Ciudad de México, 23/6/2005 (Ecoestrategia).- Sierra Club, la organización más grande y antigua de América, y el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC -por sus siglas en inglés-) se unieron a la serie de visitas que organizaciones internacionales han hecho a México para evaluar la situación en la que se encuentran los campesinos ecologistas tras la escalada de violencia, luego de que Albertano Peñaloza y su familia fueran emboscados, y a unas semanas de que el Juez Primero de Distrito emita su sentencia en el caso de Felipe Arreaga, campesino ecologista preso injustamente desde noviembre de 2004.

En conferencia de prensa, junto con organizaciones como Greenpeace, la Red Nacional de Organismos Civiles por los Derechos Humanos (conformada por más de 50 organizaciones nacionales), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" (quién lleva los casos de los campesinos ecologistas), Stephen Mills, Director de Programas Internacionales de Sierra Club, estableció que: "La única falta de los campesinos ecologistas ha sido defender los bosques y el medio ambiente, y cualquiera puede estar de acuerdo con que ello no debe ser un crimen, por lo que Felipe Arreaga no debe estar encarcelado y la emboscada cometida en contra de Albertano Peñaloza y su familia debe ser investigada adecuadamente de tal forma que los campesinos ecologistas puedan tener las condiciones necesarias para llevar a cabo su labor".

Por su parte, Marcia Newlands, abogada del despacho Héller Ehrman y representante del EDLC, recordó que en la visita previa que realizó al estado de Guerrero en abril de este año pidió que se creara una comisión de seguimiento del caso de Felipe, a lo cual no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades del Estado de Guerrero. Y estableció que "el Gobernador de Guerrero debe asumir que las autoridades de procuración de justicia estatales no han llevado a cabo su labor de manera adecuada al permitir la fabricación de cargos en contra de Felipe Arreaga por lo que debe instruir a la Procuraduría de Justicia Estatal para que atienda las pruebas que demuestran la inocencia de Felipe y presente conclusiones absolutorias en el caso."

"Las autoridades lejos de contribuir a la fabricación de cargos y permitir que los caciques madereros de la zona continúen actuando en la impunidad, deberían realizar acciones concretas para revertir el clima de inseguridad en el que viven los campesinos ecologistas y sus familias. En las conclusiones que presente la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero en el caso de Felipe se demostrará la voluntad política de las autoridad ejecutiva del Estado", dijo Mario Patrón, abogado de los casos de los campesinos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan".

Las organizaciones coincidieron en que no han visto acciones concretas por parte de las autoridades estatales que resuelvan de manera pronta y eficaz la situación de inseguridad en la que viven los campesinos ecologistas de Guerrero, por lo que buscan que las autoridades federales contribuyan a resolver la problemática, en coordinación adecuada con las autoridades estatales.

Cali, Colombia, 23/6/2005 (Ecoestrategia).- El pasado 13 de Junio se instaló en la Sede de la Oficina de Gestión Ambiental Territorial (OGAT) Pacifico Oeste, el Comité Interinstitucional para el control de avistamiento de ballenas, que inicia su temporada a finales de julio y se extiende hasta el mes de septiembre. Los cetáceos llegan a las cálidas aguas del Pacífico colombiano para aparearse y brindar un inigualable espectáculo a los visitantes.

El evento fue dirigido por el biólogo Javier Ovidio Espinosa, quien hace parte del Proceso de Fortalecimiento de la cultura ambiental. La Fundación Yubarta hizo parte de esta programación con una presentación donde destacó el papel ecológico que cumple la especie en aguas colombianas. En la reunión se habló de las medidas de prevención que se tomarán este año durante el avistamiento, que va desde julio hasta finales de octubre.

Precisamente el pasado mes de marzo se realizó en Costa Rica el "Taller de Introducción a la actividad turística de observación de cetáceos", con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Fundación Cethus, la Sociedad Mundial para la Protección de Animales, y la Sociedad para la Conservación de Delfines y Ballenas. Este evento reunió a los países centroamericanos de Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador con el fin de aprender sobre la biología de los cetáceos, cómo reducir posibles daños a las ballenas durante las actividades de observación, y clarificar pautas y regulaciones.

El taller contó con la participación de la bióloga Patricia Falk, coordinadora de Educación Ambiental de la Fundación Yubarta de Colombia, quien compartió con los asistentes la experiencia de la Fundación durante más de 10 años de labores en la actividad turística de observación de ballenas en el Pacífico colombiano.

