RESUMEN IBEROAMERICANO
 
EMPRESAS COLOMBIANAS RECIBIERON CERTIFICACIÓN ‘FLORVERDE’
 
 
 
LAS ISLAS GALÁPAGOS: UN SINUOSO CAMINO PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
 
   

EMPRESAS COLOMBIANAS RECIBIERON CERTIFICACIÓN ‘FLORVERDE’

 

Bogotá, (Red de Desarrollo Sostenible).- Nueve empresas floricultoras de Colombia, recibieron en el mes de agosto la certificación ‘Florverde’ que otorga la Sociedad General de Supervisión y Certificación (SGS, por sus siglas en inglés), como reconocimiento al trabajo que adelantan para contribuir con la protección del medio ambiente y con el mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabajadores.

Las empresas -afiliadas a la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores)-, que recibieon el reconocimiento son La Valvanera Ltda., CI Rosas Colombianas S.A., Industrias Agrícolas Megaflor, Flores Jaivaná Ltda., CI Agrícola Cunday S.A., The Elite Flower Ltda. CI, Flores de Bojacá Ltda., Flores Las Acacias Ltda. y Mountain Roses Ltda.

Para otorgar estas certificaciones la SGS –que es una de las mayores organizaciones mundiales en inspección, análisis y certificación de cultivos de flores- tuvo en cuenta el cumplimiento de requisitos en aspectos relacionados con las buenas prácticas empresariales en gestión humana, salud ocupacional y bienestar laboral.

Además, el organismo evaluó las prácticas agrícolas de las nueve empresas, incluyendo el manejo adecuado del agua y del suelo, así como la reducción en el uso de agroquímicos y el manejo responsable de residuos químicos, entre otros factores, que influyen en la protección del medio ambiente.

Con esta nueva certificación, aumenta a 33 el número de empresas colombianas certificadas por la SGS. Actualmente, otras 114 empresas adelantan el proceso para alcanzar, en los próximos meses, el reconocimiento otorgado por este organismo, “que las hará más competitivas y más reconocidas en el ámbito internacional por la calidad de sus productos”, aseguró Asocolflores.

 

 
 

PALAS MECÁNICAS AMENAZAN ÁREA PROTEGIDA EN EL NORTE DE ARGENTINA

 

Salta, Argentina (IPS).- Agazapadas, las palas mecánicas amenazan el bosque nativo en la norteña provincia argentina de Salta, hábitat de muchas especies y hogar de campesinos e indígenas. Las máquinas levantan el suelo como una alfombra, y todo se quema para convertir la selva en tierra de cultivo.

“Si vienen aquí no tendremos más animales”, dijo a Tierramérica Donato, de la etnia indígena wichí eben ezer, miembro de una de las 25 familias que habitan la ex reserva natural de General Pizarro.

La reserva de 25 mil hectáreas en el departamento de Anta, perdió ese carácter este año cuando el gobierno decidió incorporarla a actividades agrícolas y la adjudicó en una subasta a la mejor oferta económica.

Había sido establecida en 1995 para proteger especies arbóreas como el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), el quebracho colorado (Schinopsis quebracho-colorado), el palo amarillo (Aloysia gratísima) y el urundel (Astronium urundeuva).

Entre las especies animales vulnerables de la reserva se encuentran el loro hablador (Amazona aestiva); dos variedades de armadillo, el tatú carreta (Priodontes maximus) y el quirquincho (Tolypeutes mataco); el yaguareté o jaguar (Panthera onca), el mono caí (Cebus apella), el oso melero (Tamandua tetradactila) y el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el roedor más grande de América del Sur.

Ahora, esas especies vuelven a estar en peligro por las tractores y las palas mecánicas (llamadas aquí topadoras), que arrasan con el monte aledaño a la reserva y se aproximan a su núcleo.

Noemí Cruz, de la Administración de Parques Nacionales en Salta, dijo a Tierramérica que las máquinas ya hicieron incursiones en la reserva.

La tala en lo que fue territorio protegido está de momento detenida por recursos de amparo interpuestos contra la venta de las tierras. Las operaciones no pueden comenzar mientras los tribunales no emitan un fallo.

“Las empresas (que compraron las tierras) se excusaron diciendo que fue un error de los trabajadores”, dijo Cruz, preocupada porque la Administración de Parques resta apoyo a las acciones de la organización ecologista Greenpeace Argentina.

