Madrid, (Ecoestrategia).- Ecologistas en Acción comparte las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en las que afirmaba que “el turismo de sol y playa tiene sus días contados”, ya que la gran presión urbanística a que se encuentra sometido el litoral es inaceptable ambientalmente e insostenible económicamente. Además la organización ecologista solicita al Ministerio de Medio Ambiente que se elaboré un Plan Estratégico para la gestión integrada de las zonas costeras.

La ocupación obsesiva de la proximidad al mar, de la primera línea de playa (la zona más frágil y sensible) está provocando, según Ecologistas en Acción, la destrucción de las playas o líneas costeras en las que se basa fundamentalmente el sector turístico. Este modelo turístico ha empezado a dar claras señales de agotamiento, como lo han puesto de manifiesto expertos del sector turístico y de la ordenación del territorio.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción considera urgente la elaboración por parte del Ministerio de Medio Ambiente de un “Plan Estratégico para la gestión integrada de las zonas costeras”, que tenga carácter legal vinculante, y que analice los diversos ecosistemas litorales y establezca medidas concretas para asegurar la protección de los más representativos.

Los casi 8.000 kilómetros de costa del Estado español sufren una gran presión de usos que afecta a sus valores naturales, especialmente al paisaje, con la permisividad de las administraciones competentes. Ecologistas en Acción responsabiliza de esta situación a las administraciones competentes, que se han plegado a los intereses de las empresas promotoras, autorizando crecimientos urbanísticos, regeneraciones de playa, la construcción de puertos deportivos y comerciales, ampliando las carreteras existentes, instalando campos de golf y parques recreativos, entre otras situaciones.

Ante estos hechos el Ministerio de Medio Ambiente ha desvirtuado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, permitiendo proyectos muy impactantes, las Comunidades Autónomas están incumpliendo la Ley de Costas permitiendo usos urbanísticos y cómputos de edificabilidad en la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo terrestre. Y muchos Ayuntamientos se ven abocados al círculo vicioso de tener que permitir nuevas recalificaciones y construcciones para disponer de ingresos. Además, los ayuntamientos costeros se lanzan a diseñar nuevos planes de ordenación antes de desarrollar y concluir los que tienen vigentes.

Málaga es insostenible, advierten Los Verdes

“Como cada vez se oye más en el propio sector turístico empresarial, en 10 años la Costa del Sol española se puede quedar vacía, no porque falten autopistas o campos de golf, sino porque el entorno físico y ambiental está llegando a un nivel de deterioro que deja sin calidad al producto que ofrecemos a los turistas”, señala un comunicado del grupo político Los Verdes de Málaga.

“Hay datos en nuestra castigada provincia que hablan solos: El 57% del suelo próximo al mar está ocupado por urbanizaciones y edificios, mientras Cádiz no llega al 30%. Las únicas poblaciones andaluzas que han urbanizado más del 80% de su costa son Fuengirola y Marbella, según señaló la Consejería de Medio Ambiente”, advierte Los Verdes.

Málaga es la primera provincia española en consumo de cemento y la cuarta en suelo urbanizado, primera de Andalucía tal como lo reveló el Diagnóstico Ambiental de la Provincia.

La ciudad posee además once puertos deportivos en 161 kilómetros de litoral y 42 campos de golf, el 53,2% de Andalucía (79) y el 15,6% de España (270).

El 42% de la provincia sufre ya los efectos de la desertificación y la pérdida de suelo y cubierta vegetal, lo que la coloca en cabeza de Andalucía, con Cádiz. Las zonas más dañadas son Los Montes, la Axarquía y la Serranía de Ronda.

Por otra parte, el número de vehículos privados se duplicó entre 1988 y 2001. Madrid y Valencia, son las únicas ciudades con más tráfico diario que Málaga. El 16,5% del año la calidad del aire es mala o muy mala en Málaga, mientras sólo el 8,2% es buena. Existen focos puntuales de contaminación atmosférica.

Así mismo, el consumo eléctrico en la provincia lleva aumentando entre un 11 y un 13% cada año desde 2000, con el record en Rincón de la Victoria: un aumento del 36% de 2001 a 2003. De energías renovables solo procede el 4% de todo el gasto energético malagueño, muy por debajo de la media española (5,7%), señala la Diputación Provincial.

