RESUMEN IBEROAMERICANO
 
 
 
 
 
 
SEMANAS ANTERIORES
 
   

MÉXICO: CAMPESINOS ECOLOGISTAS BAJO FUEGO

 

Ciudad de México, 26/5/2005 (IPS) - La guerra desatada en México por taladores de bosques contra indígenas ambientalistas cobró recientemente las vidas de un niño y un joven, mientras siguen las detenciones de campesinos, denunciadas como arbitrarias por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

“Hay un ataque sistemático y abusivo contra los campesinos ecologistas. Los últimos hechos sólo reafirman la persecución de que son objeto, la represión que sufren y la impunidad existente”, dijo a IPS Verónica Bassot, portavoz de Tlachinollan, organización defensora de los derechos humanos que trabaja con los grupos campesinos.

La tala de árboles es agresiva en las sierras del sudoccidental estado de Guerrero, donde 11 de sus 17 municipios indígenas son catalogados por estudios oficiales como altamente marginados y uno de ellos como el más pobre del país. Sus habitantes son mestizos o indígena de las etnias naua, miexteca y tlapaneca.

Imágenes de satélite prueban que en esas serranías se perdieron entre los años 1999 y 2000 unas 86.000 hectáreas de las 226.203 que estaban cubiertas de bosques, según indican reportes del grupo ambientalista internacional Greenpeace.

En esta verdadera guerra no declarada, un niño de nueve años y su hermano de 20 fueron muertos en días pasados en un ataque a balazos en medio de las montañas de Guerrero. Los asesinados eran hijos de Albertano Peñalosa, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), quien fue herido en ese episodio al igual que otros dos hijos suyos.

Al día siguiente de estas muertes, el ejército mexicano detuvo a tres de los compañeros de Peñalosa, bajo la acusación de haber asesinado a un hijo de un talador, sumándose así a otro miembro de la organización, Felipe Arreaga, quien está en la cárcel desde noviembre por la misma causa, y a quien la organización Amnistía Internacional considera preso de conciencia.

“Aquí en las montañas hay caciques poderosos (que cortan la madera) que hacen lo que quieren, incluso con cierta protección de los militares que patrullan la zona”, señaló la portavoz de Tlachinollan vía telefónica desde sus oficinas en las serranías de Guerrero.

“El gobierno de Guerrero (encabezado desde el 1 de abril por Zeferino Torreblanca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática) y el presidente (de México) Vicente Fox no están actuando y por eso en estas montañas reina la impunidad y el miedo”, denunció Bassot.

Todos los campesinos de las sierras de Guerrero hoy detenidos, y el padre de los dos asesinados la semana pasada, son compañeros en la OCESP de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos y torturados por soldados en 1999 por supuesta posesión de armas y drogas. Esos dos campesinos fueron finalmente dejados en libertad en 2001 por orden del presidente Fox, quien, aduciendo que los acusados tenían problemas de salud, ordenó el perdón de sus condenas.

Montiel y Cabrera recibieron cuando aún estaban en prisión el premio Goldman, establecido por organizaciones estadounidenses y considerado el Nobel en material ambiental, y también el galardón ”Chico Mendes”, en memoria del campesino, sindicalista y ambientalista brasileño de ese nombre asesinado en 1988 en su país.

Otro indígena mexicano ganador en 2005 del premio Goldman, dotado de 125.000 dólares, fue Isidro Baldenegro, detenido en marzo de 2003 bajo acusaciones de portar armas y cargar drogas, y dejado en libertad en junio de 2004 tras múltiples denuncia de irregularidades y luego que varios grupos ambientalistas y humanitarios lo declararon “preso de conciencia”.

Según grupos humanitarios locales y extranjeros, los miembros de la OCESP son perseguidos por el único hecho de oponerse a la destrucción del bosque, que es llevada adelante en gran parte por grupos de taladores ilegales.

 
 

VUELVE EL GLIFOSATO A PARQUES NATURALES DE COLOMBIA

 

Bogotá, 26/5/2005 (Tierramérica-Prensa Verde).- El gobierno de Colombia prevé reanudar la fumigación con el herbicida glifosato de cultivos ilícitos de amapola y coca (destinados a la elaboración de drogas) en reservas ecológicas, que había sido suspendida en marzo de 2004 debido a las protestas de quienes sostienen que contraviene tratados internacionales, normas nacionales y acuerdos con comunidades indígenas y campesinas.

La reanudación afectaría a los parques naturales (zonas protegidas) de Sierra Nevada de Santa Marta (en la costa Caribe), declarada reserva de la biosfera en 1986 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; La Macarena (centroeste) y Catatumbo (noroeste).

