RESUMEN IBEROAMERICANO
 
PAÍSES ANDINOS CHOCAN CON WASHINGTON POR PATENTES
 
 
 
 
 
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PAÍSES ANDINOS CHOCAN CON WASHINGTON POR PATENTES

 

Bogotá, 17/11/2004. (Por Constanza Vieira*).- Negociadores de Colombia, Ecuador y Perú del Tratado de Libre Comercio (TLC) rechazaron propuesta de Estados Unidos de patentar plantas y animales. El tema se abordará en la sexta ronda prevista del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la ciudad estadounidense de Tucson.

El acceso a los recursos genéticos en la región andina, que alberga la cuarta parte de la biodiversidad del planeta, es un punto de discordia en el tratado de libre comercio que Estados Unidos negocia desde mayo con Colombia, Ecuador y Perú.

La propuesta estadounidense establece acceso libre para patentar plantas y animales, a los que designa como "inventos" en el capítulo sobre propiedad intelectual del borrador del tratado, norma que entraría en contradicción con la legislación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
La CAN, integrada por los tres países que negocian el tratado junto con Bolivia (observador en el proceso) y Venezuela, prohíbe expresamente patentar seres vivos, salvo microorganismos desde 1998.

Propiedad intelectual y agricultura son las dos áreas en las que, tras cinco rondas de negociación, no hay acercamiento entre las partes. Ambas se abordarán en la sexta ronda, prevista del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la sudoccidental ciudad estadounidense de Tucson, dijo a Tierramérica Hernando José Gómez, jefe negociador colombiano.

Las normas en los países de la CAN, que suman cuatro millones 700 mil kilómetros cuadrados, establecen que la biodiversidad es patrimonio nacional y regional, y reconocen el saber tradicional asociado con el uso de recursos genéticos.

Los andinos se acogen además al Convenio de 1991 de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que establece un marco de propiedad intelectual de variedades de plantas muy semejante a las patentes, y reconoce derechos de científicos, fitomejoradores y agricultores.

Una fuente del equipo negociador colombiano dijo a Tierramérica que tiene instrucciones de "no contrariar la norma andina", y que los representantes de su país, Ecuador y Perú trabajan en armonía. Además, Gómez recordó que las tres delegaciones sudamericanas cuentan con respaldo de los otros dos miembros de la CAN. "El 99 por ciento de los textos andinos ya están sobre la mesa", agregó.

Pero la propuesta estadounidense de patentar plantas y animales ha generado preocupación en amplios sectores de la comunidad andina. El tratado "realmente es un negocio de patentes. Estados Unidos quiere, por decirlo así, imponer que todos los países adopten tratados sobre las patentes. Y ése es uno de los grandes problemas en el tema de la biodiversidad", aseguró a Tierramérica Manuel Rodríguez, ex ministro colombiano de Ambiente.

"Muchas cosas relacionadas con el acceso a recursos genéticos tienen que ver con las patentes. Por ejemplo, Estados Unidos no ha reconocido ni va a reconocer el conocimiento tradicional. Pero eso tampoco lo va a resolver el tratado, y uno puede suponer que van a encontrar la forma de aplazarlo (el tema) y sacar adelante el acuerdo", agregó.

Por su parte, el ex ministro de Ambiente ecuatoriano, Edgar Isch, coincidió al señalar que las leyes del comercio internacional tienden a socavar las normas sobre ambiente nacionales y multilaterales. Para la Organización Mundial de Comercio, sus normas están "por encima" de los acuerdos internacionales sobre ambiente, dijo.

En Estados Unidos, según el ex ministro, "la administración Bush ha reducido o eliminado alrededor de 200 normas ambientales, en muchos casos para favorecer el libre comercio". Sin embargo, sostuvo que el tratado andino "no es inevitable y, tal como están dadas las cosas, no es la mejor vía para el desarrollo".

El acuerdo podría estar listo en febrero y entraría en vigencia en 2006, si lo aprueban los parlamentos de los cuatro países. Pero los opositores al tratado en las naciones andinas han pedido, como mínimo, la suspensión de las negociaciones y la difusión de las propuestas.

En Colombia, por ejemplo, el movimiento indígena propuso un referendo contra el tratado.

* La autora es colaboradora de IPS.

