Santiago, (Ecoestrategia).- Hoy Chile es, en el mundo, el mercado más activo para la venta de los llamados "bonos de carbono", una suerte de certificados de descontaminación expendidos por firmas como Codelco, Metrogás, Chilquinta, Cementos Bío Bío, CCU, Guacolda, KDM, y Soprole, entre muchas otras, y que son comprados por sus pares en el mundo desarrollado para así contaminar, pero con permiso.

La lógica es simple: se descontamina en un lugar, en este caso Chile, para poder realizar emisiones -de carbono- en otro. Según Jaime Dinamarca, gerente de Medio Ambiente de la Sofofa, hoy son activos demandantes de estos certificados Japón, Holanda, Alemania y Canadá, pero se prevé que el mercado despegará a partir de este año, cuando el Protocolo de Kioto sea válido para los países que representan más del 50% de las emisiones contaminantes en el mundo. Esto sucederá cuando el mandatario ruso Vladimir Putin estampe su rúbrica en el texto.

Este hecho, según Dinamarca, disparará las cotizaciones de los bonos, que hoy se transan a US$ 3 dólares, pudiendo superar los US$ 10. Las empresas chilenas se preparan para esta coyuntura y, según el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, hoy son más de 20 las que tiene proyectos con los cuales se pueden transar los "bonos de carbono".

Fundación Chile ha pesquisado más de 30 en los catastros de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y tiene otros tantos que promueve de forma independiente. En total, estas iniciativas suponen unos US$ 100 millones, dice Ana María Ruz, de Fundación Chile, cuyos cálculos son considerados moderados en la industria, que prevé cerca de US$ 400 millones en la próxima década.

Por ejemplo, Agrosúper planea vender bonos hasta US$ 30 millones y Andrés Varela, consejero de la Cámara Chilena de la Construcción, dice que sólo en un proyecto que contempla 100 viviendas y 10 edificios con uso eficiente de la energía -llamada "edificación inteligente"- se pueden transar bonos por US$ 100 millones.

El negocio prende. Metrogás, por ejemplo, está instalando en la fábrica de Watts Alimentos un equipo que genera calor y electricidad con gas natural. Además de lo que supone el contrato, Metrogás venderá, por este equipo, "bonos de carbono". Y esto se replica en varias compañías.

Tokio, (Agencias).- Chubu Electric Power y Mitsubishi Heavy Industries han puesto en marcha la primera planta piloto de Japón que produce un combustible a base de alcohol, procedente de biomasa y residuos biológicos como la madera.

La planta situada en la ciudad de Kawagoe, sólo estará operativa una semana cada mes hasta el mes de noviembre, ya que se trata de un proyecto piloto, y producirá veinte litros de metanol procedente de dos toneladas de residuos forestales al día.

La biomasa forestal ha llamado la atención en Japón como fuente de energía, porque el país nipón podría ser autosuficiente en el caso de que se desarrolle este tipo de combustible, reduciendo la dependencia exterior de carburantes. Adicionalmente, el desarrollo de este combustible facilitaría la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), causantes del cambio climático.

Hasta el momento los combustibles procedentes de la biomasa sólo han sido utilizados en pequeñas áreas, ya que ocupan bastante espacio, lo que dificulta su transporte. Sin embargo, la nueva tecnología desarrollada en esta planta convierte la biomasa forestal en líquido, fácil de transportar, almacenar y manejar.

Además el combustible que genera se puede aplicar a las pilas de combustible y los sistemas de cogeneración como sustituto del diésel y del gas natural licuado.

Madrid, (Ecoestrategia).- Apheis ha publicado los últimos resultados de su informe sobre el impacto de la contaminación atmosférica por partículas en la salud en 26 ciudades de 12 países europeos. Las nuevas evidencia proporcionadas por la tercera fase del programa Apheis confirman las del anterior informe: que la contaminación atmosférica continúa planteando una amenaza significativa para la salud pública en el medio ambiente urbano europeo.

Para ampliar y profundizar el anterior informe sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la salud, la fase Apheis-3 incluyó en su análisis nuevas fuentes de datos sobre la contaminación atmosférica y salud. En concreto, en este nuevo informe, se agregaron los datos para las PM2.5 (partículas de menos de 2.5 micrómetros de tamaño) a las de Humos Negros y PM10, de los estudios anteriores, además de investigar la mortalidad por causas específicas (cardiovasculares, cáncer de pulmón y las muertes por problemas respiratorios) así como la mortalidad total. Además de calcular el número atribuible de muertes en un plazo determinado de tiempo, Apheis-3 también calculaba el aumento potencial de la esperanza de vida.

Apheis-3 reveló que una reducción de los niveles de PM2.5 a 15 µg/m3 produce una mejora en términos de mortalidad, tanto total como por causas específicas, superior al 30% de la que produce una reducción a 20 µg/m3.

