultados de la encuesta donde un 48% declaró creer que la cacería de ballenas tendría un efecto ya sea negativo o muy negativo sobre la industria turística de Islandia. El 39.8% dijo sentir que el efecto no sería ni positivo ni negativo, mientras que únicamente el 12.2% dijo pensar que tendría un impacto positivo.

De los que expresaron una opinión en pro o en contra, el 79.7% pensó que la decisión de reanudar la cacería comercial de ballenas tendría un impacto negativo sobre la industria turística de Islandia. Asimismo, un 87.8% de islandeses encuestados dijo valorar la reputación de Islandia en el extranjero.

Las imágenes de ballenas arponeadas siendo arrastradas a tierra y descuartizadas provocaron un rechazo internacional masivo, así como una protesta diplomática firmada por 25 países, incluyendo al Reino Unido junto con la Comisión de la Unión Europea.

“El IFAW está exhortando al gobierno de Islandia a poner fin a su política de cacería de ballenas, a la cual se opone tanta gente incluyendo a muchos islandeses. Los instamos a proteger a las ballenas y a la reputación internacional de Islandia, y a fomentar su lucrativa industria de turismo y observación de ballenas”, dijo Beatriz Bugeda, Directora del IFAW para América Latina y el Caribe.

Ya que la gente de Islandia tradicionalmente no come carne de ballena, el único mercado potencial resultó ser Japón. Sin embargo, Japón ha declarado que no quiere la carne, por lo que ésta se encuentra almacenada en congeladores de pescado.

Se expidieron permisos para que se mataran de forma comercial a nueve ballenas de aleta y 30 ballenas minke. Después de capturar a la séptima ballena de aleta, los balleneros de Islandia dijeron que ya no cazarían más ballenas este año, citando como razón el mal clima.

Las ballenas de aleta están enlistadas como “en peligro” por la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), y son superados en tamaño únicamente por la ballena azul –que alcanza una longitud de 18 a 22 metros en promedio y pesos de 30-80 toneladas. Fueron cazadas en gran número por los balleneros del pasado, y actualmente se desconocen las cifras oficiales de su población.

En 1986, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) implementó una moratoria global sobre la cacería comercial de ballenas. El comercio internacional de carne de ballena está prohibido bajo reglamentos establecidos por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la ONU (la CITES, por sus siglas en inglés). Las ballenas de aleta no residen en las aguas de Islandia, únicamente las visitan durante los meses del verano.

Madrid, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- La Autoridad Nacional Designada (AND) para los Mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto, en su octava reunión, ha otorgado informe positivo de participación voluntaria de España en 14 nuevos proyectos, que generarán 78.792.702 toneladas de Reducciones Certificadas de Emisiones durante el primer periodo de compromiso del Protocolo, que finaliza en 2012.

Con estos 14 informes positivos de participación voluntaria suman ya 43 las cartas de aprobación emitidas por la Autoridad Nacional Designada española, cuya octava reunión ha estado presidida por el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, con la presencia de Teresa Ribera, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.

El número total de potenciales Reducciones Certificadas de Emisiones a los que la AND de España ha concedido su aprobación en sus reuniones anteriores asciende a 16.543.816 toneladas para el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Hasta la fecha, la AND había concedido el informe de participación voluntaria a 29 proyectos, 18 de ellos presentados por empresas españolas y el resto procedentes de los distintos fondos de carbono en los que participa España.

El 52% de estos proyectos está localizado en el área de Latinoamérica y el Caribe, el 38% en Asia y el 10% restante se distribuye entre Europa del Este y África. La mayoría son proyectos de generación de energías renovables para suministrar a la red eléctrica del país en el que se instalan. A este tipo de proyectos corresponde el 66% de los aprobados por la AND, es decir, 19 proyectos, 10 de ellos dedicados a la generación de energía eólica y los otros 9 a la generación de energía hidráulica.

El resto se distribuyen de la siguiente manera: un 10% a proyectos de sumideros, un 7% de recuperación de gas de vertedero, el 7% de hidrofluorocarburos (HFCs), otro 7% de sustitución de combustibles en la generación de energía y un 3% a otro tipo de proyectos.