 
 

VENDEN GENES DE INDÍGENAS POR INTERNET

 

Rio de Janeiro, 17/11/2004. (Tierramérica).- Células vivas de miembros de las comunidades karitiana y suruí de Brasil se ofertan actualmente en 85 dólares en la red internet. El gobierno brasileño pidió detener lo que calificó como una “venta ilegal”, llevada a cabo por el estadounidense Instituto Coriell, que posee la mayor colección mundial de cultivos de células humanas en casi un millón de recipientes.

El gobierno de Brasil pidió a Interpol, la policía internacional, que intervenga en lo que califica de venta ilegal de material genético de sus pueblos indígenas por parte de un centro de investigación estadounidense.

Células vivas de individuos de las etnias brasileñas karitiana y suruí, y de otros grupos indígenas de Sudamérica y América Central, pueden comprarse por 85 dólares, mediante un sitio de Internet (http://coriell.umdnj.edu/), al Depósito de Células Coriell, una división del Instituto Coriell de Investigación Médica.

Ese instituto de estudios biomédicos, independiente y sin fines de lucro,tiene sede en la nororiental ciudad estadounidense de Camden, y ofrece elmaterial con la intención declarada de que se use sólo para investigación.

Mercio Pereira, presidente de la brasileña Fundación Nacional del Indio (Funai), pidió el 1 de octubre a la policía federal de su país que investigara el caso, y la embajada brasileña en Estados Unidos trata de que la oferta sea retirada del sitio en Internet de Coriell, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

A fines de los años 90, el mismo tipo de material genético fue puesto a la venta por Coriell. La Funai amenazó con suspender todas las autorizaciones de investigación médica con pueblos indígenas, y representantes de comunidades nativas presentaron una queja formal.

Pat Mooney, de la organización no gubernamental (ONG) Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, explicó a Tierramérica que ese grupo se opone, como otros de la sociedad civil, a que las corporaciones patenten plantas y animales, en actos calificados de "biopiratería".

En este caso, "aunque el ADN (ácido desoxirribonucleico, soporte de la información genética) y los genes de pueblos indígenas no sean patentados,la información obtenida de su material genético se transforma en drogas patentables", adujo.

El Depósito Coriell posee la mayor colección mundial de cultivos de células humanas, en casi un millón de recipientes. Esas células, obtenidas de muestras de piel o de sangre, se conservan vivas por tiempo indefinido, en animación suspendida a temperaturas extremadamente bajas.

El ADN obtenido de esos cultivos es usado para investigaciones médicas que buscan nuevos tratamientos para cáncer, mal de Alzheimer, diabetes, síndrome de Down y enfermedades cardíacas, entre otras, según se indica en el sitio de Coriell.

Desde 1964, 120 mil muestras celulares y cerca de 100 mil muestras de ADN han sido vendidas a científicos de 55 países, en transacciones autorizadas por la ley estadounidense. La mayor parte del material del Depósito no fue recolectado directamente por investigadores de Coriell, sino por otros científicos e instituciones.

El centro de la cuestión es si las muestras de los karitiana y suruí fueron obtenidas con consentimiento pleno e informado de los interesados y del gobierno brasileño, y si hay garantías de distribución equitativa de conocimientos o dinero generados a partir de ellas.

Hace más de una década que se divulgan informes sobre recolección de sangre de los karitiana y suruí que terminaron en manos de instituciones o empresas extranjeras, sin que la Funai haya autorizado la recolección de muestras, dijo a Tierramérica Raimundo José Lopes, jefe de gabinete de la presidencia de ese organismo, quien preparó el pedido de investigación policial.

El médico brasileño Hilton Pereira da Silva fue acusado en 2002 ante la justicia federal de su país por haber recolectado sin autorización sangre de indígenas karitiana en 1996, en el marco de una filmación y con la excusa de que lo hacía para diagnosticar enfermedades, dijo a Tierramérica Maria Cecilia Filipini, abogada en el occidental estado brasileño de Rondonia del católico Consejo Indigenista Misionero.

El proceso contra ese médico, iniciado por el ministerio público, avanza lentamente por dificultades para interrogar a Pereira da Silva, que al parecer reside actualmente en Estados Unidos. La fiscalía descubrió que tenía relaciones con la industria farmacéutica extranjera, y sospecha que vendió muestras de sangre en forma ilegal.

