RESUMEN IBEROAMERICANO
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANAS ANTERIORES
 
   

ORGANIZACIONES MEXICANAS DENUNCIAN IMPOSICIÓN A PROYECTO HIDROELÉCTRICO

 

Ciudad de México, 19/1/2006 (Tierramérica).- A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dicho que ya tiene todas las aprobaciones necesarias por parte de las asambleas de las comunidades que serán afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica la Parota, las consultas se realizaron de manera ilegal y sin tomar en cuenta a quienes realmente serán afectados.

El Consejo de Ejidatarios y Comunidades Opositores al Proyecto La Parota (CECOP), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" denunciaron en conferencia de prensa que las más de 20 mil personas que serán desplazadas y más de 70 mil que serán afectadas por la construcción de la presa no han sido consultadas debidamente por las autoridades, contrario a la versión oficial.

El mecanismo que han optado la CFE y la Procuraduría Agraria para llevar a cabo la "consulta" es la realización de asambleas ejidales, sin embargo, este método resulta insuficiente ya que la mayoría de las personas que serán afectadas no son ejidatarios. Más aún, las asambleas que se llevaron a cabo fueron de manera ilegal lo cual refuerza el hecho de que la "consulta" que establecen las autoridades fue un mecanismo para imponer el proyecto.

El 27 de diciembre se llevaron a cabo las últimas dos asambleas ejidales en las que se aprobó de manera ilegal la expropiación de las tierras. Como en las asambleas anteriores, entre otras cosas, las autoridades violaron la ley agraria al realizar sin previo aviso y justificación las asambleas fuera de las comunidades afecta-das, comprando el voto y mediante la utilización de la fuerza pública. Esto impidió que los ejidatarios reales pudieran expresar su voto.

Las organizaciones presentes en la conferencia de prensa expresaron su repudio a la manipulación con la que las autoridades federales y estatales han manejado el tema de la Parota al establecer que ya obtuvieron la aprobación de las comunidades afectadas. Reiteraron que muchas personas aun no saben que sus tierras serán expropiadas y que ellas serán desalojadas.

Con ello el Estado mexicano viola abiertamente el derecho a la toma de decisiones informadas y a la consulta, y, de llevarse a cabo el proyecto por medio de la imposición también se estará provocando el desplazamiento forzoso de miles de personas, la violación del derecho al territorio, a la vivienda y al desarrollo, lo cual contraviene abiertamente los estándares de derechos humanos que el Estado se ha comprometido a cumplir.

Adicionalmente, las organizaciones denunciaron que con este proyecto también se viola el derecho a un medio ambiente sano de la población en general ya que se causarán daños ambientales irreversibles.


 

CONTINÚA POLÉMICA ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LAS PAPELERAS

 

Buenos Aires, 19/1/2006 (Ecoestrategia-Agencias).- El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, anunció que enviará una carta al Gobierno argentino en la que ratificará el proyecto de las papeleras y pedirá una solución para evitar los bloqueos a los pasos fronterizos de su país con la provincia de Entre Ríos.

Así lo anticipó Gargano luego de una reunión del Consejo de Ministros de Uruguay, que encabezó el presidente Tabaré Vázquez y en el que se abordó la problemática de los cortes de ruta en Entre Ríos, que afectan al turismo y a la producción oriental.

Según informó el portal uruguayo de noticias "El Espectador", tras el encuentro Gargano precisó que "en la nota se va a ratificar la decisión del Gobierno de que sigue adelante la instalación de las plantas".

Durante el último fin de semana, vecinos de las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú, Colón y Concordia manifestaron contra las papeleras, en una protesta que volvió a tener su epicentro en las inmediaciones del puente General San Martín, que conecta con la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Allí, justamente, se están construyendo dos plantas papeleras, de capitales españoles y finalandeses. Los piquetes Vecinos entrerrianos continúan su plan de lucha en rechazo a la instalación de dos plantas de celulosa en la costa uruguaya de Fray Bentos, luego de los extensos cortes de los pasos fornterizos el pasado fin de semana.

Al respecto, anunciaron que realizarán bloqueos sorpresivos en los accesos terrestes a Uruguay durante la semana y aseguraron que hacia el fin de semana planean volver a cortar los puentes al país vecino.

La última movilización comenzó el viernes último en los pasos Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú y Concordia-Salto, y se extendió durante el fin de semana, momento clave para el recambio turístico de mediados de enero.