Entre los proyectos recién aprobados por la AND se encuentran 5 hidroeléctricas en China gestionadas por Endesa, un proyecto eólico en china también gestionado por Endesa, dos proyectos de biomasa en Uruguay y Argentina gestionados por Cementos Molins y Corporación Uniland. Igualmente, un proyecto de descomposición de HFC23 en China, gestionado por Mitsubishi España; un proyecto Hidroeléctrico y otro de captura de gases residuales en Chile, y un proyecto eólico en México.

Madrid, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- En una carta dirigida al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Partido Popular (PP), la organización internacional de conservación marina Oceana demandó una respuesta a las recientes propuestas de incrementar las capturas de tiburón por parte de representantes de ambos partidos en el Parlamento Europeo, y les pidió propuestas para establecer sistemas de gestión para estos animales tan importantes.

Los tiburones son criaturas extremadamente vulnerables a pesar de esa fiera imagen que se les ha dado en los medios, y sus poblaciones no pueden resistir la increíble presión a la que están sometidas, tanto como especie objetivo de las redes, como por capturas accidentales. Sus poblaciones están sufriendo un declive grave y extenso por todo el mundo. Por ejemplo, en el noroeste del Atlántico, la población de tiburón azul (Prionace glauca) ha descendido en un 60%. En aguas europeas esta especie, antaño la más frecuente, ha sido ahora propuesta por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para su inclusión como “vulnerable” a la extinción.

En la carta, Oceana explicó a los más altos mandatarios del PSOE y del PP, tanto en los partidos, como en las instituciones europeas, el papel tan importante que está jugando España en el declive de las poblaciones de tiburones en todo el mundo.

La participación de su flota pesquera en la captura y comercio internacional de productos de tiburón (carne, aletas, hígado, o mandíbulas) es superior a la de cualquier otra nación europea. La captura de tiburón por parte de España ha aumentado unas nueve veces desde los años 90, mientras que la de otros países de la Unión Europea ha descendido.

En 2003 España fue el líder mundial en importación de productos de tiburón, acaparando el 15% de este comercio, además de ser el segundo mayor exportador y el cuarto con mayor volumen de capturas. En 2004 España copó el 45% del total de capturas de tiburones de la Unión Europea, con 51.071 toneladas.

A pesar de que la comunidad internacional ha reconocido la grave problemática generada por el mercado de de aletas de tiburón, el pasado septiembre algunos eurodiputados, miembros del PSOE y del PP, y liderados por la eurodiputada socialista Rosa Miquélez y la popular Carmen Fraga, presentaron una propuesta en común al Parlamento Europeo para debilitar la prohibición de comerciar con las aletas de tiburón y para que así se permitiera una captura de tiburones azules superior a la recomendada por estudios científicos.

“Estamos contentos de que el Parlamento Europeo basara su decisión en datos científicos sólidos y que rechazara la propuesta de las eurodiputadas españolas con una aplastante mayoría, pero todavía no podemos comprender por qué se llegó a presentar dicha propuesta inicialmente”, dijo Xavier Pastor, Director de Oceana en Europa. “Este propuesta contradice por completo las iniciativas que sobre este mismo tema se han tomado en el resto del mundo”.

Además, Oceana les recordó a los partidos que España no ha cumplido con sus compromisos internacionales de establecer planes de gestión para los tiburones y les exigió que expliquen su política y sus planes para combatir el problema global del declive de las poblaciones de tiburones.

Madrid, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- Mallorca aprobó una moción que la declara libre de transgénicos. El pleno del Consell añadió así la Isla de Mallorca a las regiones españolas ya declaradas libres de transgénicos, en particular la Isla de Menorca y las 172 regiones europeas que, de una forma u otra, prohíben o restringen la presencia de transgénicos en su territorio.

Desde hace un año, la organización Amigos de la Tierra viene liderando la Plataforma Mallorca Libre de Transgénicos, formada por 11 entidades cívicas. El trabajo realizado por dicha Plataforma ha sido decisivo para que el Consell de este paso.