El proceso natural de aporte de arena al litoral se ha reducido en un 75% en los últimos 30 años. Las presas y obras hidráulicas que agotan el caudal de los ríos, los muros de hormigón, los paseos marítimos, la destrucción de praderas marinas por la pesca de arrastre, los espigones y los puertos deportivos han alterado casi por completo la dinámica litoral, haciendo desaparecer dunas y playas, señaló la Academia Malagueña de Ciencias.

Por su parte, un 61,3% de la contaminación litoral procede de aguas residuales urbanas y un 32,2% de vertidos de hidrocarburos, con 80 hectómetros cúbicos de aguas con hidrocarburos (compuestos cancerígenos que se descomponen en 70-80 años) vertidas al mar cada año. Todo ello por la ausencia de depuradoras con fase terciaria, únicas que dejarían el agua limpia.

Las de Benalmádena y Fuengirola no dan abasto y la de Málaga está al límite de su capacidad. Por enfrentamientos partidistas están bloqueadas nuevas depuradoras como las dos del Bajo Guadalhorce.

Según el comunicado de Los Verdes, la huella ecológica hace de nuestro modelo de “progreso” y “desarrollo” un ejemplo de insostenibilidad, ya que la actividad productiva, económica y social en Málaga provoca una huella ecológica de 4,76 hectáreas/habitante, territorio que diariamente utilizamos para producir los recursos naturales necesarios y para asimilar los residuos que generamos. Dividiendo el territorio natural productivo malagueño por la población obtenemos una disponibilidad de 2,92 por hectárea y habitante (has/hab). Por tanto, el déficit ecológico es de 1,84 has/hab.

En otras palabras, son necesarias 3,22 provincias para mantener el ritmo de desarrollo. Ello pone a Málaga una vez más en lo más alto del podio de los más insostenibles, ya que la huella andaluza es 4,22 has/hab, y la española 3,3, según el Diagnóstico Ambiental de la provincia recogido en la Agenda 21.

Madrid, (Ecoestrategia).- La expedición a las montañas submarinas de Alaska, en la que participó Jon Warrenchuk -miembro del equipo científico de Oceana-, está pidiendo una moratoria para la pesca de arrastre en alta mar y la protección de las montañas marinas.

Y es que el caso de Alaska no es único. En la actualidad se encuentran seriamente amenazadas decenas de montañas marinas situadas en las cercanías de los archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores. En el último año, la Unión Europea ha permitido la pesca con arrastre de fondo en estos lugares en los que nunca se había utilizado una técnica de pesca tan agresiva.

Oceana, la primera organización internacional dedicada a la investigación y protección de los océanos, compuesta por científicos marinos, economistas, abogados y otros colaboradores está consiguiendo cambios específicos y concretos en la legislación para reducir la contaminación y prevenir el colapso irreversible de los stocks pesqueros, proteger a los mamíferos marinos y otras formas de vida marina, para ello ha pedido a la Comisión que revoque su decisión y proteja estos fascinantes ecosistemas, aún prácticamente desconocidos para la ciencia.

Mientras tanto, el más veterano de los sumergibles, el legendario “Alvin”, que permitió localizar y estudiar los restos del “Titanic”, ha vuelto a ser protagonista en la investigación de las profundidades marinas. El “Alvin” fue una herramienta fundamental en la expedición que, a bordo del buque “Atlantis” y hasta el 23 de agosto, se llevó a cabo en aguas de Alaska. El objetivo de los 24 expedicionarios, entre los que se encontraban el biólogo de Oceana Jon Warrenchuk, era recabar más información geológica sobre cinco antiguos volcanes submarinos -Giacomini, Pratt, Welker, Denson, y Dickens- sumergidos a más de 3.000 metros bajo el agua, y estudiar los corales de profundidad, así como otros animales asociados a estos importantes arrecifes, como peces, crustáceos, esponjas o microbios.

Según el expedicionario Jon Warrenchuk, existe una convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, pero aunque Estados Unidos la respeta, todavía no la ha ratificado. El Derecho del mar trata algunas actividades extractoras como la minería marina, pero no otras como la pesca en alta mar. En algunas zonas del océano el arrastre de fondo es un verdadero problema.

La organización, Oceana, pide una moratoria para la pesca de arrastre de fondo en alta mar mientras que no existan acuerdos que protejan zonas especiales, como los volcanes marinos.

