Río de Janeiro, 1/5/2012, (Agencias).- Grupos ecologistas pidieron que Brasil vete la nueva ley que hace peligrar los logros en Amazonia. Concretamente las organizaciones Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Greenpeace denunciaron la reforma del Código Forestal aprobado por la Cámara de Diputados de Brasil y pidieron a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que se oponga a estos cambios.
Las organizaciones ecologistas señalaron que esta nueva ley supone “un duro golpe” a las promesas de la presidenta brasileña, que se había comprometido a luchar contra la amnistía para delitos forestales del pasado.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó recientemente la reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos y que supone una reducción de las áreas protegidas en favor de la actividad agropecuaria.
La reforma incluye, además, una amplia amnistía para los hacendados que, durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales, desforestaron en territorios donde estaba prohibido hacerlo.

“La presidenta Rousseff hizo la promesa de que no toleraría las leyes que promovieran nuevas oleadas de deforestación o amnistiaran crímenes forestales del pasado. Ella sabe que estos cambios son negativos para Brasil y para el medio ambiente. Le pedimos que mantenga sus promesas”, sostuvo la directora general de WWF Brasil, María Cecilia Wey de Brito.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia Gilberto Carvalho admitió que presidenta brasileña Rousseff posiblemente realice “algún” veto al Código y que éste será analizado “con calma” por ella que está comprometida "con el modelo de desarrollo sostenible" ambientalmente.

Según las ONGs, la nueva legislación podría derivar “en una pérdida de más de 76,5 millones de hectáreas forestales”, lo que supondría “la emisión a la atmósfera de 28.000 millones de toneladas de CO2”.

Quito, 1/5/2012, (Agencias).- El documental “Una idea audaz” recorre por estos días las salas de cine en Estados Unidos a fin de crear conciencia sobre la iniciativa medioambiental de Ecuador denominada Yasuní-Itt, para reducir la contaminación por la explotación petrolera.

Mediante esta iniciativa Ecuador propone dejar bajo tierra millonarias reservas de crudo ubicadas en el parque nacional Yasuní a cambio de una compensación económica internacional correspondiente a la mitad de los 10 mil 600 millones de euros que obtendría si explotara este recurso.

La realizadora chilena Verónica Moscoso señaló que el ciudadano común de Estados Unidos y Europa no tiene idea sobre esta propuesta, lo cual la motivó a hacer este material, para educar a las audiencias de países desarrollados sobre su importancia.

Moscoso señaló que este documental, elaborado por ella como tesis de maestría en la Escuela de Postgrado de Periodismo en la Universidad de California (UC), Berkeley, ha sido aceptado en más de 15 festivales internaciones de cine, donde ha alcanzado dos premios y una mención honorífica.

La película traslada a los espectadores al Parque Nacional Yasuní en la Amazonia ecuatoriana, capturando la biodiversidad del bosque tropical, y expone los resultados catastróficos para las poblaciones que allí habitan, en caso de que se decidiera extraer las reservas petroleras.

El documental recoge testimonios que representan diferentes perspectivas acerca de la disyuntiva a la que se enfrenta la humanidad en aras de proteger un enclave natural, frente a los beneficios que les reportarían las riquezas petroleras de este territorio.

Buenos Aires, 1/5/2012, (Agencias).- La organización ecologista Greenpeace de Argentina reclamó la aprobación de una ley para la recolección y manejo de los residuos electrónicos, que está radicada desde hace ya cuatro años en el parlamento.

“El proyecto ya fue aprobado en el Senado y, si no lo trata la Cámara de Diputados, se cae”, indicó al semanario Tierramérica la directora política de la filial argentina de Greenpeace, Eugenia Testa.

En 2011 se descartaron 10 millones de teléfonos móviles, lo que equivale a un desperdicio de 228 kilogramos de oro, 1.750 de plata y 81.000 de cobre, según Greenpeace. El valor estimado de esos metales es de casi 11 millones y medio de euros.

Frente a ese derroche y a la contaminación que causan varios componentes de los aparatos descartados, los ecologistas reclaman una norma para el reciclado de los minerales y el tratamiento de los contaminantes.

Ciudad de Panamá, 1/5/2012, (Agencias).- Quince organizaciones no gubernamentales (ONGs) han expresado su preocupación por la debilidad institucional de Panamá, lo cual está poniendo en peligro el rico patrimonio natural del país, indicaron las agrupaciones ambientalistas en un comunicado.