Según Sandy Hemingway, presidenta de Amigos de la Tierra y coordinadora del grupo local en Mallorca, “La declaración de Mallorca libre de transgénicos es un paso importante para frenar estos cultivos en la Isla y para asegurar el futuro de una agricultura de calidad. Es el momento de reiterar nuestro llamamiento para que las Islas Baleares sean declaradas libres de transgénicos.”

El Consell de Mallorca considera que esta decisión está plenamente justificada tanto en el contexto europeo como nacional. La Unión Europea permite en la actualidad el cultivo de maíz modificado genéticamente y podría dar pronto su visto bueno a la siembra de otros organismos modificados genéticamente. Precisamente en estos días se está debatiendo la autorización de una patata transgénica para su cultivo comercial, lo que significaría un grave riesgo de contaminación de las patatas no transgénicas, tal y como está ocurriendo con el maíz.

En cuanto a España, es el único país de la Unión Europea en permitir el empleo de variedades modificadas genéticamente a gran escala, cuando otros países del entorno optan por imponer prohibiciones nacionales sobre este tipo de semillas.

Los ecologistas consideran además que las condiciones en las que se realiza el cultivo de maíz transgénico en el país son pésimas: contaminación cotidiana de cultivos y alimentos convencionales y ecológicos; falta de información y transparencia, en particular a los agricultores y consumidores; desinterés total por parte de los poderes públicos en detectar y prevenir los efectos negativos de estos cultivos, entre ellos los impactos sobre el suelo, la biodiversidad y la salud humana; y el incumplimiento fragrante de la normativa europea en materia de etiquetado.

En este sentido, la única forma para las regiones o municipios de preservar su agricultura y su entorno frente a los riesgos de estos cultivos es declararse zona libre de transgénicos.

Málaga, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Agricultura Ecológica, y la Asociación para el Fomento de la Agroecología Mediterránea (Al Munia), inauguraron en Vélez Málaga el primer mercado de productores ecológicos de Andalucía.

“La Huerta”, el proyecto concebido como un espacio de comercialización directa de alimentos procedentes de agricultura ecológica, cuenta con la participación de un total de doce grupos de productores ecológicos de diferentes puntos de Andalucía, que se encargarán de vender los productos cultivados o transformados por ellos mismos, tales como frutas y hortalizas, conservas, aceite de oliva virgen extra, pan, embutidos, quesos, entre otros.

En la zona dispuesta para el mercado, ubicada en el Paseo de Andalucía, se habilitará asimismo una carpa informativa sobre agricultura ecológica y se desarrollarán un conjunto de actividades paralelas, como talleres, charlas o degustaciones de productos ecológicos. De igual manera, la organización ha previsto la puesta en marcha de una serie de propuestas dinámicas dirigidas a diferentes colectivos.

El mercado La Huerta, que nace con la aspiración de celebrarse con una periodicidad semanal, tiene como principal objetivo fomentar el consumo de alimentos obtenidos a través de este sistema agrario que produce alimentos sanos, respeta el medio ambiente y fomenta la biodiversidad, permitiendo así el desarrollo rural y utilizando recursos naturales para la obtención de alimentos de máxima calidad con alto valor nutritivo. La relación directa que se establece entre productor y consumidor redunda en dos beneficios: mejor precio y mayor confianza.

La puesta en marcha del mercado La Huerta, que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vélez y con la asociación de productores ecológicos, se enmarca en el apoyo institucional del Gobierno andaluz al sector que, a través del Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2002-2006), próximo a renovarse, y que recibió el pasado año más de 16,7 millones de euros.

Madrid, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- La organización ecologista Greenpeace denunció la desidia de la Justicia y la Administración española en perseguir la importación de productos forestales procedentes de la tala ilegal, que contrasta con el reconocimiento reciente por parte de la Comisión Europea de haber cometido una infracción de su propia legislación.