En las últimas semanas, activistas de Greenpeace en motocicletas y disfrazados de jaguares obstaculizaron el trabajo de las máquinas. "Cuando nos veían, los conductores se bajaban de las topadoras y nos pedían información”, dijo a Tierramérica Emiliano Ezcurra, de la campaña de biodiversidad de la organización.

El daño que causan lo conocen los conductores mejor que nadie. La pala levanta el suelo y amontona lo que arranca a un costado. Entonces, el trabajador enciende las matas y trozos de árboles y observa como huyen los animales, a veces en llamas. Algunos, desorientados en la fuga, se estrellan contra los tractores.

Dentro de la reserva se encuentra la aldea de Pizarro, de tres mil habitantes. Además de la minoría wichí, cazadora y recolectora, el resto de la comunidad está conformado por campesinos que viven en armonía con el bosque.

El gobierno de Salta arguye que la reserva “está degradada” y que utilizará los recursos de la venta para mejorar carreteras.

Los legisladores provinciales aprobaron la medida y en junio comenzó la subasta. Las tierras se dividieron en lotes de dos mil hectáreas, y se reservaron otras dos mil para los “intrusos”. Pero Sandra Caziani, bióloga y profesora de agroecología de la Universidad Nacional de Salta, considera “inadmisible” la opción del gobierno.

“En toda área protegida hay un nivel de degradación”, y la responsabilidad por esa negligencia es de las mismas autoridades, dijo a Tierramérica. El mayor costo de la venta de tierras se verá cuando pase el auge de la soja, el cultivo más lucrativo.

 

 
 

COLOMBIA INVERTIRÁ 10 MILLONES DE DÓLARES PARA PROTEGER ECOSISTEMAS

 

Bogotá, (IPS).- Colombia tiene garantizada una inversión de más de 10 millones de dólares para los próximos 12 años en proyectos de conservación de cinco ecosistemas estratégicos ricos en bosques, biodiversidad y aguas, que será financiada mediante canje de deuda externa con Estados Unidos.

El gobierno colombiano se comprometió a invertir en conservación esa suma, que se descontará de su deuda con Washington (unos 38 mil 266 millones de dólares a diciembre de 2003) es decir, cerca de la mitad del producto interno bruto del país.

Colombia es el séptimo país que realiza un acuerdo en el marco del programa de "canje de deuda por naturaleza", luego de Bangladesh, Belice, Salvador, Perú, Filipinas y Panamá.

El acuerdo fue firmado en abril con participación de los grupos ambientalistas Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Conservación Internacional (CI) y The Nature Conservancy (TNC), que aportarán al fondo 1,4 millones de dólares.

Dorely Estepa, de la filial colombiana de CI, dijo a Tierramérica que el papel de las tres organizaciones en este proceso es apoyar a las entidades gubernamentales ambientales en “la determinación de objetivos precisos para que sea posible desarrollar proyectos realistas".

El fondo prevé financiar el establecimiento de nuevas áreas protegidas, públicas y privadas; la restauración y mantenimiento de áreas protegidas existentes y el desarrollo e implementación de un sistema de manejo de recursos naturales, explicó María Ximena Galeano, del WWF.

También se invertirá en programas de formación para mejorar las capacidades y habilidades científicas, técnicas y de manejo de los individuos y organizaciones involucrados en iniciativas de conservación, apuntó la ambientalista.

Una de las áreas que se beneficiarán con el acuerdo es el Corredor Caribe, al norte, que comprende los parques (reservas) nacionales naturales del Tayrona, la isla de Salamanca, la sierra Nevada de Santa Marta y el Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande, declarados reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La zona del Parque Natural Isla de Salamanca debe ser restaurada para revivir los manglares que fueron destruidos a fines de los años 60 por la construcción de un tramo de la carretera Troncal del Caribe. Eso cortó el intercambio entre agua salada del mar y agua dulce de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Según el WWF, esa zona presenta muchos elementos únicos de biodiversidad, incluyendo un sinnúmero de especies endémicas, además de animales que requieren grandes extensiones de hábitat natural para sobrevivir, como el oso andino, frontino o de anteojos (Tremarctos ornatus) y la danta de montaña (Tapirus pinchaque).

También se invertirá en el Corredor de Conservación de Sumapaz-Tinigua, en el centro del país, que posee características propias de la diversidad amazónica y andina, incluyendo especies de aves frugívoras y colibríes (familia Troquílidos, orden Apodiformes) que realizan migraciones en estas laderas.

