| Bogotá,
26/5/2005 (Tierramérica-Prensa Verde).-
El gobierno de Colombia prevé reanudar la fumigación
con el herbicida glifosato de cultivos ilícitos de
amapola y coca (destinados a la elaboración de drogas)
en reservas ecológicas, que había sido suspendida
en marzo de 2004 debido a las protestas de quienes sostienen
que contraviene tratados internacionales, normas nacionales
y acuerdos con comunidades indígenas y campesinas.
La reanudación afectaría a los parques naturales
(zonas protegidas) de Sierra Nevada de Santa Marta (en la
costa Caribe), declarada reserva de la biosfera en 1986
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura; La Macarena (centroeste)
y Catatumbo (noroeste).
Los defensores del uso del glifosato en la lucha antidrogas
alegan que es tan inocuo como la sal común, pero
hay estudios y denuncias sobre su carácter perjudicial
para pasturas, cultivos, cursos de agua y la salud humana
y del ganado. Además, ambientalistas señalan
que el amplio espectro de ese herbicida, producido por la
transnacional Monsanto, lo hace especialmente inadecuado
en áreas donde se busca preservar especies.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre
de 2003 el uso de fondos para fumigar cultivos ilícitos
en parques naturales colombianos, y a fines de febrero del
año pasado se informó que había comenzado
la aspersión con glifosato en los de Sierra Nevada
y Chiribiquete (sudeste).
El viceministro del Interior, Mario Iguarán, dijo
a Tierramérica que la reanudación, que se
hará efectiva en las próximas semanas, está
amparada en la resolución número 0013 de 2003
que autorizó al Consejo Nacional de Estupefacientes
(CNE, adscrito al Ministerio del Interior) a fumigar áreas
de reservas naturales con evidencias de cultivos ilícitos
que no fuera posible erradicar manualmente.
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (ONG)
presentaron una demanda de nulidad contra esa resolución
ante el Consejo de Estado, máxima instancia jurídica
para decisiones administrativas, pero Iguarán arguyó
que eso no tiene efecto suspensivo.
Según el funcionario, se tuvieron en cuenta "todos
los parámetros dictados por Naciones Unidas y el
reciente estudio de la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de las Drogas (CICAD) que dice que
el glifosato no tiene impactos ambientales significativos".
El estudio de la CICAD, que es parte de la Organización
de Estados Americanos, fue realizado, a pedido de Colombia,
por un equipo de científicos internacionales, presidido
por el canadiense Keith Solomon. Dichos especialistas indicaron
que el herbicida tiene "efectos moderados" sobre
organismos acuáticos y que sus riesgos para el ambiente
y los animales terrestres "son pocos o casi nulos".
El estudio de la Cicad señala que el riesgo "no
es significativo", pero sus autores no aclaran qué
consideran "significativo", sostuvo Santiago Salazar
Córdova, coordinador de una comisión del Ministerio
de Medio Ambiente de Ecuador que asesora a la Cancillería
del vecino país sobre fumigaciones.
Problemas internacionales
La fumigación con glifosato en áreas de Colombia
cercanas a Ecuador fue fuente de conflicto con el gobierno
de Quito, y se frenó a su pedido. A fines del mes
pasado, el ejecutivo ecuatoriano reiteró que no permitirá
que Colombia fumigue en zonas fronterizas hasta que un estudio
científico certifique la inocuidad del procedimiento
para la población local.
El estudio de la Cicad se realizó de septiembre
a marzo, "demasiado poco tiempo para hablar en términos
de carcinogenicidad, por ejemplo, y si son genetistas, deben
saber eso", dijo Salazar a Tierramérica.
Por su parte Iguarán admitió que lo ideal
es la erradicación manual, que el gobierno espera
desarrollar en unas tres mil hectáreas de áreas
protegidas. Añadió, sin embargo, que es preciso
fumigar en unas 75 mil hectáreas, que incluyen parte
de los parques nacionales y en las que el conflicto interno
o la presencia de narcotraficantes no permiten el acceso
por tierra.
Una fuente gubernamental dijo a Tierramérica, con
reserva de su nombre, que el CNE decidió fumigar
áreas protegidas pese a que la Unidad de Parques
Nacionales del Ministerio del Medio Ambiente había
recomendado no hacerlo.
Según el informe de esa Unidad, en el parque de
la Sierra Nevada, de unas 230 mil hectáreas, los
cultivos ilícitos aumentaron el año pasado
apenas 18 hectáreas, de 212 a 230. En Catatumbo,
con un área de 178 mil hectáreas, disminuyeron
de 129 hectáreas a 107, y en La Macarena, que tiene
una extensión de 630 mil hectáreas, aumentaron
de mil 152 a dos mil 630.
Estos cultivos no comprometen áreas que justifiquen
los costos ambientales y sanitarios de la fumigación
con glifosato, señala Ricardo Vargas, de la ONG Acción
Andina, que investiga el tema del narcotráfico en
la subregión.
En 2004 se fumigaron 136 mil hectáreas de coca pero
la superficie de cultivos ilegales no disminuyó,
y sólo seis mil hectáreas de esos cultivos
están en áreas protegidas, una proporción
muy menor del problema, alegó.
A finales de 2003 la justicia ordenó la suspensión
en todo el país de las fumigaciones aéreas
con glifosato y otras sustancias hasta que se cumpliera
el Plan de Manejo Ambiental establecido en 2001 por el Ministerio
del Medio Ambiente, y el Ministerio de Seguridad Social
estudiara los efectos de esos químicos en la salud
humana. Hasta el momento no se sabe que dichos estudios
hayan sido realizados.
De acuerdo con la Unidad de Parques Nacionales, la fumigación
afectaría además acuerdos vigentes con las
comunidades indígenas de Sierra Nevada para la erradicación
manual. También iría a contramano de proyectos
de cooperación como el que se lleva a cabo con Holanda
para la sustitución de cultivos ilícitos y
el desarrollo social en Sierra Nevada y Catatumbo.
Según informó el 28 de abril el semanario
El Espectador, Holanda solicitó a la directora de
Parques, Julia Miranda, confirmarle si la decisión
de fumigar parques es definitiva, pues de ser así
"podría ser motivo para solicitar la suspensión
de actividades financiadas por esta embajada".
Otros analistas apuntan que el Código de Recursos
Naturales prohíbe expresamente fumigar parques nacionales
y reservas indígenas, y que la aspersión con
glifosato violaría el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, ratificado por Colombia en 1994, y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, que protege la identidad e integridad de los pueblos
indígenas.
Según Juan Mayr, ex ministro de Medio Ambiente,
la resolución de 2003 que autorizó la aspersión
creó "una de las situaciones más graves
que le pueda pasar al tema ambiental en el país"
y fue "un atentado contra el patrimonio colectivo de
los colombianos".
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