| Madrid,
(Ecoestrategia).- La Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza, órgano de coordinación
del Ministerio de Medio Ambiente de España con las
comunidades autónomas en materia de biodiversidad,
dio luz verde al texto de la "Estrategia Nacional Contra
el uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural", redactada
por el Grupo de Trabajo de Ecotoxicología (GTE) que
agrupa a técnicos de todas las comunidades autónomas
y del Ministerio de Medio Ambiente.
La Comisión Nacional, que se reunió el pasado
jueves, acordó también enviar este documento,
para su aprobación definitiva, a la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente, que preside la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona.
La finalidad de esta Estrategia Nacional es promover de
forma coordinada, entre todas las Administraciones Públicas,
las acciones necesarias para la erradicación del
uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural.
La Estrategia pretende que la colocación de los
cebos envenenados desaparezca por aplicación de la
Ley y por el rechazo del entorno social de los envenenadores.
Se busca conseguir que se vea claramente que las ventajas
económicas de gestionar correctamente los valores
naturales son mayores que los perjuicios que se pretenden
combatir.
La práctica de matar fauna depredadora con veneno,
antes casi exclusiva de los cotos de caza, aumentó
en los últimos años de forma alarmante entre
ganaderos y agricultores, y podría provocar la extinción
de varias especies incluidas en el Catalogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Utilizar venenos está prohibido
El veneno fue utilizado legalmente en la Península
Ibérica hasta los años ochenta para combatir
fauna depredadora que provoca pérdidas a la ganadería
y a las especies de caza. Esta práctica llevó
al borde de la extinción a aves carroñeras,
como el quebrantahuesos, y mermó considerablemente
las poblaciones de buitres y milanos, entre otras especies.
En 1983, la Administración española dejó
de autorizar la colocación de veneno en los cotos
de caza para matar fauna silvestre. La medida produjo efecto
y durante una década el número de animales
envenenados encontrados en el campo disminuyó, pero
a partir de la década de los noventa el problema
comenzó a rebrotar de nuevo.
En 1989, la Ley de Conservación de Espacios Naturales
y Fauna y Flora Silvestres prohibió expresamente
matar fauna con veneno, y en 1995 esta práctica fue
tipificada como delito en el Art. 336 del Código
Penal español.
De 1996 a 2001 se localizaron en España 6.482 cadáveres
de animales envenenados. Si la tendencia continua, las especies
protegidas en las que las administraciones públicas
invierten muchos recursos para su recuperación, podrían
extinguirse en amplias zonas de su ya reducida área
de dispersión.
Los productos tóxicos son manejados en el mundo
rural con escaso conocimiento sobre su peligrosidad para
la fauna silvestre. Se ha detectado el uso ilegal de venenos
por parte de cazadores, ganaderos, agricultores, apicultores,
colombófilos, truferos, pajareros, en vertederos
y basureros, en áreas periurbanas y en el medio natural.
La administración medioambiental tiene previsto desarrollar
medidas para controlar las aplicaciones legales de productos
tóxicos que afecten a la fauna silvestre, en la línea
de las actuaciones que se realizan para prevenir problemas
de salud pública.
A la vista del incremento del uso ilegal de venenos, la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza
acordó en 1999 elaborar una Estrategia para afrontar
el problema. En el Comité de Flora y Fauna Silvestres
se creó un Grupo de Trabajo de Ecotoxicología
con la misión de preparar criterios orientadores
para combatir el problema de una forma coordinada desde
todas las administraciones públicas con competencias
en la materia.
Aumentar la vigilancia
Entre la acciones de prevención y disuasión
hay propuestas para reducir el número de daños
ocasionados por la fauna salvaje a ganaderos, cazadores
y agricultores; agilizar y mejorar el pago de indemnizaciones
en los casos que proceda y potenciar las ayudas que percibe
el ámbito rural y cinegético asociándolas
a un código de buenas prácticas ambientales.
Asimismo, se pretende disminuir la disponibilidad de productos
tóxicos mejorando el control de la comercialización,
distribución y empleo de productos fitosanitarios
y promover las buenas prácticas agrícolas.
Entre las acciones de persecución del delito, se
considera necesario aumentar la vigilancia y detección
de cebos envenenados; unificar y compartir la información
recogida por las administraciones, agentes de la autoridad
y sector privado, sobre casos de envenenamiento y, sobre
todo, cooperar con los órganos de la justicia para
lograr que los casos denunciados por los agentes de la autoridad
con indicios que puedan constituir pruebas condenatorias,
no sean sobreseídos o archivados, sino investigados
y juzgados. Para ello, está prevista la organización
de cursos sobre delitos ambientales entre la judicatura
y los técnicos de las administraciones públicas.
Asimismo se plantea la necesidad de una campaña
a nivel estatal de información y sensibilización
para conseguir el máximo rechazo social al uso ilegal
de veneno, así como financiar a las ONG para que
puedan personarse como acusación popular en casos
de veneno y facilitar su implicación en actividades
concretas de la Estrategia
Los principales objetivos de las comunidades autónomas
en esta Estrategia, son: aumento de la vigilancia; coordinación
con los órganos judiciales, remisión de los
expedientes a la administración de justicia con las
suficientes garantías legales y elementos de comprobación;
tramitación de medidas cautelares; imposición
de sanciones administrativas; modificaciones de orden legislativo
que sugiera esta Estrategia y garantizar la correcta recogida,
custodia y análisis de pruebas condenatorias cuando
se detecten casos de envenenamientos.
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