Las áreas beneficiadas por el canje de deuda fueron seleccionadas por el gobierno colombiano y las ONG según su importancia biológica y socioeconómica, su vulnerabilidad a la pérdida de biodiversidad; la capacidad institucional y de gestión de recursos de las agencias de gobierno, comunidades locales y otras organizaciones de esas zonas, y prioridades en términos de financiación actual y potencial.

 

 
 

LAS ISLAS GALÁPAGOS: UN SINUOSO CAMINO PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

 

Puerto Ayora, Islas Galápagos, Ecuador, (Prensa Verde).- Un panorama incierto sobre el futuro de las Islas Galápagos, y sobre la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres, es el marco de una polémica decisión de la Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM) de este prodigioso laboratorio científico natural, que autorizó a 980 pescadores artesanales durante 60 días a extraer 4 millones de pepinos de mar, un recurso considerado clave para el equilibrio ecológico de este archipiélago declarado por la UNESCO "Patrimonio de la Humanidad" en 1979.

Cuando en 1999 el Ministerio del Ambiente reguló la captura de holoturias e inició un plan piloto para realizar una explotación racional del apetecido recurso marino, pocos imaginaron las dimensiones del conflicto que estaba en ciernes. Menos aún, las connotaciones que tendría para quienes de manera directa o indirecta protagonizan el quehacer ambiental en las islas: la comunidad científica, los pobladores, las organizaciones ambientalistas, los pescadores, los empresarios turísticos, y las propias autoridades de este archipiélago ubicado a 1.000 kilómetros al oeste del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico.

La medida adoptada parece cerrar otro capítulo de una acalorada polémica de larga data con relación a las holoturias, una especie cuya finalidad es reciclar nutrientes y oxigenar el fondo marino. En ella están enfrascadas principalmente las entidades ambientalistas, las cooperativas de pescadores artesanales, y el propio Gobierno ecuatoriano –situado al medio en el complejo papel de árbitro del litigio-.

La conservación en juego

El conflictivo tema, sobre el cual ya resultan inocultables ante la opinión pública los poderosos intereses políticos y económicos que lo motivan, ha mostrado en los últimos meses varias facetas: desde declaraciones altisonantes de los portavoces de los pescadores, y la adopción de medidas de hecho en varios lugares del archipiélago, hasta comentarios de prensa, declaraciones y análisis de expertos sobre un asunto en el que gravita nada más ni nada menos que la conservación del Parque Nacional Galápagos (PNG) y su Reserva Marina (RMG) de unos 144.000 kilómetros cuadrados, y el propio desarrollo sostenible de las llamadas “islas encantadas".

El ministro del Ambiente, Fabián Valdivieso, un talentoso diplomático de carrera y reconocido como un habilidoso negociador, admitió que "la decisión de la AIM puede contener errores, pero sucede que se debe ceder para pedir algo a cambio (...) Permitir la pesca de pepinos con las regulaciones acordadas puede no ser lo más acertado desde el punto de vista técnico, pero resulta imposible no dar una alternativa económica a los pescadores artesanales".

El alto funcionario justificó así la autorización de permitir el faenamiento de los equinodermos en la isla Fernandina, donde se había negado inicialmente debido a que es un importante semillero de la especie, y en la actualidad allí su densidad es baja. De igual manera, el aceptar la pesca de individuos de una longitud de 20 cms en fresco, o de 7 centímetros en salmuera –cocinado en agua y sal-, pues a juicio de los ambientalistas "esto dará paso a que se extraigan pepinos sin alcanzar su madurez y sin que se haya cumplido su ciclo reproductivo"

Según los expertos, "las productivas aguas costeras de las Galápagos contienen toda la cadena alimenticia –llamada cadena trófica-, que se extiende desde el plancton, pasando por organismos como el pepino de mar y los erizos, hasta los tiburones y las ballenas, además de aves terrestres, plantas e insectos (...) Cada uno depende del otro: el lobo de mar, por ejemplo, consume peces, lo mismo ocurre con aves marinas como la fragata o los piqueros. Todos cumplen una función específica".

