| Puerto
Ayora, Islas Galápagos, Ecuador, (Prensa Verde).-
Un panorama incierto sobre el futuro de las Islas Galápagos,
y sobre la conservación de sus ecosistemas marinos
y terrestres, es el marco de una polémica decisión
de la Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM) de este
prodigioso laboratorio científico natural, que autorizó
a 980 pescadores artesanales durante 60 días a extraer
4 millones de pepinos de mar, un recurso considerado clave
para el equilibrio ecológico de este archipiélago
declarado por la UNESCO "Patrimonio de la Humanidad"
en 1979.
Cuando en 1999 el Ministerio del Ambiente reguló
la captura de holoturias e inició un plan piloto
para realizar una explotación racional del apetecido
recurso marino, pocos imaginaron las dimensiones del conflicto
que estaba en ciernes. Menos aún, las connotaciones
que tendría para quienes de manera directa o indirecta
protagonizan el quehacer ambiental en las islas: la comunidad
científica, los pobladores, las organizaciones ambientalistas,
los pescadores, los empresarios turísticos, y las
propias autoridades de este archipiélago ubicado
a 1.000 kilómetros al oeste del litoral ecuatoriano
en el Océano Pacífico.
La medida adoptada parece cerrar otro capítulo de
una acalorada polémica de larga data con relación
a las holoturias, una especie cuya finalidad es reciclar
nutrientes y oxigenar el fondo marino. En ella están
enfrascadas principalmente las entidades ambientalistas,
las cooperativas de pescadores artesanales, y el propio
Gobierno ecuatoriano –situado al medio en el complejo
papel de árbitro del litigio-.
La conservación en juego
El conflictivo tema, sobre el cual ya resultan inocultables
ante la opinión pública los poderosos intereses
políticos y económicos que lo motivan, ha
mostrado en los últimos meses varias facetas: desde
declaraciones altisonantes de los portavoces de los pescadores,
y la adopción de medidas de hecho en varios lugares
del archipiélago, hasta comentarios de prensa, declaraciones
y análisis de expertos sobre un asunto en el que
gravita nada más ni nada menos que la conservación
del Parque Nacional Galápagos (PNG) y su Reserva
Marina (RMG) de unos 144.000 kilómetros cuadrados,
y el propio desarrollo sostenible de las llamadas “islas
encantadas".
El ministro del Ambiente, Fabián Valdivieso, un
talentoso diplomático de carrera y reconocido como
un habilidoso negociador, admitió que "la decisión
de la AIM puede contener errores, pero sucede que se debe
ceder para pedir algo a cambio (...) Permitir la pesca de
pepinos con las regulaciones acordadas puede no ser lo más
acertado desde el punto de vista técnico, pero resulta
imposible no dar una alternativa económica a los
pescadores artesanales".
El alto funcionario justificó así la autorización
de permitir el faenamiento de los equinodermos en la isla
Fernandina, donde se había negado inicialmente debido
a que es un importante semillero de la especie, y en la
actualidad allí su densidad es baja. De igual manera,
el aceptar la pesca de individuos de una longitud de 20
cms en fresco, o de 7 centímetros en salmuera –cocinado
en agua y sal-, pues a juicio de los ambientalistas "esto
dará paso a que se extraigan pepinos sin alcanzar
su madurez y sin que se haya cumplido su ciclo reproductivo"
Según los expertos, "las productivas aguas
costeras de las Galápagos contienen toda la cadena
alimenticia –llamada cadena trófica-, que se
extiende desde el plancton, pasando por organismos como
el pepino de mar y los erizos, hasta los tiburones y las
ballenas, además de aves terrestres, plantas e insectos
(...) Cada uno depende del otro: el lobo de mar, por ejemplo,
consume peces, lo mismo ocurre con aves marinas como la
fragata o los piqueros. Todos cumplen una función
específica".
Opiniones irreconciliables
Pero en el contexto descrito, los involucrados esgrimen
sus argumentos. El Comité Ecuatoriano de Defensa
de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), que agrupa
a varias decenas de instituciones ecuatorianas que trabajan
por la conservación de los ecosistemas, advierte
que "a inicios de este año varios estudios -en
los que participaron de manera conjunta las cooperativas
de pescadores y las ONGs ambientalistas-, determinaron la
imposibilidad de pescar más allá de 450.000
pepinos, ante la baja densidad poblacional del recurso".
Otra objeción a la extracción está
relacionada con el parámetro denominado "Captura
por Unidad de Esfuerzo (CPUE), que mide la abundancia de
pepinos y se expresa en los kilogramos de holoturias que
un buzo puede recolectar en una hora de pesca. Según
la Fundación Charles Darwin, el CPUE ha disminuido
drásticamente desde 1999. En dicho año, un
pescador capturaba en promedio 57 kilogramos, pero luego
de cinco años de extracción intensiva es de
26 kilogramos, esto es, existe una reducción del
54.4%.
"Se ha adoptado una decisión política,
no basada en evaluaciones científicas, a fin de evitar
que se generen conflictos. No nos oponemos a una vida digna
de los pescadores, pero ellos mismos se van a ver afectados.
La situación es muy complicada. Son los intereses
de unos pocos contra los intereses de la humanidad",
señaló por su parte Xavier Bustamante, Director
Ejecutivo de la Fundación Natura.
La otra cara de la moneda son las apreciaciones de los
dirigentes de los pescadores artesanales. Rogelio Guaycha,
presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras
del Archipiélago, y quien por cierto es parlamentario
alterno en el Congreso Nacional del Ecuador, junto con otros
dirigentes sostiene que "no tenemos argumentos técnicos
y científicos para refutar los estudios de los conservacionistas,
pero cada año les demostramos que están equivocados
con las capturas que logramos en las islas".
Y recalca en tono de inconformidad: "La AIM no nos
ha favorecido con los parámetros y limitaciones establecidas
en volúmenes y sitios de pesca, porque el sector
pesquero está consciente de que las holoturias no
están en peligro de extinción en las islas".
Se trata de un señalamiento con el que Guaycha
-que ha dado una dura batalla legal en "defensa de
los intereses del sector"-, justifica lo que seguirá
siendo una exigencia indeclinable en el corto y mediano
plazo: la extracción ilimitada y sin restricciones
del pepino de mar en las aguas de las islas Galápagos.
De hecho está por verse que ocurrirá durante
los años 2005 y 2006, en los cuales la AIM decretó
unas veda, la cual solo podría levantarse dependiendo
del estado del recurso y de estudios participativos de la
población, a los cuales no parecen ser muy afectos
los gremios pesqueros de la provincia insular.
Las cifras del negocio
Para un observador desprevenido, las cifras que se manejan
en la comercialización de los pepinos de mar no le
resultarán despreciables. Según Marco Escarabay,
pescador de la isla San Cristóbal, "este año
esperamos utilidades de al menos 10 millones de dólares".
La demanda sigue siendo muy alta especialmente en los países
asiáticos, Corea, Singapur y Taiwán, entre
otros, donde el kilogramo llega a cotizarse hasta en 150
dólares. En las islas se cotiza entre los 25 y los
50 dólares, lo que no deja duda de que se está
frente a un negocio altamente lucrativo.
Lo que viene
A juzgar por las opiniones de quienes de manera directa
o indirecta tienen que ver con la conservación de
las Islas Galápagos, un exótico archipiélago
conformado por 19 islas grandes, 27 islotes y 50 ó
más peñascos o rocas, los desafíos
para su conservación y el desarrollo sostenible son
enormes. Una muestra de ello es la conflictiva situación
de la pesca de los pepinos de mar, algo aun lejano de resolverse.
La responsabilidad más grande, sin duda, la tiene
la Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM), que debe
legitimar su rol e insistir en la búsqueda de opciones
económicas interesantes para los pescadores. A la
vez, incentivar la educación y la comunicación
sobre los riesgos que se insinúan no solo con relación
con las holoturias, sino con otras amenazas sobre las islas,
como son la pesca ilegal de tiburón para extraer
sus aletas, el alto crecimiento demográfico –6.4%
anual-, y la sobrecarga turística.
Tareas no menos apremiantes en la búsqueda del desarrollo
sostenible le caben al estatal Parque Nacional Galápagos
(PNG), que debe manejar y administrar el 97% de la superficie
terrestre de las islas y la RMG, y al conjunto de organizaciones
ambientalistas nacionales e internacionales que conforman
la llamada "Alianza por Galápagos".
Todas tienen ahora por delante tareas claves en materia
de investigaciones, capacitación, asesoría
técnica y educación ambiental. Pero el camino
luce sinuoso y será una labor de largo aliento.
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