Brasilia, 10/11/2010, (Agencias).- El gobierno brasileño ha lanzado una licitación para ofrecer en concesión los derechos sobre 112.000 hectáreas de selva en la Amazonia a las empresas privadas interesadas en desarrollar proyectos de explotación sustentable del área.

El Servicio Forestal Brasileño informó que la amplia región selvática en la Floresta Nacional de Jacundá, en el estado amazónico de Rondonia, fue dividida en cuatro diferentes Unidades de Manejo Forestal, que serán ofrecidas a las empresas que presenten las mejores ofertas económicas y ecológicas. Se trata de la séptima área ofrecida en concesión por el gobierno brasileño desde que, hace tres años, aprobó el proyecto que permite ofrecerle a empresas privadas los derechos de explotación sustentable de reservas forestales en la Amazonia.

Según el coordinador de licitaciones del Servicio Forestal Brasileño, Luiz César Lima, el potencial productivo del área concedida es de 81.000 metros cúbicos de madera al año. Las empresas que obtengan la licitación tendrán que demostrar que son idóneas, es decir que no tienen ninguna condena judicial por crímenes ambientales o tributarios.

Los seleccionados tendrán derecho a explotar las áreas selváticas por períodos de 40 años desde que presenten proyectos sustentables de manejo forestal que tengan previsto la rápida reforestación de áreas taladas.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo la concesión en la Floresta Nacional de Jacundá, el gobierno brasileño ha otorgado o licitado hasta ahora derechos para explotación de siete diferentes unidades de manejo forestal que suman cerca de un millón de hectáreas de selva y tienen un potencial productivo de madera de 850.000 metros cúbicos al año.

El sistema de concesiones permite estimular la producción sustentable de madera y evitar la deforestación ilegal y la venta ilegal de tierras en la Amazonia. Las comunidades vecinas se benefician con la generación de empleos y con las inversiones en infraestructura de las empresas concesionarias.

Bogotá, 11/10, 2010, (Prensa Verde).- Una alerta nacional sobre la situación ambiental de los deltas de los ríos Patía, Atrato y Magdalena lanzó el investigador por Colombia ante Naciones Unidas y profesor de la Universidad Eafit, Juan Darío Restrepo, durante el pasado Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (SENALMAR), realizado recientemente en la suroccidental ciudad de Cali.

La investigación, efectuada en los últimos 20 años, buscaba establecer las condiciones geológicas, biológicas, económicas y ambientales de los deltas, para generar una base física y geofísica que permita entender cómo el cambio climático los puede afectar.

Los deltas son formaciones sedimentarias que acumulan los ríos en forma de brazos en su desembocadura al mar. Colombia cuenta con seis de estos accidentes geográficos: Mira, Patía y San Juan, en el Pacífico; y Atrato, Sinú y Magdalena, en el Caribe.

El delta más impactado por actividades humanas es el del río Patía ante el desvío del canal Naranjo que cambió la circulación del agua, por lo que el Patía pasó al Sanquianga, y éste al Parque Nacional Natural del mismo nombre, donde hay alteraciones del ecosistema por la sed¡mentación, tal y como ocurrió en la Ciénaga de Santa Marta, hace unos años. “Todos los sedimentos están llegando posiblemente a Gorgona y estamos repitiendo la historia del canal del Dique con islas del Rosario”, advirtió el investigador Restrepo.

En la cuenca del Patía y el Telembí se cultiva el 35 por ciento de la coca que sale para todo el país, según el último mapa de la Organización de Naciones Unidas para las Drogas y Cultivos Ilícitos. Eso se puede constatar al observar los estudios de erosión y los sembrados de coca, en los últimos cinco años con efectos devastadores en los manglares.

En el caso del delta del Mira, río que desemboca en el Pacífico caucano, Restrepo encontró que presentan problemas ambientales por exceso de tala. De su cuenca salió en los años 70 y 80, el 70 por ciento de la madera que se utilizaba en el país, ocasionando un grave deterioro en los ecosistemas de la zona. También, hay problemas por el uso excesivo del manglar por parte de las comunidades para leña y construcciones; y la alta sedimentación que llega al mar y genera daños en los arrecifes.