Opiniones irreconciliables

Pero en el contexto descrito, los involucrados esgrimen sus argumentos. El Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), que agrupa a varias decenas de instituciones ecuatorianas que trabajan por la conservación de los ecosistemas, advierte que "a inicios de este año varios estudios -en los que participaron de manera conjunta las cooperativas de pescadores y las ONGs ambientalistas-, determinaron la imposibilidad de pescar más allá de 450.000 pepinos, ante la baja densidad poblacional del recurso".

Otra objeción a la extracción está relacionada con el parámetro denominado "Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE), que mide la abundancia de pepinos y se expresa en los kilogramos de holoturias que un buzo puede recolectar en una hora de pesca. Según la Fundación Charles Darwin, el CPUE ha disminuido drásticamente desde 1999. En dicho año, un pescador capturaba en promedio 57 kilogramos, pero luego de cinco años de extracción intensiva es de 26 kilogramos, esto es, existe una reducción del 54.4%.

"Se ha adoptado una decisión política, no basada en evaluaciones científicas, a fin de evitar que se generen conflictos. No nos oponemos a una vida digna de los pescadores, pero ellos mismos se van a ver afectados. La situación es muy complicada. Son los intereses de unos pocos contra los intereses de la humanidad", señaló por su parte Xavier Bustamante, Director Ejecutivo de la Fundación Natura.

La otra cara de la moneda son las apreciaciones de los dirigentes de los pescadores artesanales. Rogelio Guaycha, presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras del Archipiélago, y quien por cierto es parlamentario alterno en el Congreso Nacional del Ecuador, junto con otros dirigentes sostiene que "no tenemos argumentos técnicos y científicos para refutar los estudios de los conservacionistas, pero cada año les demostramos que están equivocados con las capturas que logramos en las islas".

Y recalca en tono de inconformidad: "La AIM no nos ha favorecido con los parámetros y limitaciones establecidas en volúmenes y sitios de pesca, porque el sector pesquero está consciente de que las holoturias no están en peligro de extinción en las islas".

Se trata de un señalamiento con el que Guaycha -que ha dado una dura batalla legal en "defensa de los intereses del sector"-, justifica lo que seguirá siendo una exigencia indeclinable en el corto y mediano plazo: la extracción ilimitada y sin restricciones del pepino de mar en las aguas de las islas Galápagos.

De hecho está por verse que ocurrirá durante los años 2005 y 2006, en los cuales la AIM decretó unas veda, la cual solo podría levantarse dependiendo del estado del recurso y de estudios participativos de la población, a los cuales no parecen ser muy afectos los gremios pesqueros de la provincia insular.
Las cifras del negocio

Para un observador desprevenido, las cifras que se manejan en la comercialización de los pepinos de mar no le resultarán despreciables. Según Marco Escarabay, pescador de la isla San Cristóbal, "este año esperamos utilidades de al menos 10 millones de dólares".

La demanda sigue siendo muy alta especialmente en los países asiáticos, Corea, Singapur y Taiwán, entre otros, donde el kilogramo llega a cotizarse hasta en 150 dólares. En las islas se cotiza entre los 25 y los 50 dólares, lo que no deja duda de que se está frente a un negocio altamente lucrativo.

Lo que viene

A juzgar por las opiniones de quienes de manera directa o indirecta tienen que ver con la conservación de las Islas Galápagos, un exótico archipiélago conformado por 19 islas grandes, 27 islotes y 50 ó más peñascos o rocas, los desafíos para su conservación y el desarrollo sostenible son enormes. Una muestra de ello es la conflictiva situación de la pesca de los pepinos de mar, algo aun lejano de resolverse.

La responsabilidad más grande, sin duda, la tiene la Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM), que debe legitimar su rol e insistir en la búsqueda de opciones económicas interesantes para los pescadores. A la vez, incentivar la educación y la comunicación sobre los riesgos que se insinúan no solo con relación con las holoturias, sino con otras amenazas sobre las islas, como son la pesca ilegal de tiburón para extraer sus aletas, el alto crecimiento demográfico –6.4% anual-, y la sobrecarga turística.

Tareas no menos apremiantes en la búsqueda del desarrollo sostenible le caben al estatal Parque Nacional Galápagos (PNG), que debe manejar y administrar el 97% de la superficie terrestre de las islas y la RMG, y al conjunto de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales que conforman la llamada "Alianza por Galápagos".

Todas tienen ahora por delante tareas claves en materia de investigaciones, capacitación, asesoría técnica y educación ambiental. Pero el camino luce sinuoso y será una labor de largo aliento.