La Funai ha tratado de impedir la recolección indebida de material genético,mediante crecientes controles y restricciones de la investigación en territorios indígenas, de las que se quejan científicos brasileños.

Cualquier investigación en reservas indígenas requiere autorización de la Funai, del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (del Ministerio de Ciencia y Tecnología) y otras instituciones estatales.

La Funai debe consultar al grupo indígena para saber si acepta recibir a los investigadores, cuyas actividades supervisa, informó a Tierramérica el coordinador de estudios e investigaciones de ese organismo, Claudio Romero.

Pero la tecnología moderna permite que muestras de sangre de la etnia yanomami, obtenidas hace 40 años en Brasil y Venezuela, aún sean comercializadas, así como las de la etnia ticuna, del oeste de Brasil, recolectadas a mediados de los años 70, escribió Bruce Albert, director de investigaciones del Instituto de Investigación para el Desarrollo, con sedes en Sao Paulo y París.

Las células de los ticuna se han empleado en una investigación inmunológica en gran escala, y una de las mayores transnacionales farmacéuticas las usó para profundizar su comprensión del sistema inmunitario humano, indicó Albert en un trabajo publicado por el periódico electrónico Antropología Pública: Ideas Atractivas 2001.

 
 

CENTRO Y SURAMÉRICA BUSCAN COMERCIO RESPONSABLE DE MADERAS

 

Tegucigalpa, 17/11/2004. (Agencias).- Honduras, Nicaragua, Perú y Bolivia, incrementarán su posibilidad de fomentar la producción y el comercio responsable de maderas, con asistencia de dos organismos internacionales.

La oficina de la Pequeña y Mediana Empresa para Latinoamérica y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional y la sucursal latinoamericana de la Red Global de Comercio Forestal (Gftn), del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), firmaron un acuerdo donde se proponen estimular al sector empresarial a exportar productos forestales producidos de manera responsable.

En ese marco, WWF y la Corporación Financiera Internacional, lanzarán proyectos piloto que reunirán a fabricantes, comerciantes y gerentes para cumplir tres objetivos específicos.
Se apoyará a las comunidades indígenas en la gestión forestal sostenible para incrementar el suministro de madera y productos forestales, estimular la demanda de productos elaborados con madera y promover oportunidades de financiamiento e inversión en las cadenas forestales.

Los proyectos piloto fueron diseñados en base a la estrategia forestal revisada del Banco Mundial, la cual promueve la integración de los bosques para fomentar el desarrollo económico sostenible y el aprovechamiento del potencial forestal con el fin de reducir la pobreza.

El coordinador para Latinoamérica de la Gftn, Steve Gretzinger, dijo que la participación de las referidas instituciones es una combinación poderosa. Confía en la pericia de la IFC en materia de desarrollo financiero y comercial, unida a la capacidad de WWF para asistir a esas empresas en la elaboración de productos de calidad y buen manejo forestal.

 
 

CUBA ESTIMULA EL APOYO POPULAR A LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE

 

La Habana, 17/11/2004. (Agencias).- En Cuba Hasta tirar toda la basura es un lujo en los tiempos que corren. La isla, sin gran desarrollo en tecnologías del reciclaje, también se interesa por aprovechar las materias primas que antes iban a parar sin remedio al vertedero.

Ya desde el lejano 1961 el Comandante Ernesto Che Guevara advertía la importancia del reciclaje y creaba la Empresa Consolidada de Recuperación de Materias Primas. Pero sólo en los últimos años se ha hecho una inversión de cierta envergadura para el reaprovechamiento de hasta 14 materiales ferrosos y no ferrosos como aluminio, cobre, bronce y zinc; y no metálicos como papel y cartón, vidrio, textiles y plásticos.

Según informo el sitio web Al Día Cuba, a lo largo del país caribeño se estimula el acopio de materias primas mediante la compra a las entidades generadoras y la recogida a nivel comunitario mediante las casas de compra, los festivales de recuperación y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
Baste decir que en los primeros ocho meses del año los miembros de los CDR en el país entregaron 26 mil 400 toneladas de materias primas.

El próximo Festival Nacional se anuncia para el venidero 27 de noviembre. Tendrá como sede principal a Santiago de Cuba y será otra oportunidad para el apoyo popular en la recuperación de frascos destinados a la industria farmacéutica y otras prioridades como papel y cartón, plásticos, neumáticos y electrodomésticos en desuso.