La Asamblea Ambiental Ciudadana reclama la paralización de las obras de dos empresas productoras de pasta celulosa que se construyen a la vera del Río Uruguay, hasta tanto no estén concluidos los estudios de impacto ambiental "independientes y objetivos". Al respecto, se aguarda para fines de este mes el informe de la comisión binacional, creada para ese efecto.


 
 

ENCUENTRO SOBRE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA ENFATIZA SOBRE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD

 

Fortaleza, Brasil, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- El Encuentro sobre la Nueva Cultura del Agua en América Latina, que tuvo lugar del 5 al 9 de diciembre de 2005 en Fortaleza, contó con más de 500 participantes procedentes de todos los países de América Latina, más representantes de España, Portugal, Holanda, Alemania, Italia, Bangladesh, Ucrania, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Marruecos, Polonia, y el Reino Unido de la Gran Bretaña.

El documento final del encuentro, llamado "La Declaración de Fortaleza", señala que el agua es esencial para la vida en el planeta y por lo tanto para las sociedades humanas, por lo cual debe tratarse respetando los principios de equidad y sostenibilidad.

El documento señala además, que la crisis de sustentabilidad provocada en nuestros ecosistemas en nombre de un malentendido progreso, ha causado que actualmente más de 1.300 millones de personas (un 17 por ciento de la población mundial) no tengan garantizado el acceso a agua potable y más de 2.000 millones de personas (un 40% de la población mundial) no tengan acceso a sistemas de saneamiento esencial, lo que origina una muerte cada 7 segundos.

Esta crisis se refleja tanto en las ciudades y comunidades rurales como en los ecosistemas acuáticos y acuíferos. Sin embargo se sigue destruyendo y degradando los territorios del agua, a menudo de forma irreversible. Estas son las dos caras de una misma realidad.

Más allá de la utilidad económica del agua en la agricultura, la industria y la producción de energía, los ríos, lagos, glaciares, humedales, bosques y acuíferos desempeñan funciones clave, tanto para la biosfera, como para el sustento y cohesión de las comunidades, al tiempo que representan bienes comunes naturales que marcan la identidad de territorios y pueblos.

Aceptar el reto de la sustentabilidad exige cambios profundos en la concepción de la naturaleza, así como en actitudes y modos de vida; exige entre otras cosas desarrollar una Nueva Cultura del Agua que reconozca los múltiples valores emocionales, culturales, sociales, ambientales y económicos en juego, desde enfoques éticos basados en principios de equidad y sustentabilidad.

Una Nueva Cultura del Agua que reconozca la sabiduría de las culturas ancestrales de América Latina, rescatando y valorando las buenas prácticas y técnicas tradicionales, como la recolección de aguas de lluvia, al tiempo que se incorporan las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías disponibles, es esencial para lograr un futuro sostenible y seguro. Más información sobre el encuentro en la web: http://www.unizar.es/fnca/america


 
 

EMPRESARIOS SALMONEROS ALERTAN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ENDESA EN LA PATAGONIA

 

Santiago de Chile, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- Pese a que faltan casi dos años para que se ponga la primera piedra del emblemático megaproyecto hidroeléctrico de Endesa Chile en el Puerto de Aisén, en la Patagonia chilena, empresarios del sector salmonero de la zona han lanzado la voz de alarma por el "nefasto impacto ambiental" que provocaría este proyecto, que contempla construir cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, de la XI Región, en una zona considerada 'clave' en la expansión de la industria salmonera nacional.

Según informa el Boletín del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se espera que el sector de la pesca del salmón invierta unos 800 millones de dólares (660 millones de euros) en los próximos seis a ocho años sólo en la zona de Aisén, los que deberían llevar a esta región a concentrar el 40% de la producción total de la industria, a diferencia del 17% que representa actualmente.

En declaraciones a la prensa, el presidente de esta asociación de empresarios salmoneros afectados, Víctor Hugo Puchi, uno de los dueños de la principal salmonera del país, "Aqua Chile", señaló que 'el tema no nos es indiferente', aunque por ahora la mayoría de las empresas está a la espera de lo que será el Estudio de Impacto Ambiental que presente la empresa española.

Estos empresarios desarrollaron hace unos años una campaña similar contra el proyecto Alumysa de Noranda, que pretendía construir una planta de reducción de aluminio con una inversión de 2.270 millones de euros, pero que finalmente fue interrumpido por la férrea oposición que generó entre ecologistas y la propia industria salmonera. Sin embargo, existe una significativa diferencia entre ambos proyectos: la importancia estratégica que tienen para el país.