En concreto, Apheis-3 estimaba que 11.375 “muertes prematuras”, incluyendo 8.053 muertes por causas cardiopulmonares y 1.296 muertes por cáncer de pulmón, podrían evitarse anualmente si la exposición a largo plazo a una media anual de los niveles de PM2.5 se redujera a 20 µg/m3 en cada ciudad; y que 16.926 “muertes prematuras”, incluyendo 11.612 muertes por causas cardiopulmonares y 1.901 muertes por cáncer de pulmón, podrían evitarse anualmente si la exposición a largo plazo de PM2.5 se redujera a 15 µg/m3.

En términos de esperanza de vida, si el resto de parámetros no se modificaran y la media anual de PM2.5 no superara los 15 µg/m3, el aumento potencial en la esperanza de vida de una persona de 30 años estaría, como media entre 2 y 13 meses, debido a la reducción en mortalidad total.

Estos resultados, que indican la ventaja de reducir las PM2.5 a 20 ó 15 µg/m3 son particularmente relevantes en unos momentos en los que se están discutiendo los nuevos valores límites para las PM2.5 como parte del proceso legislativo sobre el Aire Limpio en Europa y las nuevas directivas hijas sobre Calidad del Aire.

Por razones de salud pública este estudio recomienda 15 µg/m3 como valor límite para las PM2.5, pero dado que este valor tiene un impacto significativo en la salud, se aconseja la reducción de la contaminación atmosférica a niveles incluso inferiores a 15 µg/m3.

Con respecto al impacto de la exposición a PM10 a muy corto, corto y largo plazo, en las 23 ciudades incluidas en este informe y que midieron PM10, que afecta a casi 36 millones de habitantes, sin variación en otros parámetros, si la exposición a concentraciones en el aire de PM10 se redujera a 20 µg/m3 en todas las ciudades, se podrían evitar anualmente 2.580 muertes prematuras, incluyendo 1.741 muertes por causas respiratorias y 429 por causas cardiovasculares, si el impacto se calcula únicamente a muy corto plazo. A corto plazo, sería superior al doble, alcanzando las 5.240 muertes prematuras evitadas al año, incluyendo 3.458 por causas cardiovasculares y 1.348 por problemas respiratorios. El impacto a largo sería incluso más alto, alcanzando las 21.828 muertes prematuras evitadas anualmente.

Sobre a la capacidad de las ciudades europeas del proyecto para alcanzar estos valores en el futuro y reducir el impacto de la contaminación atmosférica en la salud, Apheis-3 determinó que, mientras que en la mayoría de las 26 ciudades estudiadas bajaron de 40 los µg/m3 de media anual fijados por la legislación actualmente en vigor como el valor límite para PM10 para todos los Estados miembros de la Unión Europea antes de 2005, 21 ciudades todavía superaron el valor límite para el 2010 de 20 µg/m3. No obstante, nueve ciudades se acercaron a este último valor.

Madrid, (Ecoestrategia).- La Ministra Cristina Carbona, presentó el programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente, que reúne todas las políticas ligadas a la gestión sostenible del recurso, englobando así las actuaciones inversoras para incrementar la disponibilidad del recurso a futuro.

El programa A.G.U.A. incorpora además actuaciones en el conjunto del territorio nacional que afectan a todas las políticas y ámbitos directa e indirectamente ligados a la disposición y gestión sostenible del agua en el marco de los objetivos anteriormente establecidos.

Del conjunto de las mismas, y de forma prioritaria y urgente, se han puesto en marcha las actuaciones ligadas a los territorios del litoral mediterráneo.

Para la provincia de Málaga está prevista la remodelación y puesta en servicio de la desaladora de Marbella y la desalación en la Costa del Sol. Igualmente la corrección de vertidos salinos al embalse de Guadalhorce, la reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol y en una primera fase la reutilización de aguas residuales en la ciudad de Málaga. El conjunto de actuaciones en la provincia para la mejora del recurso hídrico será de 75 Hm3 al año con una inversión de 157 millones de euros.

Así mismo, para la Provincia de Almería se ha previsto la Desaladora del Campo de Dalías, la Desaladora en Níja, la Desaladora en el Bajo Almanzora, la desaladora de agua de mar de Carboneras. 2ª fase y la Desalación en el Poniente Almeriense, así mismo, la modernización de la infraestructura hidráulica de los regadíos de la comarca de Los Vélez. El conjunto de actuaciones en la provincia para la mejora del recurso hídrico será de 165 Hm3 al año, con una inversión de 157 millones de euros.

Para la Comunidad Autónoma de Murcia se tiene proyectado la Desaladora del Campo de Cartagena, planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo/Segura, la ampliación de la desaladora de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Murcia, la planta desaladora en el Guadalentín, la planta desaladora para riego en Murcia, la desalación del Campo de Cartagena (red de distribución), medidas urgentes para dotar de recursos al Altiplano y medidas urgentes para dotar de recursos al Alto Guadalentín. La inversión para Murcia sería de 402 millones de euros.