El pasado día 1 de diciembre las autoridades europeas reconocieron que en la rehabilitación del edificio Berlaymont, sede del Ejecutivo comunitario, se utilizó madera ilegal procedente de Indonesia en el revestimiento del suelo del décimotercer piso, donde se encuentra el despacho de José Manuel Durao Barroso, tal y como denunció la organización ecologista Greenpeace en 2004.

Aunque, según las autoridades europeas de Bruselas se aplican en sus contratos una "estricta" reglamentación que exige a los proveedores garantizar que la madera usada no procede de bosques donde la tala es ilegal, el contratante encargado de proporcionar este material reconoció su infracción y fue multado por ello a pagar 750 euros, dado que la madera era ya imposible de retirar.

"Pese a lo simbólico de la multa, es la primera vez que la Administración europea reconoce que el mercado de productos forestales y la contratación pública son, a su vez, parte del problema y parte de la solución", declaró Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace. "Ahora hace falta que la justicia española y el Ministerio de Medio Ambiente se tomen en serio este problema".

En octubre de 2005, Greenpeace denunció ante la Fiscalía de Madrid que las obras de ampliación del Museo Reina Sofía habían producido un grave impacto ambiental en la Amazonia brasileña, hechos susceptibles de constituir un delito ambiental recogido en el código penal español. Greenpeace expuso con una acción directa que la procedencia de la madera de jatoba utilizada en el Museo Reina Sofía en las salas de exposiciones, auditorio, biblioteca y oficinas, así como paredes y falsos techos, procede de empresas brasileñas con un amplio historial delictivo y multadas por las autoridades brasileñas por talar, transportar y procesar madera incumpliendo la ley.

Pese a la amplia documentación aportada por Greenpeace y la mención a los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno español, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra comunicó en marzo de 2006 el archivo de las actuaciones, calificando la actitud de los implicados como "imprudente". Según el texto de la Fiscalía, los tribunales españoles carecen de jurisdicción para el encausar conductas de tala ilegal practicada por ciudadanos de nacionalidad brasileña.

En una situación similar, en febrero de 2006 el Grup Balear de Ornitología (GOB) y Greenpeace denunciaron ante la fiscalía de medio ambiente de Baleares que en las obras de modernización de los accesos al Parque Natural de La Albufera de Mallorca se incluyó entre los materiales madera de Ipé, madera procedente de la Amazonia, vendida en Brasil por una empresa maderera del Estado de Pará multada cuatro veces en el periodo 2002-2004 por extracción, transporte y procesamiento de madera fuera de la ley.

La madera de ipé llegó a España en julio de 2005, un año después de que la empresa maderera fuera encontrada culpable de talas ilegales y 7 meses después de que el plan de manejo fuera suspendido por la falsedad de los títulos de tierras. Con estos antecedentes es fácil era fácil adivinar que la madera no procedía de la legalidad. Pero, nuevamente, en septiembre de 2006 el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente de las Islas Baleares archivó la denuncia al no quedar acreditado, según la Fiscalía, la existencia de infracción penal.

Las cosas podrían cambiar a mejor si se aplicara la nueva Ley de Montes, que en su reciente modificación ha incluido un artículo sobre compra responsable de productos forestales en la que insta a las Administraciones públicas a evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales mediante procedimientos de contratación pública que tengan en cuenta criterios ambientales.

Pero una reciente investigación de Greenpeace sobre la presencia en el mercado español de productos papeleros procedentes de la tala ilegal de los bosques de Indonesia ha revelado que papeles fabricados por la empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP) está siendo importados y distribuidos en España. APP acumula acusaciones de devastación medioambiental, constantes abusos contra las comunidades que habitan sus zonas de explotación, desprecio a la legislación y sobornos y presiones a funcionarios del Gobierno.

Pese a este curriculum, Greenpeace ha encontrado que Administraciones públicas de todo el Estado español, en Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura y País Vasco, utilizan como contratista habitual a las empresas distribuidoras del papel de APP. Más aún, Greenpeace ha encontrado papel de APP en las oficinas de la Consejería de Justicia en Granada. "Con el dinero de los ciudadanos se compran productos y se contratan empresas que hacen más inhabitable el planeta, y esto es legal" ha declarado Soto.