Si bien el proyecto de Endesa implica invertir cerca de 4.000 millones de dólares en su totalidad (3.300 millones de euros) y la inundación de algunas cuencas de la zona, éste cuenta con el apoyo explícito que le ha dado el Gobierno a la empresa, que ve en este proyecto la alternativa más importante para conseguir una mayor independencia energética, por los cortes de gas natural proveniente desde Argentina.

"Es un crimen contra Chile no usar los recursos hidroeléctricos de Aisén", señaló el ministro de Economía y Energía, Jorge Rodríguez a este respecto.


 
 

GANADORA DEL PREMIO CHICO MENDES 2005 SEGUIRÁ DEFENDIENDO LOS BOSQUES DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Ciudad de México, 19/1/2006 (Tierramerica).- La campesina mexicana Celsa Valdovinos, galardonada con el premio Chico Mendes 2005, se fraguó como líder ecologista en la pobreza, el analfabetismo y la violencia de su región natal.

De la mano de Valdovinos, algunas comunidades rurales del empobrecido estado sudoccidental de Guerrero recuperaron bosques, consiguieron agua y desarrollaron huertos familiares, avances pagados con acoso militar, desplazamiento forzado, amenazas y el encarcelamiento de su esposo, también dirigente ecologista.

La lentitud y dulzura con que las que habla Valdovinos, quien nunca fue a la escuela, no parecen corresponderse con la imagen de una recia dirigente. Y aunque ella no se considera un personaje importante, entidades ambientalistas y humanitarias la reconocen como poderoso motor de la recuperación de los bosques, el cuidado del agua y la organización de las campesinas, usualmente marginadas por sus maridos.

"Sabemos que no debemos nada a nadie, que no tenemos por qué huir, pero aún hay gente muy enojada (taladores de bosque) que hablan cosas graves de nosotros", dijo Valdovinos a Tierramérica, entrevistada en la ciudad de Tlapa, Guerrero, a la que acudió por una reunión con campesinos. "Me da tristeza que mi esposo y yo sigamos corriendo peligro. Nos pueden matar", advirtió.

A sus 49 años, más de 20 dedicados al ambiente, Valdovinos es la presidenta de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, una zona montañosa de Guerrero donde su marido, Felipe Arreaga, y otros campesinos sufrieron cárcel y persecución por su resistencia a la destrucción de los bosques.

En esas sierras, más de cinco de cada 10 niños sufren desnutrición severa y el analfabetismo afecta a 75 por ciento de la población. En 1998, Arreaga comandó allí movilizaciones para frenar la tala indiscriminada.

Tras esa acción fue acusado de asesinar al hijo de un talador y estuvo preso 10 meses en 2005, mientras sus compañeros Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera pasaron dos años (de 1999 a 2001) detenidos por cargos de uso de armas y siembra de cultivos ilegales.

Los tres activistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fueron declarados presos de conciencia por entidades humanitarias.

Montiel y Cabrera viven ahora escondidos, lejos de Guerrero, por miedo a ser asesinados. Arreaga y su esposa no descartan hacer lo mismo si perciben un peligro inminente. "Afectamos intereses, por eso nos atacan y amenazan", señaló Valdovinos.

Por su "notable heroísmo ambiental", Montiel, Cabrera y Arreaga recibieron de la organización ecologista estadounidense Sierra Club el premio Chico Mendes (en memoria del recolector de caucho, sindicalista y ambientalista brasileño asesinado en 1988).

El galardón fue asimismo para Valdovinos y Alberto Peñalosa, uno de sus "compadres" y dirigente ecologista herido a balazos por desconocidos en mayo del año pasado, en un ataque donde fueron asesinados dos de sus hijos de nueve y 20 años.

Arreaga dejó la cárcel en septiembre de 2005, tras ser declarado inocente por la justicia. Cabrera y Montiel habían sido liberados en 2001 por pedido del presidente Vicente Fox y tras presiones internacionales y denuncias sobre la falsedad de los cargos.

La tala de árboles es agresiva en las sierras de Guerrero. Once de los 17 municipios indígenas de ese estado son muy marginados y uno es el más pobre del país, según estudios oficiales. Allí bulle una peligrosa mezcla de presencia militar, grupos guerrilleros, narcotraficantes y mafias madereras.


 
 

GOBIERNO COLOMBIANO INTENSIFICARÁ ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS EN PARQUES NATURALES

 


Bogotá, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- A partir del próximo 20 de enero se intensificará la erradicación manual de cultivos ilícitos en los parques naturales, tal como lo anunció a finales del año pasado el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Así lo confirmó la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez, al asegurar que este Gobierno busca proteger las reservas naturales y reducir el impacto ambiental que ocasionan este tipo de cultivos.

