Salvador de Bahía, 30/6/2005 (Naciones Unidas).- La comunidad internacional ha puesto en marcha el "Proyecto Amazonas", una iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), cuya meta es ayudar a la Cuenca del Amazonas y a sus 10 millones de habitantes a conservar y a administrar mejor las aguas, bosques, flora y fauna silvestres de la región, los cuales son de gran importancia en términos económicos.

El nuevo proyecto Amazonas, que fue anunciado en la III Conferencia Bienal Internacional del Agua del FMAM en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía, identificará los puntos rojos, los hábitats y ecosistemas dañados. También, se crearán medidas para reducir las amenazas y reparar los daños medioambientales.

Otros objetivos incluyen el lograr reglas armonizadas que cubran la administración de la Cuenca del Amazonas. También se creará una visión regional de cómo alcanzar un desarrollo realmente sustentable a lo largo de los ocho países.

Otra parte importante del proyecto será el ayudar a países y comunidades vulnerables a adaptarse y enfrentar el acuciante cambio climático.

Klaus Toepfer, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aseguró que el nuevo proyecto jugaría un papel importante para ayudar a la región a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para 2015.

Estos objetivos, que fueron acordados internacionalmente, cubren temas como la reducción de la pobreza, disminución en la transmisión enfermedades como la malaria, hasta el tema de la potenciación del papel de la mujer y el abastecimiento de agua potable segura y en cantidades suficientes.

"Este nuevo proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial reconoce, fundamentalmente, el crucial valor económico de la naturaleza y de los bienes y servicios suministrados por los sistemas fluviales, bosques y otros ecosistemas", comentó Toepfer.

El proyecto es manejado por la Organización de Estados Americanos, siendo el Tratado de Cooperación de la Organización del Amazonas, la entidad regional. El proyecto, que durará aproximadamente dos años, costará un poco menos de 1,2 millones de euros.

El proyecto está diseñado como una preparación o una piedra angular para un proyecto más grande y más amplio, de alrededor de 8 millones de euros, un "mega proyecto de la cuenca", programado para comenzar en el año 2007.

La gente, tierra, flora y fauna de la Cuenca del Amazonas se están volviendo más y más vulnerables a fenómenos climáticos, a problemas de salud y a una reducción del "capital natural", como resultado de la deforestación, la minería, la urbanización y otros cambios en el uso de la tierra.

Esto se subrayó de manera gráfica en el crudo año de El Niño en1997. La sequía fue tan severa que dio como resultado que miles de acres de bosques se incendiaran, disparando calamidades, tanto respiratorias, como de otras también de salud.

Las lagunas se secaron, afectando la vida silvestre, como las tortugas, y la región experimentó la racionalización de la energía y una reducción en la capacidad de transporte del Amazonas y sus afluentes.

Los expertos están preocupados de que el cambio climático, unido al aumento de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial y los gases de efecto invernadero agraven los problemas de la cuenca, haciendo que a la gente, y a la fauna y flora silvestre les sea cada vez más difícil hacerle frente a la situación.

Mientras tanto, también hay una necesidad urgente de ocuparse de otros problemas del medio ambiente, incluyendo la contaminación de los ríos por actividades como la agricultura y la minería, los cuales tienen impacto en el agua potable y en la salud humana.

El nuevo proyecto, que incluye a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, tendrá como objetivo coordinar los esfuerzos nacionales que se están llevando a cabo en la actualidad, y que, aunque numerosos, están frangmentados. Estos esfuerzos están dirigidos a administrar de mejor manera y conservar los recursos naturales y el "capital natural" de la cuenca amazónica.

Ciudad de México, 30/6/2005 (Agencias).- El director general de Bosques y Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (DF), Fedro Guillén Rodríguez, anunció que por medio de los programas de reforestación urbana y rural, este año el gobierno capitalino plantará más de un millón de árboles en toda la ciudad. Estas acciones, señaló el funcionario, permitirán inhibir la invasión de áreas consideradas Zona Protegida.