Quito, Ecuador, (Prensa Verde).- Con la presencia de la activista ambiental internacional Bianca Jagger, peritos ambientales, y los abogados de la acusación y la defensa involucrados en el sonado juicio a la Chevron-Texaco, se dio inicio esta semana a las diligencias de inspección de más de 122 lugares en la Amazonia ecuatoriana, en los que se constatarán impactos ambientales derivados de las operaciones hidrocarburíferas de la compañía estadounidense en el país durante más de 20 años.

La primera visita será a dos pozos petroleros del Campo Sacha, en la provincia de Orellana, la cual contará con la presencia del presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Efraín Novillo. En éste despacho está radicado el proceso instaurado por más de 30.000 pobladores contra la Chevron-Texaco, a la cual acusan de graves daños al ambiente y a la salud durante los años en que operó en el país.

Bianca Jagger, defensora de los Derechos Humanos, comentó que "estamos frente al peor desastre producido en América por una petrolera. Existen 627 piscinas contaminadas y hay que constatar el impacto no solo en la Amazonía, sino en todas las redes fluviales del Ecuador" Las cifras que se manejan en la demanda con relación a posibles indemnizaciones son variables. El Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) ha referido cifras superiores a los mil 200 millones de dólares, pero expertos y analistas citan montos de entre 5 y 10 mil millones de dólares.

En el contexto del proceso, la petrolera estadounidense ha decidido acudir a un tratado suscrito en 1993, entre Estados Unidos y Ecuador denominado "Promoción y Protección Recíproca de Inversiones", a fin de solucionar controversias, por la vía de tribunales de justicia o arbitrajes. Y aunque Ecuador alega inmunidad, dicho acuerdo bilateral incluye varias excepciones a favor de Estados Unidos

El arbitraje busca que la estatal Petróleos del Ecuador comparta con la Chevron Texaco las responsabilidades de los daños ambientales, y puede ser obligatorio para el Ecuador, algo que desde el punto de vista legal aun no se dilucida.

El abogado Cristóbal Bonifaz, representante de los afectados, dijo que el arbitraje es inmoral e imposible de que llegue a parte alguna. "Creo que estamos frente a una estrategia del Gobierno ecuatoriano a favor de la Texaco, que quiere además intimidar al juez de la causa haciéndolo sentir culpable de que el país tenga que pagar 5.000 millones de dólares si falla en contra de la firma norteamericana", subrayó Bonifaz.

Ciudad de México, (Ecoestrategia).- Cáncer, malformaciones congénitas, diabetes, efectos adversos en los sistemas hormonal, inmunológico y nervioso central y problemas pulmonares, entre otros desórdenes en la salud, son algunas de las consecuencias que la errada decisión de incinerar millones de llantas de automóviles usadas en hornos de cemento podrían tener, advirtieron la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) y Greenpeace, a nombre de diversas organizaciones.

En una carta entregada al presidente mexicano Vicente Fox, 94 organizaciones ambientalistas y ciudadanas de México con el apoyo internacional de grupos de 24 países expresaron su rechazo al programa de quema de llantas usadas en los hornos cementeros debido al grave impacto ambiental y a los daños sobre la salud pública que tal medida tendrá.

Esta carta de protesta se elaboró como respuesta al anuncio hecho por el secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas Jiménez de enviar llantas de desecho de la ciudad de Tijuana a las empresas cementeras como parte de un programa fronterizo “de limpieza” de sitios abandonados. De acuerdo con este programa, se calcula que en principio y sólo en el área de la frontera más de 10 millones de llantas irán a los hornos cementeros, en el marco de un convenio establecido con la Cámara Nacional del Cemento y los gobiernos fronterizos, y con el aval de un convenio federal con la Semarnat que les permite quemar residuos como “combustible alterno” en la producción de cemento desde hace varios años. Es decir, esta cifra aumentará mucho más.

“Nos preocupa el impacto sobre el ambiente y sobre la salud que esta decisión tendrá; de hecho, los hornos de cemento en los que se incineran llantas como combustible alterno han demostrado producir mayores emisiones de dioxinas, mercurio, hidrocarburos poliaromáticos y metales pesados como plomo, zinc, níquel y vanadio, que las cementeras que usan carbón o gas como combustible”, afirmó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.

“Las organizaciones exigimos que se detenga la quema de llantas usadas en hornos de cemento en la región fronteriza; que se anule el convenio establecido entre la Semarnat y la Cámara Nacional del Cemento para quemar llantas y residuos peligrosos en cementeras; que se promueva la Producción Limpia en esta industria; que se tomen medidas de Extensión de la Responsabilidad del Productor (ERP) para que los fabricantes de llantas asuman la responsabilidad por sus productos durante todo su ciclo de vida, incluso cuando entran en desuso; que se clasifiquen las llantas como residuos sujetos a control en la legislación, para que se prohíba su importación, y que se incluya la participación y la consulta a la ciudadanía en este tipo de temas”, afirmó Fernando Bejarano, coordinador de RAPAM.