Esta experiencia fue de vital importancia para enriquecer el taller, pues el trabajo colectivo de Yubarta ha permitido la existencia de una reglamentación actualizada y concertada que controla y evalúa la actividad de avistamiento de ballenas durante las temporadas en las que estas visitan las costas colombianas. De igual manera, la investigación permanente realizada por dicha Fundación ha permitido evaluar el impacto del turismo sobre la población ballenera que llega a las costas del Pacífico.

Santiago de Chile, 23/6/2005 (IPS).- Ecologistas, comunidades indígenas, agricultores, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil se movilizan en Chile, Argentina y Europa contra Pascua-Lama, un gigantesco proyecto minero de la transnacional canadiense Barrick Gold que incluye la remoción de tres glaciares en Los Andes para la explotación de oro y plata.

El yacimiento de Pascua-Lama está a ambos lados de la frontera entre Argentina y Chile, con 80 por ciento de sus reservas en territorio chileno, bajo los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, que alimentan en el valle de Huasco, a 660 kilómetros al norte de Santiago, sistemas de regadío para unos 70 mil pequeños productores agrícolas.

Más de dos mil 500 personas se manifestaron contra el proyecto el pasado 4 de este mes en una festiva marcha por las calles de Vallenar, urbe situada 150 kilómetros al oeste de la mina que, por el lado argentino se encuentra 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan.

Ese mismo día, un millar de activistas marchó en Santiago para repudiar el emprendimiento de Barrick Gold, mientras que en Barcelona, Londres y Cambridge se realizaban actividades de denuncia y difusión en defensa de los glaciares, convocadas por la no gubernamental organización Vidau (Vida Autónoma, Cooperación y Desarrollo).

El yacimiento Pascua-Lama contiene reservas comprobadas de 17 millones de onzas de oro y 635 millones de onzas de plata, y la transnacional planea invertir mil 500 millones de dólares para explotarlo durante 20 años, con producciones anuales en el primer quinquenio de 750 mil onzas de oro y 30 millones de onzas de plata.

Barrick Gold se propone iniciar la construcción del proyecto en enero de 2006, pero antes debe responder satisfactoriamente, en un plazo de 90 días, un vasto cuestionario sobre los impactos del proyecto que le formuló a comienzos de junio la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).

"El agua vale más que el oro. El proyecto Pascua-Lama es un ejemplo brutal del tipo de desarrollo económico que se está ejecutando en Chile", dijo a Tierramérica Lucio Cuenca, coordinador en Chile del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Los ecologistas señalan que los glaciares andinos, una de las fuentes planetarias de reserva de agua dulce, sufren un gran deterioro por el recalentamiento global y que en este caso la remoción en Pascua-Lama de 20 hectáreas de hielos (con un volumen de 300 mil a 800 mil metros cúbicos) para explotar la mina tendría un fuerte impacto ambiental.

A eso se suma la contaminación de la propia explotación minera sobre las aguas que riegan el valle de Huasco. "La minería aurífera arroja 79 toneladas de desechos por cada 28 gramos de oro y aporta 96 por ciento de las emisiones globales de arsénico", señaló el economista Marcel Claude, vicepresidente de la organización internacional Oceana.

Barrick Gold ha realizado una intensa campaña de publicidad, con avisos en televisión que elogian presuntas bondades ambientales de su proyecto en materia de tratamiento de agua, y también destacan que crearía cinco mil empleos directos en la etapa de producción.

La transnacional, con sede en Toronto, es la tercera productora mundial de oro y con Pascua-Lama espera ascender al segundo lugar. Para ello, inició en 1991 investigaciones en los glaciares y en 1997 adquirió, a través de su filial chilena Empresa Nevada, la hacienda Chañarcillo o Chollay en el lugar.

Sin embargo, la comunidad de Husacoaltinos, integrada por agricultores de origen diaguita (una etnia ancestral del norte de Chile), entabló en 2001 un juicio por usurpación de tierras contra la empresa, porque la compra se hizo a uno solo de los miembros de ese grupo.

Nancy Yáñez, abogada del Observatorio de Derecho de los Pueblos Indígenas, dijo que hay fundamentos legales para anular la transacción, en virtud de leyes de protección del patrimonio de las comunidades ancestrales que exigen el acuerdo de todos sus miembros para la enajenación de sus antiguos territorios.

Los opositores al proyecto destacan también la controvertida historia de Barrick Gold, comprada en 1983 por el traficante de armas saudita Adnan Khashoggi, y vinculada también con el magnate venezolano Gustavo Cisneros, dueño entre otras cosas de medios de comunicación masiva, y con la familia del presidente estadounidense George W. Bush.