Junto con el asesor de la dependencia, Oscar Vázquez Martínez, se anunció también que el Gobierno del DF prepara una norma para hacer obligatorio que giros comerciales como balnearios, ìscinas y baños públicos usen colectores solares para el calentamiento de agua.

Tras inaugurar la Feria de la Energía Solar, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que organizó la dependencia junto con la Asociación Nacional de Energía Solar, Guillén informó que el programa de reforestación comenzará el próximo 10 de julio, con un acto en la tercera sección de Chapultepec, donde se han recuperado en esta administración alrededor de 70 mil metros cuadrados de áreas invadidas por particulares, y donde se realizan acciones de saneamiento, como el retiro de 4 mil eucaliptos de alto riesgo; en su lugar se sembrarán 8 mil árboles de otras especies, entre pinos, cedros, encinos, madroños y tepozanes, entre otras.

El funcionario informó igualmente que se está preparando la Norma de Calentamiento Solar de Agua, mediante el uso de tecnologías alternativas. Oscar Vázquez, quien trabaja en dicha normatividad, explicó que la energía solar aplicada al calentamiento de agua es menos cara que el uso de los páneles fotovoltaicos para generar electricidad y se paga en un tiempo razonable. Empresarios de firmas que utilizan tecnologías canadienses e israelíes, explicaron que la inversión para instalar calentadores de agua para albercas se puede recuperar en sólo año y medio.

La norma, además de fomentar el uso de fuentes alternas de energía, permitirá reducir las emisiones de bióxido de carbono al disminuir el uso de combustibles fósiles y coadyuvar en la preservación de los recursos naturales.

En la exposición participaron instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio del Centro de Investigación de Energía, que exhibió un pequeño refrigerador que funciona con energía solar, y un secador solar doméstico para uso rural, que está destinado a la elaboración de frutas y verduras secas, manteniendo no solamente los nutrientes, sino los colores y aromas de los alimentos.

Río de Janeiro, 30/6/2005 (IPS).- Una drástica reducción de la contaminación causada por el transporte en las grandes áreas metropolitanas de Brasil podría ahorrar 41.000 millones de euros en los próximos 20 años, al evitar la muerte prematura de 47.000 personas y la enfermedad de centenares de miles.

La estimación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo se basa en los resultados de la primera fase del Programa de Control de la Contaminación del Aire por Vehículos Automotores (Proconve), adoptado por el Consejo Nacional de Medio Ambiente en 1986.

El programa redujo entre 80 y 90 por ciento las emisiones contaminantes de vehículos nuevos, evitando 4.500 muertes prematuras entre 1997 y 2000 y ahorrando entre 3.000 y 4.000 millones en costos sanitarios, según el estudio de la Facultad de Medicina.

Estos son datos destacados en la IV Conferencia Internacional de Emisiones Vehiculares, realizada recientemente en Brasilia, con el fin de intercambiar informaciones entre expertos, autoridades ambientales y empresarios de varios países e impulsar políticas de reducción de la contaminación urbana.

Las emisiones contaminantes del transporte (partículas en suspensión, plomo, óxidos de nitrógeno, dióxido de sulfuro, monóxido de carbono y ozono) pueden provocar graves daños a la salud, desde trastornos neurológicos y reducción del coeficiente intelectual en niños, hasta enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, irritación en la vista y hasta muerte prematura.

México es un ejemplo de que se puede mejorar rápidamente el ambiente en las grandes ciudades con medidas de control, dijo a IPS Roberto Pereira, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos para el Control de Emisiones Vehiculares en América del Sur (AFEEVAS), organizadora de la conferencia.

En pocos años, México pasó de ser uno de los más rezagados a liderar la región en materia de control de esa fuente de contaminación, con leyes reguladoras basadas en el modelo estadounidense, informó Pereira. La industria se resistió, pero el gobierno se impuso, acotó.