Málaga 13/12/2006 (Ecoestrategia).- Hace unos días Naciones Unidas otorgo el galardón de “Good Practices” al Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), ahora es la propia Comisión Europea la que distingue los trabajos realizados desde 2000 por URB-AL -OMAU. La Unión Europea (UE) señala que el proyecto de Málaga ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población, a través de una cooperación duradera entre ciudades Europeas y Latinoamericanas.

El Documento de la Comisión Europea enfatiza que el Impacto del programa se ha desarrollado a través de 10 proyectos comunes de intercambios de experiencia, formación e investigación, sobre reducción de ruidos, gestión de residuos y recursos ambientales y recuperación de áreas degradadas.

Además, teniendo en consideración el conocimiento adquirido, ha materializado 2 proyectos de inversión en equipamiento: un proyecto piloto para un sistema sostenible de gestión de residuos para Islas Oceánicas en San Andrés, en el Caribe; y un Observatorio de Medio Ambiente Urbano en Málaga, construido para continuar el trabajo de la red tras la finalización del programa.

El programa URB-AL cofinanciado por la UE, pone en contacto casi 2000 ciudades y regiones de Europa y Latinoamérica, integradas en 13 redes temáticas, cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones compartidas para mejorar la calidad de vida en las áreas urbanas.

Madrid 13/12/2006 (Ecoestrategia).- WWF/Adena ha interpuesto una queja ante la Comisión Europea a causa de 45 recalificaciones urbanísticas en Castilla y León que se han llevado a cabo sin evaluación ambiental y en zonas de alto valor ecológico. La organización denuncia que en estos casos se han infringido tres Directivas Comunitarias por lo que exige que se cumpla la normativa ambiental a la hora de levantar nuevas construcciones en nuestro país.

WWF/Adena ha presentado el pasado 5 de diciembre una queja ante la Comisión Europea y su Dirección General de Medio Ambiente tras haberse descubierto 45 recalificaciones urbanísticas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sin evaluación ambiental de la modificación de uso del suelo, que afectan a Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Lugares de Interés Comunitario (LIC).

WWF/Adena denuncia esta política de hechos consumados que pretende la transformación del paisaje rural sin respetar en ningún caso las normas ambientales, por lo que se alega la infracción de tres Directivas comunitarias, la de Impacto Ambiental, Hábitats y Aves.

Otra de las razones a la hora de interponer la queja es la infracción de las normas urbanísticas que exigen que las nuevas construcciones se realicen en los núcleos existentes previamente, para rentabilizar de esta forma las inversiones públicas y mantener la estructura territorial y demográfica, y no en zonas de alto valor ecológico con naturaleza bien conservada. Cabe recordar que la organización defiende un modelo de desarrollo sostenible en el que la protección del medio ambiente se convierte en una limitación al urbanismo y una garantía del ciudadano frente a este.

Los municipios denunciados por WWF/Adena están ubicados de la siguiente forma: 22 en Ávila; 4 en Segovia; 3 en Burgos; 2 en León y Palencia; y uno en Soria. Los LIC y ZEPA afectados por estas urbanizaciones ascienden a quince y entre las especies afectadas se encuentran algunas importancia capital como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti); el buitre negro (Aegypius monachus) y la cigüeña negra (Ciconia nigra).

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena: “Con esta queja queremos llamar la atención sobre el proceso de transformación paisajística que está viviendo España en la actualidad, así como sobre sus consecuencias inmediatas, negativas y graves para el medio natural y, por ende, para la ciudadanía”.

Madrid 13/12/2006 (Ecoestrategia).- El Grupo de Trabajo Cambio Climático Genera Pobreza presentó la "Guía Básica sobre Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo" en las jornadas sobre Cambio Climático y Lucha contra la Pobreza que se celebran el 12 y 13 de diciembre en La Casa Encendida de Madrid. La Guía alerta de que el cambio climático es ya un problema del presente y está intimamente relacionado con la generación de pobreza.