Las organizaciones destacaron que en vez de quemar llantas el gobierno debería promover a empresas que se dediquen al reciclaje no tóxico de llantas mediante su renovación (reencauchamiento), y al reuso para materiales de construcción, pisos y alfombras de gimnasio, asfalto, durmientes de tren, autopartes, pistas de atletismo, mangueras para riego, entre otros.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), "se requieren sólo 7 galones de petróleo para renovar (reencauchar) una llanta usada, comparado con 22 galones que lleva producir una nueva llanta."

“Las causas de la proliferación de los cementerios de llantas de desecho abandonados son la falta de control de las importaciones de Estados Unidos y la falta de responsabilidad de los fabricantes. Lo declarado por Cárdenas en el sentido de que con este programa se pone por delante la salud de la población es una mentira. Como en otros casos, con esta medida nuevamente la actual administración está subordinando el bienestar de la ciudadanía y la protección del ambiente, es decir el interés público, a los intereses de las empresas; ahora se está favoreciendo a las grandes corporaciones de la industria del cemento”, afirmó Calvillo.

De acuerdo con cifras oficiales, sólo en el año 2000 entraron a México más de 14 millones de llantas usadas procedentes de Estados Unidos. A partir de esa fecha se dejó de tener control sobre el número de llantas que entran al país.

El programa de quema de llantas en hornos cementeros incrementará la generación de dioxinas, que son contaminantes muy persistentes, tóxicos, que se acumulan en el tejido graso del cuerpo humano, incluida la leche materna, y que viajan grandes distancias, por lo que también contaminan y causan daños lejos de su fuente de origen. Es decir, en vez de resolver el problema de los residuos, lo agrava.

“El gobierno de México firmó y ratificó el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, lo que significa que por ley está obligado a tomar medidas para reducir de manera creciente y eliminar cuando sea posible la generación de dioxinas, y las tecnologías que las producen, entre ellas la quema de residuos en hornos cementeros. Sin embargo, lo que vemos es una política de Semarnat que alienta la generación de dioxinas, con un menosprecio por el impacto ambiental y la salud de la población, y que aleja a nuestro país de sus compromisos establecidos con la comunidad internacional”, advirtió Bejarano.

Cabe añadir que con el programa de quema de llantas el gobierno está infringiendo la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), aprobada por el Congreso en 2003, en la que se establece que la incineración sólo se considerará como opción de tratamiento en aquellos casos en los que no haya otra tecnología disponible. En el caso de las llantas sí hay tecnología de tratamiento disponible, como se explicó anteriormente.

Atenas, (Ecoestrategia).- Según la organización ambientalista Greenpeace las Olimpiadas de Atenas empezaron con una gran derrota, la de la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible. A pesar de que Grecia se comprometió a hacer de estas Olimpiadas 2004 las más verdes de la historia, los Juegos Olímpicos de Atenas hicieron pocas o ninguna concesión a la protección del medio ambiente.

Cuando Atenas todavía era una ciudad candidata, la posición oficial de las autoridades griegas era clara. Afirmaban que "los Juegos Olímpicos son un desafío y una oportunidad para la amplia puesta en práctica de programas y acciones ecológicas acordes con los principios de desarrollo sostenible... los proyectos serán realizados con el empleo de tecnologías y materiales ecológicos y esto será un pre-requisito en todas las ofertas relevantes".

Tales promesas hablaban de paneles solares, materiales de construcción reciclados y no tóxicos o reutilización de agua de lluvia. Pero a excepción del empleo de equipos de refrigeración con gases respetuosos con la capa de ozono en el transporte público, que ha mostrado mejoras impresionantes debido a las Olimpiadas, la apuesta ambiental de los Juegos Olímpicos de
Atenas es muy pobre. Atenas supondrá un retroceso muy importante en comparación con los progresos ambientales obtenidos en Sidney 2000.

El Comité Olímpico Internacional (COI) tenía la responsabilidad de asegurar que los Juegos Olímpicos tuvieran un mínimo impacto sobre el medio ambiente y dejasen una herencia positiva para los anfitriones. El Gobierno griego tenía el poder, el dinero y el tiempo para establecer normas y asegurar que las Olimpiadas Verdes se hiciesen realidad, señaló Greenpeace.