Los defensores del uso del glifosato en la lucha antidrogas alegan que es tan inocuo como la sal común, pero hay estudios y denuncias sobre su carácter perjudicial para pasturas, cultivos, cursos de agua y la salud humana y del ganado. Además, ambientalistas señalan que el amplio espectro de ese herbicida, producido por la transnacional Monsanto, lo hace especialmente inadecuado en áreas donde se busca preservar especies.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2003 el uso de fondos para fumigar cultivos ilícitos en parques naturales colombianos, y a fines de febrero del año pasado se informó que había comenzado la aspersión con glifosato en los de Sierra Nevada y Chiribiquete (sudeste).

El viceministro del Interior, Mario Iguarán, dijo a Tierramérica que la reanudación, que se hará efectiva en las próximas semanas, está amparada en la resolución número 0013 de 2003 que autorizó al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE, adscrito al Ministerio del Interior) a fumigar áreas de reservas naturales con evidencias de cultivos ilícitos que no fuera posible erradicar manualmente.

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron una demanda de nulidad contra esa resolución ante el Consejo de Estado, máxima instancia jurídica para decisiones administrativas, pero Iguarán arguyó que eso no tiene efecto suspensivo.

Según el funcionario, se tuvieron en cuenta "todos los parámetros dictados por Naciones Unidas y el reciente estudio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD) que dice que el glifosato no tiene impactos ambientales significativos".

El estudio de la CICAD, que es parte de la Organización de Estados Americanos, fue realizado, a pedido de Colombia, por un equipo de científicos internacionales, presidido por el canadiense Keith Solomon. Dichos especialistas indicaron que el herbicida tiene "efectos moderados" sobre organismos acuáticos y que sus riesgos para el ambiente y los animales terrestres "son pocos o casi nulos".

El estudio de la Cicad señala que el riesgo "no es significativo", pero sus autores no aclaran qué consideran "significativo", sostuvo Santiago Salazar Córdova, coordinador de una comisión del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador que asesora a la Cancillería del vecino país sobre fumigaciones.

Problemas internacionales

La fumigación con glifosato en áreas de Colombia cercanas a Ecuador fue fuente de conflicto con el gobierno de Quito, y se frenó a su pedido. A fines del mes pasado, el ejecutivo ecuatoriano reiteró que no permitirá que Colombia fumigue en zonas fronterizas hasta que un estudio científico certifique la inocuidad del procedimiento para la población local.

El estudio de la Cicad se realizó de septiembre a marzo, "demasiado poco tiempo para hablar en términos de carcinogenicidad, por ejemplo, y si son genetistas, deben saber eso", dijo Salazar a Tierramérica.

Por su parte Iguarán admitió que lo ideal es la erradicación manual, que el gobierno espera desarrollar en unas tres mil hectáreas de áreas protegidas. Añadió, sin embargo, que es preciso fumigar en unas 75 mil hectáreas, que incluyen parte de los parques nacionales y en las que el conflicto interno o la presencia de narcotraficantes no permiten el acceso por tierra.

Una fuente gubernamental dijo a Tierramérica, con reserva de su nombre, que el CNE decidió fumigar áreas protegidas pese a que la Unidad de Parques Nacionales del Ministerio del Medio Ambiente había recomendado no hacerlo.

Según el informe de esa Unidad, en el parque de la Sierra Nevada, de unas 230 mil hectáreas, los cultivos ilícitos aumentaron el año pasado apenas 18 hectáreas, de 212 a 230. En Catatumbo, con un área de 178 mil hectáreas, disminuyeron de 129 hectáreas a 107, y en La Macarena, que tiene una extensión de 630 mil hectáreas, aumentaron de mil 152 a dos mil 630.

Estos cultivos no comprometen áreas que justifiquen los costos ambientales y sanitarios de la fumigación con glifosato, señala Ricardo Vargas, de la ONG Acción Andina, que investiga el tema del narcotráfico en la subregión.

En 2004 se fumigaron 136 mil hectáreas de coca pero la superficie de cultivos ilegales no disminuyó, y sólo seis mil hectáreas de esos cultivos están en áreas protegidas, una proporción muy menor del problema, alegó.

A finales de 2003 la justicia ordenó la suspensión en todo el país de las fumigaciones aéreas con glifosato y otras sustancias hasta que se cumpliera el Plan de Manejo Ambiental establecido en 2001 por el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Seguridad Social estudiara los efectos de esos químicos en la salud humana. Hasta el momento no se sabe que dichos estudios hayan sido realizados.

De acuerdo con la Unidad de Parques Nacionales, la fumigación afectaría además acuerdos vigentes con las comunidades indígenas de Sierra Nevada para la erradicación manual. También iría a contramano de proyectos de cooperación como el que se lleva a cabo con Holanda para la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo social en Sierra Nevada y Catatumbo.