Según el libro "La mejor democracia se puede comprar con dinero", del periodista estadounidense Greg Palast, el presidente George Bush (1989-1993), padre del actual gobernante, ejerció presión en Indonesia y Zaire (actual República Democrática del Congo) para favorecer negocios mineros y petroleros de Barrick Gold.

Caracas, 23/6/2005 (Tierramérica).- Artistas, ambientalistas, educadores e historiadores se han propuesto erigir un Museo Ecológico del Lago de Maracaibo, sobre una plataforma en ese cuerpo de agua junto al malecón de la ciudad homónima, capital petrolera del occidente venezolano.

"El lago y su cuenca son un gran mundo encerrado entre ramales de la cordillera de los Andes pero abierto como un estuario al Caribe, y queremos dotar a su población de instrumentos para el estudio de su pasado, presente y futuro, es decir, para su conservación", dijo a Tierramérica el historiador Germán Cardozo, animador del proyecto.

El museo contará con salas de exposiciones, centro audiovisual y un centro de estudio regional de historia y arquitectura petroleras, y de los transportes que han surcado ese lago de 12 mil 870 kilómetros cuadrados, cuya cuenca fue, durante décadas, el mayor emporio petrolero de América del Sur.

Ciudad de México, 23/6/2005 (IPS).- Las medicinas aplicadas en América Latina y el Caribe contra los males ambientales no surten el efecto deseado, y la región difícilmente cumplirá el compromiso de garantizar su sustentabilidad entre 2015 y 2020, una de las ocho Metas de Desarrollo del Milenio, según reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Es preocupante la situación de esta región, que concentra casi la mitad de los bosques tropicales y siete de los 25 ecosistemas más ricos del mundo, según el documento "Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe", presentado el 10 de junio en Chile por la CEPAL.

La mayor parte de los indicadores relacionados con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del ambiente "muestran un severo deterioro ambiental, tanto en el medio natural como en el medio construido, lo que significa que hay escasas probabilidades de cumplimiento de las metas establecidas", sentencia el documento.

Los ocho Objetivos del Milenio fueron adoptados en 2000 por la comunidad internacional como una plataforma de desarrollo para reducir drásticamente la pobreza y las desigualdades en todo el mundo, tomando como año base 1990. El primero de ellos es abatir a la mitad la proporción de población indigente y hambrienta, con plazo en 2015.

El séptimo objetivo, garantizar la sustentabilidad del ambiente, contiene tres metas específicas. Ellas son incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos naturales, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable, y mejorar considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

En América Latina no se avanza a los ritmos deseables, porque la región mantiene plenamente acoplados "el crecimiento económico al deterioro ambiental", dijo a IPS en México el director de la oficina latinoamericana del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Ricardo Sánchez, agencia que participó en la preparación del documento.

"Nuestras economías siguen basadas en el uso intensivo de recursos naturales, y eso evidentemente requiere ser transformado para poder crecer sin seguir deteriorando el ambiente", señaló Sánchez.

El documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe expone abismos entre la realidad y los compromisos oficiales. Por ejemplo, la superficie boscosa se reduce a gran velocidad. La deforestación, que arrasó con 46,7 millones de hectáreas entre 1990 y 2000, avanza en una proporción anual de 0,5 por ciento en la región, el doble que el promedio mundial, indica el estudio.

Apenas dos de los 33 países estudiados registran progresos en esa materia de superficies boscosas, hay estancamiento en siete y retroceso en 24. En esta región se encuentran 40 por ciento de las especies vegetales y animales del planeta. De las 178 "ecorregiones" identificadas en América Latina y el Caribe, 77 por ciento están amenazadas.

Sólo América del Sur proporciona 47 por ciento de los ejemplares animales capturados ilegalmente en el mundo. "Todavía hay que hacer un esfuerzo importante para revertir" fenómenos "como deforestación, degradación de suelos y aguas", pero sobre todo hay que revisar el modelo de desarrollo, "pues hay cosas que han demostrado que no funcionan", dijo el director del PNUMA, cuya sede regional está en México.

"El modelo de mayor comercio y menor Estado no funciona. Tiene que haber mayor comercio, pero uno que tenga en cuenta las características de los países en desarrollo. Es necesario además tener un mayor Estado que vele por la sustentabilidad", añadió.

El panorama ambiental trazado por el informe muestra una región que destruye su entorno. Respecto del uso eficiente de energía, de 20 países estudiados, se registraron avances en ocho. En emisiones por persona de dióxido de carbono (el principal gas de efecto invernadero) sólo hay progreso en cuatro de los 33 países de la región.