Los Juegos de Sidney fueron una puerta abierta a la esperanza. El Comité organizador eligió el proyecto de villa olímpica presentado por Greenpeace que incluía sistemas de suministro energético, transporte y gestión del agua y de los residuos con pautas sostenibles combinados con un compromiso en defensa de la biodiversidad (los terrenos sobre los que asentó la villa eran tierras muy contaminadas que se recuperaron con el proyecto).

La ciudad de 15.000 habitantes que se construyó mostraba al mundo que el desarrollo es compatible con la lucha contra el cambio climático, la disminución de la capa de ozono, la contaminación por productos y residuos tóxicos, la disminución de la calidad de vida y la pérdida de la biodiversidad.

"Tanto el COI como el Gobierno Griego han utilizado los criterios de sostenibilidad y ecológicos como un valor añadido a su candidatura y a la hora de la verdad han mostrado un alto nivel de indiferencia, incompetencia y falta de iniciativa. El gran perdedor en estos juegos es el planeta", declaró Mario Rodríguez, director de campañas de Greenpeace España.

La campaña de Greenpeace para conseguir los primeros Juegos Verdes en Sidney fue decisiva para asegurar que los Juegos Olímpicos del año 2000 promoviesen soluciones a los problemas ambientales. Además del proyecto de la villa olímpica Greenpeace logró que se incluyeran criterios medioambientales en todos los aspectos relacionados con la realización de los Juegos.

La energía necesaria para el funcionamiento del recinto donde se alojaban los atletas era de origen solar. Fue la zona residencial solar más grande del mundo y se vendió después como viviendas protegidas. La reducción del uso de PVC en los edificios mostró que hay alternativas prácticas a este plástico venenoso.

Por eso la falta de un compromiso medioambiental en Atenas es aún más asombrosa. La falta de energía limpia es uno de los mayores fracasos de las Olimpiadas. Los organizadores tenían la intención de generar toda la electricidad para la villa olímpica con energías renovables. Para un país que se vende como el lugar de la infinita luz solar, no debería ser difícil utilizar esta energía para los Juegos. Pero el uso de energías renovables en estas Olimpiadas es casi nulo.

"Esto demuestra que tiene que ser el COI quien exija a las ciudades candidatas que asuman los criterios ambientales y no se dejen en manos de la voluntad política de los países organizadores. Los Juegos Olímpicos son una oportunidad excelente y necesaria para transmitir a todo el mundo que el compromiso con el medio ambiente es una tarea global y el Movimiento Olímpico debe ser un abanderado", añadió Mario Rodríguez, director de campañas de Greenpeace España.

Brasilia, (Tierramérica).- El gobierno de Brasil propone conceder tierras amazónicas a privados para explotación forestal limitada. El debate parlamentario se anuncia turbulento. No se trata de privatizar, sino de “consolidar la soberanía nacional” sobre la Amazonia, dijo a Tierramérica el secretario de Bosques y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco.

La polémica tomó un aire absurdo. Hubo versiones periodísticas sobre un proyecto de "privatización" de la Amazonia brasileña, cuando el objetivo era el inverso: frenar la apropiación irregular de tierras públicas por particulares, que trae consigo deforestación.

Grupos ultranacionalistas alegan que el correspondiente proyecto de ley, cuya redacción aún no está terminada, entregará la Amazonia al capital extranjero. Pero funcionarios señalan que la propuesta legislativa, que parece ir a un turbulento debate parlamentario, tiene el propósito contrario.
Se trata de “consolidar la soberanía nacional sobre ese territorio”, dijo a Tierramérica el secretario de Bosques y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco.

El proyecto de ley propone crear un marco legal para la gestión y uso sustentable de los bosques en tierras del Estado, con tres modalidades. Dos de ellas ya son conocidas: las unidades de conservación y el uso comunitario por indígenas y pobladores tradicionales. La tercera y polémica es la concesión a privados para explotación forestal limitada.

Los estados amazónicos brasileños suman más de cinco millones de kilómetros cuadrados. De esa área, 25 por ciento ya es propiedad privada, y 29 por ciento está ocupada por unidades de conservación y reservas indígenas, detalló Capobianco.

El proyecto prevé seleccionar las áreas para concesión a madereras con "filtros poderosos" para que la explotación sea sustentable, y mediante un proceso gradual, que en los primeros diez años otorgará no más de 20 por ciento del área disponible, destacó.

