| El
Alto, Bolivia, 17/3/05 (IPS).- Los combativos pobladores
de El Alto, una pobre y populosa ciudad muy cercana a La
Paz, lograron la renuncia de un presidente en 2003. Ahora
están en pie de batalla con otro fin: la expulsión
de la empresa de agua potable y alcantarillado Aguas del
Illimani.
Los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales
(Fejuve) de la urbe, localizada a tres mil 850 metros sobre
el nivel del mar y con 800 mil habitantes de profundas raíces
aymaras, quieren echar del país a la compañía,
propiedad de la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux
y acusada de negar el servicio de agua potable a unas 80
mil familias.
Los representantes de El Alto se fortalecieron en la llamada
"guerra del gas" de 2003, una oleada de protestas
sociales articuladas en torno a la resistencia contra un
proyecto gubernamental de exportación de gas natural
a Estados Unidos y México, que dejó 67 muertos
y forzó el 17 de octubre de ese año la renuncia
y huída en helicóptero del entonces presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese levantamiento popular
incluyó bloqueos de calles y carreteras de la región
occidental del país.
Muchos habitantes de El Alto viven con el equivalente a
medio dólar por día, pero el acceso al suministro
de agua potable y el servicio de alcantarillado requiere
pagos hasta de 450 dólares, que para los más
pobres es el gasto en alimentación por algo más
de dos años.
La primera protesta se desató en enero y logró
que Mesa promulgara un decreto que declaró finalizado
el contrato con la empresa, por incumplimiento del plan
de ampliación del servicio a los hogares de 200 mil
personas en El Alto y La Paz.
El gobierno buscó una retirada gradual y concertada
de la transnacional hasta abril, mientras se resuelve la
forma de compensarla por 63 millones de dólares invertidos
y la transferencia a un nuevo operador para evitar que cerca
de dos millones de personas en esas ciudades queden sin
servicio.
Pero la empresa defiende la concesión entregada
por el gobierno en 1997, y en principio restó atribuciones
a la Superintendencia de Saneamiento Básico para
revisar los términos del contrato. Aguas del Illimani,
que controla 40 por ciento del mercado mundial del agua
y es aliada del Banco Mundial, argumenta que está
vigente un convenio de promoción y protección
de inversiones recíprocas suscrito entre los gobiernos
de Bolivia y Francia.
"Una eventual omisión de protección
de la concesión, sus instalaciones, dependencias
y personal, y la pasividad por parte de las autoridades
ante la agitación social en El Alto, constituirán
violaciones del convenio y en particular de las obligaciones
señaladas", señaló una carta enviada
por la empresa al gobierno el mes pasado. Mientras tanto,
a inicios de este mes, los alteños volvieron a protestar
con bloqueos y marchas.
La salida del país de Aguas del Illimani sería
un duro golpe para el Banco Mundial, que promovió
la privatización de ese servicio, mediante un programa
de inversiones en proyectos de agua potable para ciudades
pobres canalizado por su agencia Corporación Financiera
Internacional (IFC son sus siglas en inglés).
La IFC invirtió 17 millones de dólares en
Aguas del Illimani, y su representante Declan Duff dijo
en 1999 que la concesión a esa firma era "la
forma más efectiva de alcanzar los beneficios de
la eficiencia del sector privado".
El alcalde de la ciudad de El Alto, José Luis Paredes,
opina que las tarifas de agua deben cobrarse en moneda nacional
así como los costos de conexión para evitar
alzas por el incremento del tipo de cambio del boliviano
frente al dólar estadounidense. Para adecuar el servicio
a una ciudad con bajos niveles de ingreso, es necesario
organizar una nueva empresa con interés social, sostiene
el alcalde.
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