Ciudad de México, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- Según la organización ecologista Greenpeace con sede en México, la decisión del Presidente Felipe Calderón de recortar el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente es un error y falta de visión a corto, mediano y largo plazo ante las amenazas que hoy atentan contra la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales de México.

Sin embargo, la seguridad y el gasto social son la prioridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación planteado por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados. En un presupuesto que asciende a los 2 billones 234 mil 374 millones de pesos para el ejercicio del primer año de gobierno de Calderón, a la Semarnat se le asigna un presupuesto de 22.4 millones de pesos, lo que equivale a una reducción de 21.0 por ciento con respecto a lo ejercido en el 2006.

Del total del presupuesto, más de la mitad, 14 mil 671 millones de pesos, es asignado para la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría que arranca con deudas a millones de mexicanos que carecen de agua por políticas deficientes, según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de estos 22 mil 362 millones 75 mil pesos asignados, nueve mil 510 millones 556 mil pesos los utilizaría para el rescate de bosques y selvas e incremento en la eficiencia del uso del agua en los distritos y unidades de riego; rescate que fue un fracaso durante el sexenio de Vicente Fox, puesto que se perdieron 3 millones 600 mil hectáreas de bosques y México encabezó la quinta tasa de deforestación a nivel mundial; esto con un presupuesto 21% mayor al que se tendrá durante el próximo 2007.

En los próximos 6 años son mucos los problemas que tendrá que enfrentar la Semarnat, pero el hecho que le haya sido recortado el presupuesto en un 21% deja mucho que decir. Significa que no hay intención alguna de encausar la política mexicana hacia un desarrollo sustentable, la cual tendría que estar liderada por la Secretaría de Medio Ambiente en sinergia y transversalidad con las demás Secretarías para aplicar la ley a aquellas cuyas acciones y actividades afectan al medio ambiente.

Bogotá, 9/12/2006, (IPS).- El gobierno colombiano aprieta el acelerador de la generación de biocombustibles, en una mezcla inestable de auge de energías limpias, avance de monocultivos y despojo de tierras de minorías protegidas, práctica habitual en el conflicto armado de este país.

La producción de combustibles a partir de ciertos cultivos, una alternativa de energía limpia que atrae cada día más interés mundial, en Colombia está teñida por la guerra de más de cuatro décadas y por denuncias de violaciones a los derechos humanos y al ambiente.

En 2008, este país producirá 645.000 toneladas anuales de biodiésel extraído de la palma aceitera, como resultado de ocho megaproyectos, cuatro de ellos ya en ejecución y el resto en carpeta, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

La producción de biodiésel se sumará a la de etanol, alcohol carburante extraído de la caña de azúcar, que en Colombia se utiliza desde 2005, con cinco plantas en funcionamiento y una producción mensual de 25 millones de litros que surten al suroccidente del país y a Bogotá, confirmó a IPS el ingeniero Johan Martínez, de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar.

El etanol, cuya combustión emite menos gases nocivos que los derivados del petróleo, ya se utiliza mezclado con la gasolina en una proporción de 10 por ciento, con una perspectiva de llegar a 25 por ciento en un plazo de 20 años.

De manera simultánea, se adelantan proyectos para extraer etanol de otros vegetales, yuca, papa y remolacha, cuyo cultivo masivo se realizará en zonas alejadas de selvas y bosques, y por tanto no los pondrán en riesgo, afirma el Ministerio de Agricultura. Mientras, la extensión de plantaciones de palma aceitera es acompañada de críticas crecientes dentro y fuera del país.

En Colombia hay 285.000 hectáreas de cultivos de palma africana, principal cultivo destinado a producción de biocombustibles, informó Fedepalma.

Al iniciar su segundo mandato consecutivo, en agosto de este año, el presidente Álvaro Uribe anunció su propósito de alcanzar en los próximos cuatro años un millón de hectáreas de palma, cuya expansión se ha sostenido desde mediados de los años 60.

En 2003 había 118.000 hectáreas del monocultivo. Tres años después, la superficie es más del doble.

La palma se concentra especialmente en inmediaciones de la costa norte y Caribe del país, en los departamentos del Magdalena y Sucre, en la costa del océano Pacífico, departamento del Chocó -el de mayor biodiversidad del país, según el Ministerio de Medio Ambiente- y en los Llanos del centro-oriente.

La gravedad de las denuncias llevó al Ministerio de Agricultura a crear en abril una unidad de investigación, según la cual "por lo menos 25.000 hectáreas aptas para el cultivo de palma de aceite, (que habían sido) adjudicadas por el Estado a comunidades negras, fueron adquiridas por particulares a través de títulos ilegítimos".

Pese a las constataciones de esa cartera, la ampliación de cultivos de palma aceitera es fomentada por el proyecto de Ley de Desarrollo Rural o Ley de Tierras, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado en octubre por la Comisión Quinta del Senado. La Cámara de Representantes podría tratarlo en el primer trimestre de 2007.