La extracción de madera deberá regirse por criterios de eficacia probada en bosques tropicales, con un límite de cinco a seis árboles por hectárea, es decir tres por ciento de los árboles adultos, cada 25 o 30 años, apuntó Capobianco.

Podrá disputar las licitaciones cualquier empresa constituida en el país, aunque sea controlada por capital extranjero, y no habrá privatización, porque la propiedad de la tierra seguirá siendo pública, alegó.

La condena tajante partió de nacionalistas como Aziz Ab'Saber, geógrafo y respetado ambientalista de 79 años. "Estoy en contra, es el comienzo de un plan estratégico de ocupación de la Amazonia, de su internacionalización", dijo a Tierramérica Ab'Saber.

El Ministerio de Medio Ambiente cedió a "presiones extranjeras" y adoptó un modelo que "dañará la biodiversidad e interesa sólo a los empresarios, principalmente internacionales", afirmó.
Hay en la Amazonia experiencias locales exitosas que podrían multiplicarse para promover el desarrollo sustentable y combatir la deforestación, sostuvo el geógrafo.

En la base del problema está una situación legal caótica de la Amazonia, donde casi la mitad de las tierras son públicas pero sin propiedad registrada, dijo a Tierramérica el coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña, Roberto Smeraldi.

Actualmente hay una privatización fraudulenta de esas tierras, al amparo de una norma que permite a organismos gubernamentales reconocer la propiedad de áreas de hasta dos mil 499 hectáreas a quienes aleguen ser sus poseedores de hecho, explicó Smeraldi.

Eso favorece ocupaciones, muchas veces "con violencia y expulsión de pequeños agricultores", que amplían el dominio privado de las tierras sin beneficio para el Estado, que es su verdadero dueño, señaló.

Hay dos razones básicas a favor del mecanismo de concesión, dijo Smeraldi a IPS. Por un lado, 99 por ciento de los planes presentados para uso sustentable de recursos naturales amazónicos son rechazados por "falta de documentación adecuada de la propiedad", y la actual inseguridad jurídica aleja a empresarios "bien intencionados", atrayendo a los "dispuestos a todo", sostuvo.

La segunda razón, según Smeraldi, es que concesiones prolongadas y renovables estimularán la inversión a largo plazo, si "se hace un buen trabajo".

Aunque no es seguro que las concesiones sean económicamente viables, ya que el manejo sustentable puede ser más costoso que la extracción ilegal de madera, razonó el ambientalista Jean Pierre Leroy, de la ONG Fase.

Pero el director de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente, Tasso de Azevedo, replicó que los concesionarios se ahorrarán la compra de tierra, y contarán con materia prima y tranquilidad aseguradas, además de créditos para adquirir equipos y posibilidad de planificar a largo plazo cómo procesar la madera, aprovechar subproductos y extraer otros también resinas, aceites y frutos.

El Ministerio responde así a la denuncia presentada por Greenpeace, cuyos representantes mantuvieron una reunión con el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), ratificado por España el 28 de mayo de 2004, establece ciertas restricciones a la producción y el uso de DDT, pesticida que se fabrica en España, en concreto en la fábrica Montecinca.

El Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con el principio de precaución, en el mismo momento de la entrada en vigor del citado Convenio (ha entrado justo en vigor el 26 de agosto), insta a la empresa, además de a realizar la citada evaluación de riesgos, a iniciar lo antes posible los trámites necesarios para la obtención en la Comunidad Autónoma de Aragón de la Autorización Ambiental Integrada, de acuerdo con la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Asimismo, le exige la remisión inmediata de información sobre la fecha límite de producción de dicofol con utilización de DDT en sus instalaciones, sobre las medidas contempladas para la producción de sustancias alternativas al dicofol y sobre el estado de contaminación de los suelos de la instalación.

Después de la reunión mantenida entre representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro con los de Greenpece, la citada Confederación, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a adelantar la fecha de inicio de revisión de la autorización de vertidos concedida a Montecinca (un proceso en el que podrá participar la organización ecologista) así como a intensificar sus campañas de muestreo de los vertidos industriales de esta empresa para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente.

La Confederación Hidrográfica, además, ha ofrecido a Greenpece la posibilidad de colaborar en el seguimiento y realización de nuevas campañas de muestreo y estudio de peces que se emprenderán en los próximos meses.