En cuanto al delta del Atrato sus problemas aparecen en la parte baja a causa de las bananeras, ya que se presenta alta contaminación por los pesticidas que van al golfo de Urabá. A esto se suma la deforestación de toda su cuenca.

El otro gran impacto está en el delta del Magdalena, donde se han cambiado causes, cerrado tributarios del Magdalena que salían a la Ciénaga Grande, hay erosión por construcción de tajamares de las salidas de Bocas de Ceniza y por el cambio de cursos de canales de riego en la Ciénaga.

Ciudad de México, 10/11/2010, (Ecoestrategia).- La organización no gubernamental El Poder del Consumidor (EPC) dio a conocer que México se mantiene como el país con mayor cantidad de anuncios de “comida chatarra” (comida basura) por hora en programación infantil, entre los estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubicándose por encima de los Estados Unidos.

El estudio de El Poder del Consumidor parte de un registro realizado entre marzo y abril de este año, en Canal 5, en el que se encontró que el promedio de anuncios de comida chatarra por hora en programación infantil fue de 11.25. La mayor cantidad de anuncios correspondió a la empresa Kellog´s ocupando el 26% de este tipo de publicidad. Sumando los spots de cereales de Nestlé, alcanzan el 31% del total de anuncios.

Alejandro Calvillo, director de EPC, señaló que “los cereales publicitados para niños son reconocidos como los peores en el mercado, contienen 85% más de azúcar y 65% más de sodio que los publicitados para adultos, además de bajísimos contenidos de fibra. Tan sólo las Zucaritas contienen el 40% de su peso en azúcar y los Choco Krispis más del 36%”.

La segunda empresa con mayor presencia, durante el periodo del registro, fue Bimbo, con su amplia gama de productos y marcas que van desde los pastelitos y los aperitivos, hasta los dulces y chocolates. Bimbo ocupó el 22% de este tipo de publicidad. Entre estas tres empresas cubrieron el 58% de la publicidad de comida chatarra en horarios infantiles.

De acuerdo al estudio, el 46% de los anuncios utilizaron un regalo para provocar la demanda del producto y el 67.5% utilizó personajes para generar el vínculo afectivo del menor con la marca y el producto. Del total de la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia, el 35.1% publicitaron páginas de internet donde los menores encuentran videojuegos con los personajes y productos de la marca.

Abelardo Ávila, funcionario del Instituto Nacional de la Nutrición, declaró que “la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia es uno de los factores que más inciden en el deterioro de los hábitos alimentarios de los niños en México. Esta publicidad atenta contra la salud, en mayor medida que la del tabaco para los adultos, ya que se trata de un sector vulnerable, los menores no están en capacidad de entender las consecuencias que genera el consumo habitual de estos productos”.

Por su parte, el de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín, afirmó que “la publicidad de comida chatarra dirigida a las niñas y los niños significa una violación a su derecho a la salud consagrado en la Constitución y en diversas convenciones internacionales, así como también significa una violación por el engaño y la manipulación a la que recurre. Esta publicidad abusa de los menores, e incluso, los confronta con los mayores, para lograr la venta del producto. Sin duda, esta publicidad viola de manera sistemática los derechos de la infancia.

En un video elaborado por EPC se retoma la declaración de Michael Brody, jefe del Comité de Televisión y Medios de la Academia Americana de Siquiatría Infantil y Adolescente, en la que señala que “los publicistas se han vuelto expertos en niños, tanto como los pedófilos”.

Madrid, 10/11/2010, (Ecoestrategia).- En el marco del proyecto “Uniendo sitios, uniendo gente: rutas migratorias, biodiversidad y desarrollo en América”, ejecutado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y el Secretariado de BirdLife International en las Américas, que cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, se otorgó el Premio a la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo en Latinoamérica, 2010.

En esta ocasión, los ganadores fueron el proyecto de uso sostenible de bosques en el complejo forestal de Serra das Lontras-Una, en provincia de Bahía (Brasil); y la gestión ambiental local para la conservación participativa en el noroccidente de Pichincha (Ecuador).