Las organizaciones advirtieron que la falta de una adecuada gestión ambiental y el incumplimiento de las leyes de protección están generando además un riesgo social en un país cuyo crecimiento económico genera nuevas y múltiples presiones sobre los recursos naturales. Se cuestiona que no se le están dando prioridad en el momento de tomar decisiones a la conservación, afectando el bienestar de la mayoría y el desarrollo del país.

Los firmantes denunciaron que existe preocupación porque casi el 30 por ciento de los suelos de Panamá están degradados, hay conflictos por el uso del agua y se ha reducido la producción pesquera, según datos oficiales.

Entre las flaquezas identificadas están “las inundaciones y la escasez del agua en los poblados y regadíos por la degradación y sobreuso de las cuencas hidrográficas y los humedales”. También mencionan como otro factor preocupante que se calcula oficialmente que se han perdido 451.000 hectáreas de bosques entre 1992 y 2008, entre otros aspectos por la proliferación de la actividad forestal ilegal.

Luego se advierte que los principales ríos de ciudad de Panamá están contaminados, y que se producen alrededor de 2.300 toneladas diarias de residuos en el país, y que gran parte de los mismos tienen como destino vertederos clandestinos o colapsados, al igual que manglares, ríos y playas. Otras amenazas al ambiente reconocidas son el desarrollo turístico y urbanístico mal planificado y la minería, a lo que se suman los riesgos consecuencia del cambio climático.

Firmaron el comunicado las organizaciones Almanaque Azul, Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Asociación de Residente de Quarry Heights, Centro de Incidencia Ambiental y el Centro de Estudios y Acción Social Panameña.

También se adhirieron al mensaje, las organizaciones Panamá Sostenible, Sociedad Audubon Panamá, Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá y la Fundación para la Protección del Mar, la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta, la Fundación Marviva, Fondo Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional, The Nature Conservancy y el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Ciudad de México, 1/5/2012, (Agencias).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) anunció que revisará siete trámites registrados por la trasnacional estadounidense Walmart, para determinar si la cadena de tiendas pagó sobornos para expandirse en el país.

El titular de Semarnat, Juan Rafael Elvira, informó que pidió los trámites y solicitudes atendidos por esta dependencia a fin de detectar si existe alguna irregularidad. La medida se adoptó tras la difusión en medios de comunicación de supuestos actos de corrupción y soborno de Walmart en el país.

La Procuraduría General de la República de México inició una investigación por estos presuntos actos de corrupción de directivos de Waltmart, en los que se presume la participación de servidores públicos.

Walmart-México está en el ojo del huracán desde el sábado último, cuando el diario The New York Times publicó un artículo, en el cual asegura que la gigante minorista pagó sobornos por más de 18 millones de euros para poder expandir su mercado en el país.

A raíz del escándalo, algunos medios de prensa han difundido que desde 2004 la cadena de tiendas enfrentó denuncias de organizaciones civiles, de comerciantes y del medio ambiente en el Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca, Monterrey, Morelos, Baja California Sur y Veracruz.

San José de Costa Rica, 1/5/2012, (Agencias).- La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzaron oficialmente el proyecto PIDERAL, que implementarán en cuatro países de América Latina en el periodo 2012–2015, y que procura incorporar a los territorios rurales de estos estados en los procesos de formulación de las políticas nacionales de desarrollo.

El proyecto, llamado Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales en América Latina (PIDERAL), será puesto en marcha en Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana.

“PIDERAL, que tendrá un coste de 5,3 millones de euros, aspira a apoyar a los gobiernos para ejecutar en forma práctica políticas de desarrollo rural territorial, para lo cual el IICA, con su conocimiento técnico, propondrá fórmulas que propicien cambios positivos en cómo se concibe este desarrollo”, aseguró el director general del Instituto, Víctor Villalobos.

El proyecto parte de que América Latina, aunque registra crecimiento económico, tiene una alta pobreza que afecta principalmente a los territorios rurales, cuyos problemas más agobiantes son baja productividad agrícola, infraestructura insuficiente, baja calidad de vida de sus habitantes, deterioro ambiental, exclusión social y débil gobernabilidad, entre otros.

Sin embargo, los actores de dichos territorios pueden ser tomados en cuenta por los gobiernos, llamados a incorporar y articular en las políticas sectoriales y sociales el capital rural (por ejemplo, el humano y el cultural).

Más información en:
http://www.iica.int/esp/programas/territorios/Paginas/