En los mares, el panorama no difiere, pues se detecta una sobreexplotación y degradación evidente de ecosistemas. Y en las tierras, se perdieron tres cuartas partes de la diversidad genérica de los cultivos agrícolas.

En cambio, la meta de suministrar agua potable y saneamiento a la mitad de la población sin esos servicios es de pronóstico mixto. Es posible que se cumpla en cuanto a agua potable, pero no en saneamiento, un servicio que debería llegar en 2015 a unos 150 millones de personas (121 millones en zonas urbanas y 29 millones en áreas rurales).

En 2002 la cobertura de saneamiento urbano en la región era de 84 por ciento, y la rural de 44 por ciento. El avance fue de apenas 27 por ciento en las zonas rurales y de 35 en las urbanas, lo que muestra el rezago, indicó la CEPAL.

La meta de saneamiento urbano, fue alcanzada por los países del Caribe. Pero preocupa la situación de Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú y República Dominicana.

El análisis de los progresos hacia la última meta referida a sustentabilidad, que propone una mejora sustancial en la vida de habitantes de tugurios y barrios precarios, muestra a ocho países avanzando, y estancados o en retroceso a otros ocho, en 16 estudiados.

En 1990, 35,4 por ciento de la población urbana de América Latina vivía en viviendas con carencias, proporción que disminuyó a 31,9 por ciento en 2001. Sin embargo, en el mismo período, la población urbana aumentó en 79 millones y los residentes en barrios precarios o tugurios pasaron de 111 a 127 millones.

Sevilla, 23/6/2005 (Ecoestrategia).- La Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) inició el pasado mes de marzo una campaña para declarar a Andalucía "libre de transgénicos" con base en el documento presentado ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la coexistencia entre cultivos convencionales, ecológicos y genéticamente modificados, creado junto a diversas organizaciones.

Como respuesta a dicha labor, los ayuntamientos de Almonte (Huelva) y Pozoblanco (Córdoba) han querido dejar constancia de que sus municipios están "libres de transgénicos". El primero tiene registradas 27.384 hectáreas de producción ecológica, mientras que el segundo cuenta con una superficie ecológica de 8.977 hectáreas. Ambos municipios no quieren que sus cultivos se vean contaminados por los Organismos Genéticamente Modificados.

Los alimentos transgénicos presentan riegos no asumibles para la salud, dañan el medio ambiente, generan una contaminación irreversible, suponen un peligro global para la seguridad alimentaria, aumenta el control de la alimentación mundial por parte de las multinacionales y ponen en riesgo los métodos de producción de los alimentos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Para concienciar a la ciudadanía, ambos ayuntamientos van a iniciar una campaña informativa para evitar el consumo de organismos genéticamente modificados (OGMs) a nivel local.

Los aspectos de mayor relevancia que contiene dicho documento sobre coexistencia son: las normas de coexistencia deben garantizar que el nivel de contaminación por OMG de los cultivos convencionales libres de transgénicos y ecológicos sea el mínimo posible; el término de coexistencia se debe entender como ausencia de contaminación por parte de los transgénicos en producciones convencionales y ecológicas.

Así mismo, La tolerancia de presencia de material transgénico en lotes de semillas no transgénicas debe ser el 0 técnico (actualmente 0,1 %, es decir, el nivel de detección) para garantizar el futuro de una agricultura libre de transgénicos.

El establecimiento de distancias entre campos de OMG y no OMG deberá tomar en cuenta además de conceptos como la cercanía a campos OMG, el tamaño y forma de la parcela, la disposición de las parcelas, los vientos dominantes, el relieve del terreno o la superficie sembrada con cultivos de OMG, entre otras.

Debe establecerse además la obligación para el agricultor que quiera sembrar semillas de OMG de declarar, con tres meses de antelación su intención de utilizar duchas semillas y la localización de las parcelas.

Es imprescindible que se establezca un régimen de responsabilidad de la liberación al medio ambiente de los OMG. También se justifica el reconocimiento del derecho a las autoridades locales y regionales de declarar su zona libre de transgénicos.

La Asociación CAAE va a seguir promoviendo esta iniciativa a lo largo del territorio andaluz. Actualmente, la superficie de Agricultura y Ganadería Ecológica sigue mostrando un continuo desarrollo en Andalucía y ha alcanzado las 361.633 hectáreas inscritas en la Asociación CAAE, lo que supone un aumento del 12,6 por ciento con respecto al ejercicio de 2004. Cabe destacar que, desde comienzos de 2005, la superficie inscrita ha experimentado un crecimiento de 45.607 hectáreas, el mayor aumento dentro de la Unión Europea.