Los dos proyectos están orientados a la conservación y el desarrollo de las áreas importantes para las aves (IBA, por sus siglas en inglés), donde las comunidades locales tienen un papel fundamental y ejecutan actividades eficientes e innovadoras de manejo y buenas prácticas, como una manera de mejorar sus modos de vida.

Con estos premios, SEO/BirdLife y la Fundación Biodiversidad quieren destacar los fuertes vínculos que existen entre la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza, uno de los aspectos claves que se discutieron en la pasada cumbre de Biodiversidad en Nagoya (Japón). En la convocatoria del premio han participado 50 proyectos de 19 países de Latinoamérica y el Caribe.

“Estos premios quieren dar a conocer las inmensas posibilidades que ofrece la biodiversidad para avanzar hacia un mundo diferente y mejorar la calidad de vida de la gente que depende más directamente de los recursos naturales. Muestran que gracias al trabajo intenso durante muchos años y el compromiso conjunto entre las comunidades que viven en las áreas de alta biodiversidad y estas ONG es posible conseguir beneficios palpables a través de nuevas oportunidades de desarrollo”, declaró Alejandro Sánchez, director ejecutivo en funciones de SEO/BirdLife.

Santiago de Chile, 10/11/2010, (IPS).- La pesquería del jurel, la principal de Chile, atraviesa un momento crítico por la caída de esta especie en el océano Pacífico a causa de la sobreexplotación. Los científicos recomiendan disminuir a la mitad las capturas en 2011.

Chile esperaba extraer este año 1,3 millones de toneladas de jurel (Trachurus murphyi) de sus 200 millas de zona económica exclusiva. Pero hasta este mes no ha capturado más de 450.000 toneladas, según la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Más aún, los países de la Organización Regional de Administración de Pesca (ORP) del Pacífico Sur han desembarcado apenas 712.000 toneladas en lo que va del año. La ORP del Pacífico Sur, en proceso de constitución desde 2006, busca administrar los recursos pesqueros de la zona para asegurar su preservación.

Sus delegaciones científicas, reunidas a fines de octubre en el balneario chileno de Viña del Mar, “determinaron que la situación es bastante crítica, casi al borde del colapso”, lo que significa que hay que tomar medidas administrativas para preservar el jurel, explicó a IPS el subsecretario de Pesca de Chile, Pablo Galilea.

La Convención sobre la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Pacífico Sur, que regula a la ORP, fue firmada por Chile, China, Colombia, Nueva Zelanda, Islas Cook, Islas Feroe, Perú y la Unión Europea. Pero sólo ha sido ratificada por las Islas Feroe, así que sus resoluciones aún no son vinculantes.

El jurel abunda en las regiones costeras y oceánicas del Pacífico Sur. En aguas sudamericanas se lo encuentra desde Ecuador y especialmente en Chile y Perú. La biomasa total de jurel cayó 79 por ciento desde 2001. En 1995 los desembarques en Chile alcanzaron el récord de 4,4 millones de toneladas.

Los técnicos estiman tres escenarios. El más grave es una declinación continua si se mantienen los volúmenes de captura de este pez.

Buenos Aires, 10/11/2010, (Ecoestrategia).- La Ciudad de Buenos Aires y las compañías importadoras de Duracell y Energizer han firmado un convenio, para que estas empresas sean responsables por las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la capital argentina en los últimos dos años.

El acuerdo entre las partes fue suscrito luego de una campaña pública desarrollada por la organización ambientalista Greenpeace, en el marco del reclamo para que las empresas importadoras de pilas y baterías sean responsables legal y financieramente por los residuos de sus productos.

“El convenio firmado por las empresas es muy importante ya que dará una solución definitiva al destino y tratamiento de las 10 toneladas de pilas recolectadas y acopiadas por la Ciudad”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace Argentina.

“Ahora es necesario que esta responsabilidad asumida por las empresas sea la regla y no resultado de campañas específicas de una u otra organización o de los gobiernos municipales”, agregó. “Por eso es necesaria la urgente sanción de una ley que establezca, a nivel nacional, la responsabilidad extendida de los productores sobre los residuos de esta case de artefactos”.