Por su parte, la provincia de Barcelona implementará balsas de regulación para las ETAP de Sant Joan Despí y Abrera, ampliación y mejora del tratamiento en la potabilizadora de Abrera, balsas de recarga en el acuífero del Bajo Llobregat, descontaminación del acuífero del Besòs, abastecimiento desde la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada, prolongación de la conducción Abrera/Fonsanta hasta el Prat de Llobregat, programa de ahorro y gestión sostenible: Mejora de la estanqueidad de las redes de abastecimiento. La inversión para Barcelona superan los 600 millones de euros.

El informe completo del ministerio destaca las actuaciones que se realizarán en las provincias de Albacete, Alicante, Tarragona, Valencia, Castellon, y Girona.

Sin embargo, la presentación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de su programa A.G.U.A. ha sorprendido a Greenpeace, pues en él no se tienen en cuenta ninguna de las alternativas, que a petición del propio ministerio, fueron planteadas por la organización ecologista el pasado mes de mayo en relación con la derogación del trasvase del Ebro. En cambio parece consolidar de nuevo una oferta ilimitada favorecedora de la especulación y el negocio del agua.

Greenpeace planteó el pasado mes de mayo en su documento sus dudas sobre los datos en que el ministerio se había basado para calcular el volumen de agua ofertado; la necesidad de incentivar el ahorro y frenar la demanda; la prevención de la contaminación de agua en origen, que está haciendo que desechemos gran parte de los recursos hídricos existentes de las cuencas mediterráneas y su preocupación por los aportes de nuevos caudales por medio de desalación.

Sin embargo, el programa A.G.U.A. recoge íntegramente las actuaciones expuestas en el Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio. Sería necesario plantear estrategias y políticas encaminadas a solventar los problemas de escasez y utilización racional del agua en todo el territorio nacional, estudiando las necesidades reales de la misma. El programa presentado por el Gobierno, apuesta en más de un 50% en la desalación, y debería evaluar previamente qué medidas se pueden tomar para mejorar el ahorro y la eficiencia en la gestión del agua. La desalación sólo debe usarse para consumo humano y en casos donde ninguna otra solución sea posible.

Para Greenpeace el programa del Ministerio de Medio Ambiente debería evaluar y ejecutar en primer lugar las medidas encaminadas a mejorar el ahorro y la eficiencia en la gestión del agua, y no apostar tan claramente por la construcción de nuevas plantas desaladoras. Ello pasaría también por el control de los regadíos ilegales, la mejora de los canales y redes de distribución de agua (que actualmente presentan pérdidas de más del 30%), el fomento de la reutilización de aguas residuales para riegos y una política de precios del agua que fomente el ahorro.

Madrid, (Agencias).- Tres años después de que la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/Adena) presentara una Queja ante la Comisión Europea, ésta da la razón a los ambientalistas y lleva a España ante el Tribunal de Luxemburgo por apreciar que el anterior Gobierno incumplió su obligación de transponer correctamente al ordenamiento jurídico la Directiva 97/11/CE (Directiva relativa a la Evaluación de las Repercusiones de determinados Proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente), creando así indefensión para los ciudadanos y viciando el proceso de evaluación de impacto ambiental.

La Queja de WWF/Adena se remonta al 23 de mayo de 2001. Como consecuencia de la misma, la Comisión envió en diciembre de 2001 carta de emplazamiento al Gobierno español. Tras sucesivos intercambios de información con las autoridades españolas y ante la falta de avances, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión emitió dictamen motivado, señalando las obligaciones incumplidas y dando un plazo para corregirlas. Ante la falta de respuesta, la Comisión ha llevado el caso ante el Tribunal de Luxemburgo, tal como WWF/Adena acaba de saber.

En la Queja de WWF/Adena se denunciaba la incorrecta transposición de la Directiva 85/337/CEE (reformada por la Directiva 97/11/CE) en dos aspectos fundamentales, en los que la Comisión ha dado la razón a la organización: La legislación española no obliga a publicar la resolución de autorización de la obra, ni el contenido de la decisión de concederla o no ni las condiciones que lleva a aparejadas, lo que infringe el artículo 9 de la Directiva. La consecuencia es que el público no tiene conocimiento de la decisión final respecto al proyecto, y no puede manifestar su opinión ni reclamar contra la decisión, causando una evidente indefensión.

Así mismo, Ha habido un incumplimiento de la Disposición transitoria única de la Directiva, al haberse retrasado en un año y medio la fecha desde la que los proyectos deben ser sometidos a evaluación, lo que ha permitido eximir a proyectos de las exigencias impuestas en la Directiva.

“Estamos muy satisfechos con la decisión de la Comisión. La legislación de impacto ambiental es la única herramienta con la que cuentan los ciudadanos y el medio ambiente para protegerse de determinados proyectos, y durante años, como reconoce la Comisión, los procesos de evaluación de impacto ambiental en España no han contado con las suficientes garantías”, ha declarado Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena. “Ahora es urgente que el nuevo Gobierno cumpla con su compromiso público de adecuar esta legislación a los estándares europeos”, concluyó.