"Esos cultivos están financiando a los grupos armados ilegales y son como el combustible de la guerra con los cuales se financian para comprar sus armas y con los cuales le hacen tanto daño al país", dijo la Ministra. Por eso insistió en la necesidad de fortalecer la erradicación manual en los parques naturales con programas como los que el Gobierno ha adelantado con éxito y en los cuales participan más de 10 mil familias. "En el parque de La Macarena, por sembrar una hectárea de coca han tumbado tres hectáreas de bosque. Eso es lamentable, ya hay una degradación y estamos hablando entre tres mil y cuatro mil hectáreas que hay en la serranía", aseguró.

De este proceso ya hay dos ejemplos muy claros: el Parque Tayrona y el Parque Sanquianga donde se ha eliminado prácticamente la totalidad de las matas de coca. "Pero no habíamos previsto parques con una situación mucho más compleja porque hay campos minados, porque hay problemas de orden público. Por eso el Presidente ya hizo el anuncio: lo que se va a hacer es intensificar la erradicación manual", puntualizó Suárez Pérez. Y eso -agregó- es algo en lo que el Ministerio y la Unidad de Parques han vendo insistiendo, que podamos fortalecer este tipo de procesos que nos puedan ayudar a eliminar estos cultivos de los parques.

Existen unos grupos de erradicación, unas brigadas, que son totalmente soportadas por la Fuerza Pública. Allí básicamente hay Fuerza Pública, pero en algunos casos por ejemplo se han hecho erradicación manual con la Armada, con la Policía Antinarcóticos. También hay personas voluntarias de la comunidad que en algunos casos se ha ofrecido para este tipo de trabajo.


 
 

CHILE: OCEANA SE OPONE A DUCTO AUTORIZADO POR LA COMISIÓN REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE

 


Santiago de Chile, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- La organización conservacionista Oceana expresó su más categórico rechazo a la instalación de un ducto con salida al mar para la planta de celulosa Itata, proyecto aprobado con 14 condiciones por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la VIII Región. El emisario submarino llevará hasta la zona costera, los residuos del Complejo Forestal e Industrial (CFI) Nueva Aldea, ex planta Itata.

"Rechazamos esta decisión de la Corema, porque omite el grave riesgo para el medioambiente que significa. Este megaproyecto contempla una inversión de 1.400 millones de dólares y es similar a la planta que opera en Valdivia y que destruyó el río Cruces. Es decir, sus consecuencias para el ambiente serán igual de desastrosas, pero eso parece no importarle ni al gobierno ni a uno de los grupos económicos más poderosos del país", dijo el director ejecutivo de Oceana, Marcel Claude.

Pese a que la aprobación final del ducto no ha sido entregada por las autoridades medioambientales, con esta determinación la Corema aprueba el inicio de las obras utilizando como argumento el artículo 8 de la Ley 19.300, que establece que los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, podrán ejecutarse si el titular presenta una póliza de seguro que cubra el riesgo al medioambiente, obteniendo una autorización provisoria para iniciar el proyecto.

"Celco extiende una póliza de seguro de 230 millones de pesos y puede comenzar a operar con plena tranquilidad. Paga por adelantando los enormes daños al medioambiente que generará frente a la permisividad de las autoridades. El propio director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Bío Bío, Bolívar Ruíz, dijo que lo aprobado no tiene nada que ver con el fondo del proyecto. Cómo entonces se permite el inicio de las obras si aún no está claro el enorme efecto negativo de un emisario submarino en el mar. Si comienzan las faenas de la construcción al ducto, luego la Corema no podrá decir que no al grupo Angelini", agregó Claude.

El director ejecutivo de Oceana indicó además que "estos lamentables episodios nos demuestran no sólo el inmenso poder de Celco, sino también el problema generalizado que Chile tiene con los emisarios submarinos. Debe iniciarse urgentemente un debate serio en torno a los desechos que estamos depositando a lo largo de nuestro mar. Esto, evidentemente, debe traducirse en regulaciones que protejan al país de estos atentados ambientales".

Respecto al impacto de un emisario submarino, como el ducto que se pretende instalar en la zona costera de la Octava Región, la ingeniera ambiental de Oceana, Antonia Fortt, expresó que "esta práctica de desagües industriales se utiliza hace mucho tiempo en nuestro país y sus consecuencias han sido terribles para el medioambiente".