Según informó el 28 de abril el semanario El Espectador, Holanda solicitó a la directora de Parques, Julia Miranda, confirmarle si la decisión de fumigar parques es definitiva, pues de ser así "podría ser motivo para solicitar la suspensión de actividades financiadas por esta embajada".

Otros analistas apuntan que el Código de Recursos Naturales prohíbe expresamente fumigar parques nacionales y reservas indígenas, y que la aspersión con glifosato violaría el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 1994, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege la identidad e integridad de los pueblos indígenas.

Según Juan Mayr, ex ministro de Medio Ambiente, la resolución de 2003 que autorizó la aspersión creó "una de las situaciones más graves que le pueda pasar al tema ambiental en el país" y fue "un atentado contra el patrimonio colectivo de los colombianos".

 
 

CONFERENCIA MUNDIAL EN FAVOR DEL USO RACIONAL DEL AGUA

 

Ciudad de Guatemala, 26/5/2005 (Agencias).- Entre el 24 y el 27 de mayo se reunieron en la ciudad guatemalteca de La Antigua (una de la más reconocidas joyas arquitectónicas del mundo) 300 expertos representantes de más de 70 países en el marco de la Décima reunión bianual de la Asociación Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés). El objetivo del encuentro fue el de definir estrategias para el uso eficiente y racional del vital líquido.

Manuel Basterrechea, perteneciente a la no gubernamental Asociación Mundial del Agua, declaró que ese recurso natural es cada vez más escaso y su deterioro el en el mundo aumenta, por lo que se hacen necesarios consensos internacionales firmes sobre el tema.

La GWP es una red mundial conformada por organizaciones y agencias de desarrollo, organizaciones profesionales, instituciones gubernamentales públicas y otros comités involucrados en el manejo integrado de los recursos hídricos.

A la reunión asistieron también representantes de organizaciones multilaterales, globales, continentales, agencias de gobierno, instituciones académicas, de investigación y del sector privado.

La necesidad de financiamiento para detener los efectos del uso irracional del agua, el impacto de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los contratos de servicio, el agua potable como fuente de vida y los riesgos de su agotamiento, fueron algunos de los temas debatidos.

Además de los asuntos de interés global, en el caso de Centroamérica se analizó el uso de las cuencas transfronterizas, en particular las que comparte Guatemala con México, Belice y Honduras, así como la protección de las fuentes de agua.

Estudios de la GWP señalan que unos dos mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable, y otros mil 200 millones no tienen sistema de saneamiento de ese líquido, a lo cual se asocia la falta de alimentos por incapacidad de cultivar.

Por otra parte, informes del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) aseguraron que el 97 por ciento de las aguas superficiales de este país está contaminada por la falta de plantas de tratamiento.

En Guatemala el acceso a los servicios de agua sólo cubre al 84 por ciento de la población urbana y al 55 por ciento de la rural. Esto quiere decir que sólo el 15 por ciento de los 11,2 millones de guatemaltecos recibe el líquido apto para el consumo, mientras que un 48% lo consume contaminado.

 
 

CEPAL Y OCDE EVALÚAN POSITIVAMENTE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE CHILE

 

Santiago de Chile, 26/5/2005 (Ecoestrategia).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentaron en este mes de mayo al gobierno chileno el informe “Evaluaciones del desempeño ambiental de Chile”, el cual llegó a conclusiones positivas, reconociendo que el país ha experimentado desde 1990 un crecimiento económico que ha estado apoyado en políticas macroeconómicas y sociales sólidas logrando una reducción significativa de la pobreza.

El estudio fue realizado por un equipo de examinadores conformado por 17 expertos, entre los cuales se encontraban representantes de Canadá, Estados Unidos, Francia y México. Entre los aspectos más positivos se destaca el desarrollo institucional alcanzado por el país; la reducción de la contaminación del aire y la adopción de planes de descontaminación; el desarrollo de un sistema de evaluación de impacto ambiental; el uso de instrumentos económicos, como el mercado de derechos de aprovechamiento de agua y cuotas de pesca transferibles, y acuerdos voluntarios (producción limpia, por ejemplo); y los progresos alcanzados en materia de saneamiento y tratamiento de aguas servidas, entre otros temas.

Sin embargo, en el informe de la CEPAL/OCDE se afirma que a pesar de estos avances subsisten algunos desafíos que el país deberá enfrentar, como la necesidad de fortalecer aún más la institucionalidad ambiental y dotarla de mayores recursos; entregar una mayor capacidad de fiscalización a los progresos normativos; integrar plenamente los aspectos ambientales en las políticas económicas, sectoriales (transporte, energía) y sociales (educación y salud), para avanzar plenamente en el desarrollo sostenible; y aprovechar más las oportunidades que generan los incentivos económicos para mejorar la gestión ambiental.