Los impactos del cambio climático varían según las distintas regiones geográficas. Sus efectos negativos golpearán más duramente a los países en desarrollo por sus condiciones geográficas y climáticas, su elevada dependencia de los recursos naturales y su limitada capacidad para adaptarse al cambio climático.

"Las políticas y los planes vinculados con el desarrollo deben tener en cuenta el estrecho vínculo existente entre la pobreza y el cambio climático, y considerar este último en su diseño e implantación, de manera que se reduzca la vulnerabilidad a este fenómeno, se minimicen los impactos negativos en el sistema climático, y se potencien las actuaciones directas de adaptación y/o mitigación", destaca el Grupo de Trabajo del informe presentado.

En el África subsahariana, la región más afectada por el hambre y la malnutrición, la agricultura que es especialmente sensible a las variaciones del clima, representa un 40% del total de las exportaciones y genera entre el 70 y el 90 % del empleo. Para el 2100, Chad, Níger y Zambia podrían perder casi la totalidad de su sector agrícola.

Naciones Unidas estima que el 60% de los movimientos migratorios actuales están causados por el cambio climático y los desastres de origen natural, como sequías e inundaciones.

De los 1,3 billones de personas en el mundo que viven por debajo del umbral de la pobreza, un 70% son mujeres. Su elevada dependencia de la agricultura, de los recursos forestales y pesqueros y de la biomasa como fuente de energía, las convierte en un sector especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático.

En la mayoría de los estudios de modelos predictivos, se llega a la conclusión de que habría un aumento neto de la gama geográfica de transmisión posible de paludismo y dengue, cada una de las cuales amenaza en la actualidad entre el 40 y el 50% de la población del mundo.

La contaminación del aire en lugares cerrados que provocan estos tipos de combustibles causa más de 1,6 millones de muertes al año, principalmente entre las mujeres y niños.

Los científicos alertan de que la Tierra va a entrar en el sexto mayor evento de extinción de su historia, el primero provocado por la actividad humana. El 44% de la población mundial depende directamente del trabajo en los ecosistemas a través de la agricultura, la pesca y la selvicultura.

Una tercera parte de la población del mundo, 1.700 millones de personas, viven en la actualidad en países sometidos a tensiones de escasez de agua. Se prevé que este número aumente aproximadamente a 5.000 millones en el año 2025. El cambio climático previsto pudiera hacer que disminuya aún más el flujo de corrientes y la recarga de aguas subterráneas en muchos de estos países que sufren escasez de agua, por ejemplo en Asia Central, África Meridional y países limítrofes al Mediterráneo.

Madrid 13/12/2006 (Ecoestrategia).- Tragamóvil, Ecoasimelec y Ecofimática, las tres Fundaciones medioambientales de Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), han obtenido la autorización de la Xunta de Galicia para comenzar de manera oficial su actividad como Sistemas Integrados de Gestión de residuos (SIG) dentro del sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en esta Comunidad Autónoma.

El Gobierno gallego autoriza a las tres fundaciones para gestionar la recogida y reciclaje de los residuos generados por los aparatos eléctricos y electrónicos en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Galicia se une a Andalucía, Canarias, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta, lugares donde las Fundaciones medioambientales de ASIMELEC ya cuentan con el reconocimiento oficial para gestionar dichos residuos. De esta manera los SIG’s de ASIMELEC refuerzan su papel de referencia dentro del sector TIC español.

Hasta la fecha los tres SIG’s de ASIMELEC han gestionado más de 4,5 millones de residuos tecnológicos, impidiendo que su destino fueran vertederos o lugares inapropiados, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de recogida selectiva, valorización y reciclado conforme a lo establecido por el Real Decreto 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos, que entró en vigor el pasado 13 de agosto de 2005 y que ha establecido la obligatoriedad de su recogida selectiva para asegurar un tratamiento medioambientalmente adecuado de sus componentes potencialmente peligrosos y fomentar el reciclado de materias primas.

Esta normativa afronta la creciente importancia de los residuos de naturaleza tecnológica que son generados por los ciudadanos. Se estima que cada ciudadano de la Unión Europea genera anualmente 14 kilos de “basura tecnológica”.