Acerca de las adquisiciones ilegítimas de tierras, el procurador general Edgardo Maya dijo al semanario El Espectador que son prácticas "ajenas a los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, por el contrario, pueden contribuir a legalizar y legitimar conductas contrarias a sus derechos territoriales, en varios casos con participación activa de grupos armados al margen de la ley".

IPS procuró con insistencia conocer la opinión de los cultivadores e industriales agrupados en Fedepalma acerca de las denuncias, pero la única respuesta que obtuvo fue el envío de información sobre los beneficios sociales y económicos de la producción de biodiésel que, por otra parte, pueden ser consultados en el sitio web de la entidad.

Santiago de Chile, 9/12/2006, (IPS).- Por primera vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluyó en su panorama social de la región un capítulo dedicado a los pueblos indígenas en el que invita a reconocer sus derechos, incluido el de la autodeterminación.

"Si bien en la mayoría de los Estados de América Latina se han registrado cambios constitucionales y legislativos tendientes a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, el balance es crítico, ya que se constata la falta de eficacia y el incumplimiento de las normas", concluyó el informe que anualmente elabora esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En América Latina existen 671 pueblos indígenas reconocidos por los Estados y, de acuerdo a la información recopilada en los censos de 2000, las personas autoidentificadas como indígenas superan los 30 millones. La heterogeneidad es enorme entre etnias y países.

Perú, México, Bolivia y Guatemala son los países que tienen mayor población indígena, entre 8,4 y 4,6 millones de personas. Les siguen un grupo de cinco naciones, entre ellas Chile, que poseen entre 500.000 y un millón. Más abajo se ubican ocho naciones, como Argentina y Uruguay, que no superan el medio millón de personas.

La mayoría de estas etnias viven en tierras ancestrales, sobre todo rurales, pero una serie de factores -como pobreza, degradación de suelos, invasión de colonos e intereses de empresas nacionales e internacionales- están motivando la migración hacia otras zonas e urbes.

La Cepal apunta que se trata en general de poblaciones jóvenes o muy jóvenes, con mayor fecundidad que el resto de los habitantes de los países. Además, se destaca la irrupción de los pueblos originarios como actores sociales y políticos en los últimos 20 años.

"A raíz del posicionamiento de los movimientos indígenas frente a las agendas de desarrollo y los Estados, se produjeron en los últimos años una serie de cambios constitucionales y avances legislativos muy importantes" para las etnias, dijo a IPS la argentina Fabiana Del Popolo, experta del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), la División de Población de la Cepal.

Entre ellos se destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y la reciente Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por el nuevo Consejo de Derechos Humanos en junio, y todavía no aprobada por la Asamblea General del foro mundial.

Actualmente, 13 países latinoamericanos han reconocido el Convenio 169, pero esto no se ha traducido necesariamente en mejoras en la calidad de vida de sus etnias.

Puerto Vallarta, México, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- Al finalizar su recorrido de 21 días por el Golfo de California (el Acuario del Mundo) a bordo del barco Esperanza, Greenpeace anunció que el próximo lunes 11 este buque partirá hacia el Santuario Ballenero Austral para enfrentar nuevamente a los arponeros japoneses e impedir que cumplan su objetivo de matar casi mil ballenas esta temporada.

A pesar de la condena internacional, seis barcos de la flota ballenera japonesa han partido ya con el plan de cazar 935 ballenas de la especie minke y 10 de aleta. Esta flota es la que enfrentarán los activistas de Greenpeace.

Al concluir una travesía de 22 días por el Acuario del Mundo, tras haber constatado la riqueza natural de esta región con la destacada presencia de diversos tipos de ballenas, delfines y poblaciones de lobos marinos, Greenpeace ha señalado que las extraordinarias características biológicas del Golfo de California son la base de la gran productividad de esta región, de manera que seguir degradando este ecosistema marino, uno de los cinco más importantes del planeta, provocará a México graves pérdidas económicas comenzando por una merma en la producción pesquera.

Montevideo, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- El día 6 de diciembre la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) Uruguay fue recibida por la comisión de Salud Pública y Asistencia Social y la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del Parlamento Nacional de Uruguay.

El motivo de la audiencia fue expresar la preocupación de esta organización con respecto al uso masivo de agrotóxicos en Uruguay y sus efectos en la salud humana y el medio ambiente.

Con ese fin se hizo entrega de estudios y publicaciones recientes que RAPAL Uruguay ha publicado y difundido en aras de sensibilizar a la opinión pública y comprometer a las autoridades en torno a un tema que cada vez se torna más grave.

Se hizo entrega de una reciente investigación bibliográfica que reúne estudios médicos realizados en Uruguay desde los años 70 a la fecha, en los que se asocia la acumulación de organoclorados con los tumores de mama y se constata la presencia de residuos de estos agrotóxicos en muestras de leche materna de mujeres de Montevideo.

Así mismo, se distribuyeron copias de un libro editado por RAP-AL Uruguay, REDES Amigos de la Tierra y UITA, que reúne estudios llevados a cabo en Bella Unión entre los años 2004-2005. El libro “Agrotóxicos en Bella Unión” reúne estudios que con un abordaje multidisciplinario buscan establecer las conexiones entre los desórdenes de salud con incidencia mayor a la esperada y el uso masivo de agrotóxicos a la que están expuestos los pobladores de la zona. Desórdenes respiratorios, alergias, aberraciones cromosómicas y malformaciones congénitas son algunos de los costos que la población local debe pagar para sostener el modelo de producción llamado a liderar el país productivo.

También se hizo entrega del estudio realizado en conjunto por el Mercado Modelo, la Intendencia Municipal de Montevideo y la Facultad de Agronomía en el año 2004. En él se analizan los residuos de sustancias agrotóxicas en frutas y hortalizas a la venta en el Mercado Modelo. El 7% de las muestras analizadas presentaron residuos de agrotóxicos por encima de los límites permitidos. Esta cifra es especialmente alarmante si consideramos que el Mercado Modelo abastece a prácticamente la totalidad de la ciudad de Montevideo

El abundante material proporcionado a los legisladores pone claramente de manifiesto los impactos que estas sustancias están causando en la salud de la población y en el ambiente.

Ver informes presentados en:
http://www.chasque.net/rapaluy/agrotoxicos

Cochabamba, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se reunieron en Cochabamba, Bolivia.

Los ministros decidieron que durante el primer trimestre de 2007 será realizada una reunión de vicecancilleres en el Perú con el objetivo de considerar la Carta Amazónica, documento que significará una actualización del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en 1978. Por su parte, Bolivia será la sede de una cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA en el segundo trimestre del próximo año.

En el encuentro, la Secretaria General de la OTCA, Rosalía Arteaga, presentó un breve informe sobre las actividades, iniciativas, programas y promoción del diálogo regional desarrollados en los últimos dos años y medio. Arteaga mencionó acciones como la intensificación del diálogo político, la mayor visibilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad de la OTCA.

Los países elogiaron el trabajo desarrollado en el período y reafirmaron la importancia de la Organización para la protección de la Amazonía. Los delegados también enfatizaron que la OTCA es una base fundamental para la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN).

Tegucigalpa, 9/12/2006, (Ecoestrategia).- El trabajo en equipo en beneficio del ambiente, las comunidades y de una economía sostenible es la meta que busca la puesta en firme del Memorando de Entendimiento entre importantes grupos productores de caña de azúcar y el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza (WWF).

La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) fue el punto de encuentro para que representantes de WWF y la Azucarera del Norte Sociedad Anónima (AZUNOSA) se comprometan formalmente para coordinar esfuerzos que permitan identificar, reducir y mitigar el impacto ambiental del uso de plaguicidas en el Arrecife Mesoamericano (MAR).

Mediante la firma del acuerdo, las agrupaciones sellaron su interés en avanzar hacia la implementación de Mejores Prácticas Agrícolas empezando por el cumplimiento de objetivos comunes como: identificar buenas y malas prácticas en el uso de agroquímicos, realizar inventarios de los tipos y aplicaciones de éstos y determinar los impactos que su uso tiene sobre el entorno.

Una vez completada la etapa de evaluación e identificación, se procederá al planteamiento y desarrollo de estrategias para la reducción del uso de agroquímicos y la implementación de metodologías agrícolas más eficientes en producción y protección ambiental.

“Este acuerdo es de gran importancia para WWF pues se trata de una de las más grandes empresas productoras de caña de azúcar de la zona norte de Honduras, quienes al final del programa estarán implementando Mejores Prácticas Agrícolas en sus plantaciones y plantas de procesamiento, lo que significaría un gran beneficio para la ecorregión del Arrecife Mesoamericano y para las comunidades que viven de esta actividad”, afirmó José Vasquez, Oficial de Agricultura de WWF Centroamérica.

Con el apoyo de la Fundación Summit, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación de las Naciones Unidas (UNF), CropLife Latin America y la Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral (ICRAN ), WWF desarrolla el “Proyecto de Implementación de Mejores Prácticas Agrícolas” cuyo fin último es lograr que la industria agrícola que incluye productores de caña de azúcar, de banano, piña, cítricos, entre otros; utilice los recursos de una manera eficiente y efectiva para la promoción de un cambio positivo en la salud del Arrecife.

Esta iniciativa, se enmarca dentro de las acciones concretas de conservación y desarrollo sostenible impulsadas por la "Alianza para el Arrecife Mesoamericano de ICRAN (ICRAN-MAR), cuya labor se concentra en estrechar relaciones, buscar sinergias y divulgar acciones que promuevan un mejor manejo del sistema Arrecifal Mesoamericano alrededor de tres elementos claves: Manejo del Recurso Hídrico, Pesquerías Sostenibles y Turismo Sostenible.