En este sentido, los evaluadores entregaron 52 recomendaciones que podrían ayudar a fortalecer el progreso ambiental de Chile en el contexto del desarrollo sustentable. Estas recomendaciones se agrupan en tres grandes áreas: gestión ambiental, desarrollo sustentable y compromisos internacionales.

Según el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, las Evaluaciones de Desempeño Ambiental aplicada por la OCDE ofrecen una interesante alternativa para que los países de la región refuercen su cooperación, a través de un proceso permanente de diálogo, trabajen conjuntamente en pos del desarrollo sostenible y muestren a la opinión pública y a la comunidad internacional de una manera transparente sus esfuerzos y resultados en temas ambientales.

Con el fin de informar detalladamente a los actores del sector público y de la sociedad civil las conclusiones y recomendaciones de esta evaluación, así como explicar el proceso e importancia del instrumento se realizó en la sede de la CEPAL en Santiago el “Seminario de presentación de la Evaluación de desempeño ambiental de Chile”, al cual asistieron representantes del sector público chileno, organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, gremios, académicos, consultores, parlamentarios y autoridades municipales.

 
 

INICIATIVA DE BIOCOMERCIO SOSTENIBLE EN ECUADOR

 

Quito, 26/5/2005 (Ecoestrategia).- Ecuador desarrolla actualmente una selección de especies promisorias nativas que podrían convertirse en materias primas para la elaboración de productos con ingredientes naturales. Se trata de un proyecto dentro de la iniciativa Biocomercio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La Iniciativa Biocomercio de la UNCTAD , con sede en Suiza, esta orientada a la promoción, inversión y comercio de productos derivados de la Biodiversidad. En este contexto, ha desarrollado estrategias orientadas al apoyo de programas nacionales de Biocomercio.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Ecuador dio los primeros pasos en este sentido con la realización de un Diagnóstico Nacional sobre las potencialidades de implementación en el país (TRAFFIC 2001). En el 2002, el Ministerio del Ambiente, CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones) y EcoCiencia firmaron un Convenio de Cooperación para promover la Iniciativa Biocomercio, es decir, el desarrollo de negocios derivados del uso sustentable de la Biodiversidad, en línea con los mandatos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).

El Programa de Facilitación del Biocomercio (BTFP) de la Iniciativa Biocomercio, tiene como objetivo facilitar el comercio de productos y servicios derivados de la biodiversidad a través de la creación de proyectos a nivel nacional y de alianzas con socios internacionales que impulsan el buen manejo y comercio de estos recursos naturales y productos para el bien del desarrollo. El BTFP, apoya, a través de sus socios, a pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo (PyMES y empresas de base comunitaria) interesadas en la promoción y exportación de estos productos.

Uno de los principales temas apoyados por la iniciativa Biocomercio en Ecuador es el de Plantas Medicinales y Aromáticas, para lo cual se ha conformado la red de productores y procesadores, Mashi Numi. Las empresas son apoyadas en puntos clave de la cadena comercial como el desarrollo de productos de plantas nativas, la oferta, volumen, calidad y otros requerimientos para lograr un mercado estable a nivel nacional e internacional. Una de las actividades principales en este contexto es la de priorizar especies para nuevos mercados, las prioridades de investigación, el desarrollo del producto, tecnologías y alianzas para acceso al mercado.

Según sus promotores, Ecuador busca a través del BTFP desarrollar productos con valor agregado de al menos cinco especies nativas promisorias con potencial en el mercado, que sean manejadas y comercializadas sosteniblemente. La inclusión de estas especies en la cadena de ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos permitirá diversificar la oferta y volver más competitivo al sector.
EcoCiencia es aliada estratégica de CORPEI en la Iniciativa Biocomercio y en el programa BTFP y está encargada de la investigación sobre biodiversidad y del manejo de los recursos biológicos y áreas relacionadas. Conjuntamente, lideran el proceso de selección de las especies promisorias utilizando y ajustando a la realidad nacional tanto los criterios de selección y matrices de información del BTFP, previamente desarrollados para especies y/o productos, basados en aspectos biológicos, sociales y económicos, como aquellos desarrollados por otras organizaciones para fines similares (CIFOR, Instituto Alexander von Humboldt).

Hasta el día de hoy, varios programas y proyectos se han desarrollado en Ecuador para apoyar esta iniciativa que ha diseñado estrategias y criterios de sostenibilidad para el manejo y comercio de recursos naturales y productos derivados. La Iniciativa Biocomercio también es ejecutada en otros países de la región como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil.