Málaga, 2/6/2005 (Ecoestrategia).- La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, Patricia Marín, destacó durante La I Jornada sobre Contaminación Acústica y Ordenanzas Municipales que se desarrolló en esta ciudad con una alta participación de profesionales llegados de toda España, las aportaciones de ciudadanos y agentes de la ciudad que se han incluido en la futura Ordenanza Municipal frente a la Contaminación por ruidos.

Marín señaló que a la hora de legislar tanto la Unión Europea como la Junta de Andalucía deben dotar al menos de subvenciones finalistas a la Administración local para poder aplicar la normativa en esta materia. Pese a ello, la concejal ha insistido en el "enorme sentido de la responsabilidad" que el Ayuntamiento de Málaga tiene en este campo.

Patricia Marín también se refirió a la Ordenanza Municipal frente a la Contaminación por ruidos, vibraciones y otras formas de energía que entrará en vigor en las próximas semanas. Este texto legal ha contado con gran participación social, para lo que "se han desarrollado encuentros, escuchando y ponderando las propuestas y las opiniones de todas las asociaciones de vecinos de la ciudad, convocadas por sus Juntas de Distrito". Además, para su completa cobertura, Medio Ambiente ha realizado consultas y ha ofrecido la opción a participar a todas las áreas municipales, organismos autónomos, empresas y Juntas Municipales de Distrito.

La edil ha recordado que la ordenanza saliente data del 24 de septiembre de 1999 y que la entrada en vigor del Reglamento autonómico de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía obligaba a la adaptación de aquélla.

La participación en este foro sobre contaminación acústica, pionero en Andalucía, ha contado con una importante representación de profesionales, juristas, responsables de administraciones central, autonómica y local y delegados de asociaciones de vecinos. Más de un centenar de personas se han acreditado en la jornada, que ha supuesto un gran éxito para el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga.

Lima, 2/6/2005 (Ecoestrategia).- Un sector de la población de las barriadas más pobres de Lima, agrupado en el Frente de los Sin Agua, demanda servicios privados de agua potable y saneamiento, ante la incapacidad del Estado de proporcionarlos. "Queremos agua ahora" es el lema en míseras barriadas de la capital de Perú, donde se paga hasta 20 dólares a camiones cisterna por sólo cinco metros cúbicos del líquido.

Grupos de habitantes de las barriadas capitalinas Lomo de Corvina, Puente de Piedra y Huaycán participaron en las tres últimas semanas en marchas por la privatización del líquido, portando pancartas con el lema "queremos agua ahora".

Fueron convocados por el Frente de los Sin Agua, que lidera Abel Cruz, dirigente de Puente de Piedra. Allí, en muchas zonas, las casas tienen luz eléctrica, teléfono y hasta televisión por cable, pero ninguna dispone de suministro de agua potable por cañería. Los vecinos la compran a camiones cisterna.

La situación es peor en Lomo de Corvina, una "ampliación", como se denomina a las barriadas recién surgidas por invasión, en el extremo sudoccidental de Lima. Sus casas, la mayoría de estera y carentes de energía eléctrica, se desparraman en la ladera oriental de una montaña de roca y arena en el confín del distrito obrero Villa El Salvador.

Allí vive Rosaura Dávila, de 38 años, madre soltera de tres hijos y vendedora ambulante. Su casa carece de agua potable y para preparar sus alimentos, asearse y lavar la ropa compra cada dos días un recipiente con 100 litros de agua, a cuatro soles (1,25 dólares).

A ese precio, más de diez veces mayor que el que pagan los afortunados residentes de barrios con suministro por conexión domiciliaria, el agua es para Rosaura y sus vecinos de Lomo de Corvina un bien escaso, que hay que consumir con cuidado.

"Las condiciones de salubridad en las zonas sin agua son casi catastróficas: la mayoría de los camiones cisterna es de propiedad privada y no hay control sanitario del agua que transportan, de modo que abundan la parasitosis y la consiguiente desnutrición. No es extraño que la mortalidad infantil en esas zonas sea el doble que el promedio del resto de la ciudad", comenta la pediatra Irma Morales.

En los barrios urbanizados de clase media y pobre de Lima, cada familia residente consume de 15 a 20 metros cúbicos de agua al mes y paga por ello alrededor de ocho dólares, indica la socióloga Patricia Teullet. Pero en las paupérrimas barriadas, las familias deben pagar hasta 20 dólares al mes por apenas cinco metros cúbicos de agua, asegura.

La exigencia en favor de la privatización, potenciada por la próxima concesión de servicios hídricos en otras ciudades del país, es rechazada con encono por sindicatos y organizaciones de usuarios de las áreas abastecidas, que temen despidos masivos y aumento de tarifas.

Las autoridades calculan que es necesaria una inversión de cuatro mil cien millones de dólares para dotar de agua potable y saneamiento a 19 por ciento de las viviendas urbanas del país que carece de tales servicios.

Según el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, "en vista de la falta de recursos fiscales y la urgencia de otras necesidades sociales, la única solución rápida posible en este asunto es abrir paso a la inversión privada". Sin embargo esta solución ha sido objetada por diversos grupos políticos y sociales.

"En la década del 90 se invertía en Perú de 200 a 400 millones de dólares anuales en la expansión de los servicios de agua y desagüe, pero actualmente la inversión pública en dicho sector no supera los 50 millones, y no hay recursos presupuestarios para aumentar esa cifra", admitió en diálogo con Tierramérica Sergio Salinas, presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y firme defensor de la apertura al sector privado.

Brasilia, 2/6/2005 (IPS).- Los cuidados de la empresa estatal brasileña Petrobras limitan los riesgos ambientales de sus gasoductos en la Amazonia, pero confirman la dificultad para evitar los daños sociales de grandes proyectos en medio de la pobreza.

El pleno aprovechamiento del gas natural descubierto en 1986 en Urucú, una localidad aislada en la selva, beneficiará la economía y el ambiente amazónicos al estimular industrias locales y sustituir el combustible para motores diesel, más contaminante y caro, traído del sudeste de Brasil o del exterior.

Pero esto exige el tendido de un gasoducto hasta Manaos, la capital del noroccidental estado de Amazonas y un centro industrial en el que Petrobras tiene una refinería. Son 650 kilómetros cruzando selva, ríos, áreas inundadas y cercanías de comunidades ribereñas.

La construcción de un poliducto de 285 kilómetros para llevar petróleo y gas para cocina al puerto de Coari, finalizada en 1998, ya provocó impactos negativos, principalmente la migración desordenada, advirtió en conversación con IPS Marta Valeria Cunha, asesora de Comunidades de la Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, en el estado de Amazonas.

La población del municipio de Coari, al que pertenece la Provincia Petrolífera de Urucú, más que se duplicó desde 1993, cuando tenía 38.000 habitantes, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En 2004 ya eran 80.500 y hay quienes estiman en 100.000 los habitantes en la actualidad.

La expectativa, estimulada por la misma alcaldía, de que el gas impulsará la prosperidad local atrae multitudes. El mes pasado cerca de 2.000 inmigrantes invadieron repentinamente un área en la periferia de la ciudad, generando conflictos que dejaron varios heridos y más de 50 presos, informó Cunha.

Los empleos temporales y de baja remuneración para talar una faja de árboles de 15 a 20 metros de ancho, donde se instalan las tuberías a 1,5 metros bajo el suelo, ya son suficientes para atraer candidatos de comunidades pobres de todas partes, explicó la activista.

La inmigración y los campamentos de trabajadores durante la construcción provocaron aumento de paludismo, prostitución infantil, violencia, drogas, casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de adolescentes embarazadas, acotó.

Además de una epidemia de paludismo, los pobladores de Vila Lira se quejaron de que el relleno de lagunas redujo la pesca a un cuarto de la cantidad de pescado que obtenían antes, en testimonios documentados en vídeo por el periodista André Muggiati.

"El impacto ambiental se supera por la recomposición de la naturaleza, pero el social permanece", sentenció Cunha. Su batalla ahora es para que el gasoducto entre Coari y Manaos, de 365 kilómetros, a ser construido en este y el próximo año, beneficie a los ribereños y "no sólo a Manaos, su distrito industrial y los empresarios".

El secretario de Medio Ambiente del estado de Amazonas, Virgilio Viana, aseguró que "algunos errores" cometidos entre Urucú y Coari están siendo corregidos. Un largo proceso de consultas a la población y a un grupo de científicos de la universidad local precedió la construcción del nuevo tramo.

Bogotá, 2/6/2005 (Prensa Verde).- El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Colombia celebró la reciente declaración de la Serranía de los Yariguíes (en el departamento de Santander, al nororiente del país) como Parque Nacional Natural por parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Con esta declaratoria que cubre un área de 78,837 hectáreas de páramo, bosques de niebla y bosques subandinos, Colombia llega a su área protegida número 51 alcanzando un total de 10,330.244 hectáreas protegidas en todo el país.

La serranía de los Yariguíes está localizada al occidente de la cordillera Oriental, en jurisdicción de los municipios de San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Galán, Chima, El Hato, Simacota, Contratación, Guacamayo, Santa Helena del Opón y Carmen de Chucurí. El nuevo Parque es considerado despensa de agua del departamento de Santander, surtiendo a importantes cuencas hidrográficas como la del Magdalena; además de varias subcuencas locales.

La serranía de los Yariguíes tiene alturas que entre los 1.500 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde habitan grandes mamíferos como el oso andino y una gran variedad de especies endémicas, 54% de las aves conocidos para Colombia, y especies de anfibios y plantas que recién se empiezan a conocer. De igual manera, se encuentran especies forestales como el roble, el guacharaco y el tomatillo.

"El Sistema de Parques Nacionales Naturales está protegiendo una región estratégica para la generación de bienes y servicios ambientales de Santander", dijo Fabio Villamizar, director de la Territorial Norandina de Parques Nacionales Naturales. "La Serranía de Yariguíes, primer Parque Nacional de departamento, es una barrera natural que regula la dinámica climática de la región y que, además, alimenta los humedales del Magdalena Medio".

Como reconocimiento a su importancia y diversidad biológica, esta zona fue incluida dentro del acuerdo de Canje de Deuda por Naturaleza bajo el Acta de Conservación de Bosques Tropicales (TFCA) firmado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en abril de 2004, con la participación de Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC) y WWF, tres organizaciones conservacionistas internacionales que aportaron fondos para la firma de dicho acuerdo. Esta declaratoria es un paso importante para asegurar la conservación de la biodiversidad en grandes regiones del país y los fondos del TFCA pueden contribuir al manejo de áreas de conservación.

La Serranía de los Yariguíes fue identificada como un área prioritaria para la conservación dentro de la vision ecorregional de los Andes del Norte y por esta razón figura dentro del portafolio del plan de acción de WWF Colombia. El nuevo parque nacional contiene algunos de los bloques más grandes y significativos de vegetación natural que aún existen en una región profundamente transformada por las actividades humanas desde hace siglos.

Su conservación garantiza el mantenimiento de una rica biodiversidad, la persistencia de importantes procesos ecológicos como el paso de aves migratorias hacia otras regiones de los Andes y la provisión de servicios ambientales para las comunidades vecinas.

Madrid, 2/6/2005 (Ecoestrategia).- El pasado lunes se presentaron en Madrid las publicaciones finales del VII Congreso Nacional del Medio Ambiente, centradas en el Desarrollo Sostenible en España, tema principal de la pasada edición del CONAMA celebrada en noviembre del año anterior.

La presentación contó con las intervenciones de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona; el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Martínez Alonso; el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, José Trigueros Rodrigo; el Coordinador del Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio López Galiacho y el Presidente de la Fundación CONAMA, Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo. Además intervinieron Luis Guijarro, periodista ambiental y Presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), y Theo Oberhuber, Coordinador General de Ecologistas en Acción.

Las publicaciones del VII CONAMA, Temas Clave del Desarrollo Sostenible en España. Aportaciones del CONAMA y Memoria del VII CONAMA, Cumbre del Desarrollo Sostenible, recogen las conclusiones y documentos derivados de la colaboración de los más de 1.000 expertos que participaron en las jornadas del mes de noviembre. Con éstas, se pretende solucionar el problema medioambiental, apostando por una política de Desarrollo Sostenible. Tal y como dijo Carlos Martínez Alonso (CSIC): "La política medioambiental se ha ganado la opinión pública mundial", con lo que subrayó además la necesidad de continuar trabajando por la sostenibilidad.

El periodista ambiental Luis Guijarro destacó que lo más importante es saber llevar este tema a la ciudadanía. A través de los periodistas ambientales se puede concienciar a la Sociedad acerca de una necesaria protección de la Naturaleza, lo que se presenta como un gran reto en las políticas de I+D+i. "El equipo del CONAMA cree en la información y en los profesionales que la realizan y éste es el mejor ejemplo de ello".

El Presidente del CONAMA, Gonzalo Echagüe, destacó el compromiso de todos en cuanto al concepto de sostenibilidad, haciendo hincapié en que "la sostenibilidad no tiene color: color político, institucional o social".

Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, habló del proyecto ganador del premio otorgado por CONAMA, una Central Fotovoltaica en La Latina. Esta instalación, que comenzará a funcionar en unos días, ha garantizado una vida útil de, al menos, 25 años, con lo que evitará la emisión de 105 toneladas de CO2.

Por su parte, Ignacio López Galiacho (Ayuntamiento de Madrid) se centró en el poder del ciudadano y en el diseño de una ciudad sostenible, afirmando que "desde lo local, se puede hacer mucho por lo global". El mejor ejemplo lo da Madrid, que porta el proyecto más sostenible de las cinco candidaturas olímpicas. Este proyecto "local" de la ciudad de Madrid quiso D. Trigueros Rodrigo hacerlo extensible a toda Iberoamérica, como si fuera un "escaparate en materia de Desarrollo Sostenible".

La clausura de este acto de presentación la llevó a cabo la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que comenzó felicitando "el elevado índice de participación del VII CONAMA", al que acudieron gente de todos los ámbitos, desde instituciones hasta científicos y ciudadanos. Esto refleja, según la Ministra, el creciente interés de la ciudadanía española por el Medio Ambiente. "Tenemos la responsabilidad de vivir en un momento de la Historia de la Humanidad en la que sabemos mucho sobre el estado del Medio Ambiente. (...) Conocemos los problemas y su respuesta y, por ello, nos vemos obligados a pasar del simple conocimiento a su aplicación práctica".

De este modo, tras la presentación de las publicaciones del VII CONAMA, Cumbre del Desarrollo Sostenible, queda abierto el debate social sobre este tema que ha queda todavía más patente tras el inicio del Protocolo de Kioto en el pasado mes de febrero, intentando evitar, como dijo la Ministra Narbona, que los países en vías de desarrollo cometan nuestros errores y trabajando juntos para construir las naciones bajo los principios del Desarrollo Sostenible.

Ciudad De México, 2/6/2005 (Ecoestrategia).- Sin manifestación de impacto ambiental (MIA) y sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), elementos de la Fuerza Naval del Golfo, adscrita a la Secretaría de Marina, decidieron hundir un barco mediante un disparo de misil con el propósito de crear un "arrecife artificial", denunció Greenpeace.

La actividad se llevó a cabo en el LXIII Aniversario del "Día de la Marina", que se celebró el 1 de junio en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en presencia del presidente Vicente Fox. La Marina hundió un buque patrulla misilera clase "Huracán" con 60 años de servicio, disparando un misil mar-mar de fabricación israelita cuyo coste es de 700 mil dólares.

El hundimiento de barcos para crear arrecifes artificiales se debe realizar de forma controlada, y no con la destrucción de una embarcación en miles de fragmentos. Antes de hundir un barco es necesario remover todos los combustibles, cables, sistemas hidráulicos, motores y otras piezas, para que no dañen el ambiente. Además, son necesarios estudios oceanográficos de corrientes, mareas, tipo de fondo, entre otros. Por lo anterior y sus posibles impactos, esta actividad está regulada en México por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

"La Secretaría de Marina no contaba con una MIA para realizar esta actividad, requisito indispensable establecido por la LGEEPA. Es absurdo hacer un arrecife artificial de esta manera. Se debe tener muy claro la diferencia entre coadyuvar a la proliferación de la vida marina mediante la correcta creación de un arrecife artificial y entre utilizar el mar como basurero", sostuvo Greenpeace.

"Además, el detonar un misil en el mar pone en riesgo a la fauna marina, es como si regresáramos a los tiempos en que se pescaba con dinamita, método que fue prohibido por el gran daño ecológico que causaba", concluyeron los ecologistas.