Si hasta hace poco tiempo iba a parar a la basura la tercera parte de los materiales recuperables, hoy se gana conciencia de su valor para las productoras nacionales y la exportación. En tal sentido se crean capacidades dirigidas a las industrias sidero mecánica y ligera.

No obstante, hasta tanto la Unión de Recuperación de Materias Primas no complete su red tecnológica con nuevas plantas procesadoras; la población organizada en barrios, centros laborales y escuelas continuarán con su aporte decisivo a la economía nacional y la descontaminación del medio ambiente.

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA APUESTA POR LA POLICÍA AMBIENTAL

 

Santo Domingo, 17/11/2004. (Agencias).- El proyecto más ambicioso que tiene la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana es la creación de la Policía Ambiental, con acción en todo el territorio nacional, principalmente en las áreas protegidas.

Creada con el nombre de "Servicio Nacional de Protección Ambiental" en noviembre del año 2000, según ordenó la ley 64-00, esta entidad es el brazo armado del esfuerzo estatal por garantizar la integridad de las áreas naturales protegidas y evitar el deterioro de las zonas naturales en general.

Pero además, la Policía Ambiental tiene el propósito de desarrollar programas de educación ambiental en sus filas y entre las comunidades con las que interactúa en las zonas protegidas del país.

Teniendo en cuenta las dimensiones del territorio declarado como protegido en la República Dominicana -un 20% del territorio nacional, aproximadamente- se puede comprender la amplitud del esfuerzo que debe desplegar la Policía Ambiental para realizar sus funciones. Como se puede comprender también -tomando en cuenta el número de miembros que ésta debe organizar- las necesidades logísticas que deben ser llenadas para cumplir cabalmente con sus objetivos de protección.

Algunas secciones de la Policía Ambiental deben cumplir también con el trabajo de investigación que supone persecución de acciones violatorias a la Ley 64-00, así como la prevención de los delitos ambientales.

Como parte de las labores que en el desarrollo de sus funciones habrá de enfrentar esta institución ambiental están las relacionadas con los delitos ambientales que ocurren en las ciudades, no solamente en las áreas protegidas del país. Pero la prevención y persecución del delito ambiental en las ciudades está imbuido de un espíritu muy técnico y negociador en el que la mayoría de las veces la acción punitiva queda más en manos de la Procuraduría Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Ambiental.

Pero no es así en las zonas naturales. Los delitos ambientales en las zonas boscosas y selváticas, tales como la quema de bosques, el corte ilegal de árboles, la caza furtiva y otros delitos similares, demandan para la persecución y sometimiento a la justicia de los autores de esos delitos destrezas especializas muy relacionadas con las prácticas militares de campo, para lo que los miembros de la Policía Ambiental reciben también adiestramiento con un alto componente de respeto a los derechos humanos.

En cuanto a la educación que en materia de medio ambiente deben recibir los miembros de la Policía Ambiental, existe una estrecha colaboración entre ésta y el Departamento de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. La educación ambiental se desarrolla mediante programas como los dispuestos recientemente por el coronel Valerio García Reyes, actual Jefe de la Policía Ambiental.

La Policía Ambiental nace en medio de un ambiente social en crisis, crece en un ambiente económico crítico, y enfoca su desarrollo hacia un medio ambiente hostilizado por una sociedad que, en medio de su crisis, contagia las zonas naturales haciéndolas entrar también en crisis ambiental y económica.

Producto de las presiones económicas que sufren los sectores socialmente más empobrecidos de la sociedad dominicana, las áreas naturales protegidas se ven sometidas también a presiones que se manifiestan en la pérdida de grandes extensiones de bosque virgen para ser dedicado su suelo a la cobertura de especies domesticadas que no reproducen ese suelo, ocurriendo en peores casos la pérdida completa del suelo como resultado de la erosión.

Esa pérdida de bosques y suelo contribuye grandemente a la pérdida de biodiversidad, lo que se traduce en presión sobre especies que dependen de determinados tipos de bosques para sobrevivir, entrando entonces algunas zonas del país en crisis ecológica y ambiental.

Las crisis ecológicas y ambientales propician la caída de sistemas naturales frágiles, y éstas, a su vez, propician más depresión en las comunidades humanas que, naturalmente, han crecido en número, pero disminuido sus recursos.