Por eso, para exportar automóviles a México, la industria brasileña tiene que cumplir exigencias más rigurosas que las del mercado interno. La tecnología más avanzada encarece la producción, pero una tributación menos elevada que la brasileña compensa los costos, explicó. Chile también avanzó mucho en esa área. Pero se trata de un país importador de vehículos y combustibles, que puede exigir productos adecuados, observó a IPS Paulo Macedo, coordinador del Proconve.

En un país como Brasil, el proceso exige avances coordinados en el "triángulo formado por regulación, industria automovilística y combustibles", por eso el gobierno "no impone, negocia la regulación con todos los sectores involucrados", explicó.

Además de los progresos en esa área, Brasil dispone de una ventaja "que ningún otro país tiene", la producción de alcohol carburante procedente del azúcar, menos contaminante que los derivados del petróleo porque es oxigenado, y que se usa en una mezcla de 25 por ciento con la gasolina o solo como combustible completo, destacó Macedo.

No es coincidencia que los tres países mencionados, los más preocupados por el problema, tengan las metrópolis más pobladas y contaminadas de la región, Ciudad México, Santiago de Chile y Sao Paulo.
En Brasil, el Proconve promovió una buena mejora en los vehículos, cada vez menos contaminantes, y en los combustibles, lo cual evitó que se agravaran las condiciones ambientales de las grandes ciudades. Pero la cantidad de vehículos en este país se duplicó entre 1990 y 2003, pasando de 18 a 36 millones, lo que amenaza la salud de sus 182 millones de habitantes, especialmente en las regiones metropolitanas.

La gran batalla ahora es mejorar el gasóleo, consumido principalmente por grandes vehículos como autobuses y camiones, según Gabriel Branco, consultor técnico de la Afeevas. Ahora la meta del programa es reducir la emisión de azufre, que provoca lluvias ácidas, y la contaminación urbana más grave en este momento, el ozono.

La AFEEVAS es una asociación sin fines de lucro de 15 empresas transnacionales que producen equipos y tecnología para controlar la contaminación de los vehículos. Su objetivo es proveer información técnica a favor de políticas nacionales e internacionales que mejoren la calidad del aire y de la vida.

Buenos Aires, 30/6/2005 (Ecoestrategia).- La organización ecologista Greenpeace sostuvo que el Gobierno Argentino presenta una ausencia total de políticas en materia ambiental, climática y energética y consideró "un mal chiste" que el Ministerio de Salud y Ambiente se atribuya, a través de una campaña de publicidad, inexistentes logros relacionados con el "compromiso local frente al Cambio Climático Global". "Semejante ejercicio de publicidad no es compatible con la total ausencia del Estado en materia ambiental", afirmó Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace Argentina.

Greenpeace denunció que mientras el gobierno se jacta del compromiso argentino en relación con el Cambio Climático propone al mismo tiempo un modelo energético basado en el consumo de combustibles fósiles, principales responsables del efecto invernadero y, por extensión, del calentamiento global.

"A pesar de lo que se dice desde el Ministerio, no existe acción alguna para minimizar esa dependencia con la introducción de energías renovables", explicó Villalonga. "Por el contrario, el desarrollo de las fuentes de energías limpias, como la eólica, es sólo materia de discursos y promesas sin mayor traducción en medidas concretas".

Según Greenpeace, la situación empeora con el proyecto de gastar más de 500 millones de dólares en intentar terminar la planta nuclear de Atucha II, un disparate económico y tecnológico que distraerá recursos que podrían ser mejor invertidos en tecnologías mucho más modernas y limpias.

"Estos ejemplos son elocuentes de una ausencia total de política ambiental y climática, por más propaganda que se haga. Cuando tengamos una política ambiental que ponga fin a la destrucción de nuestros bosques, materia urgente que debe ser saldada de inmediato, y cuando la inclusión de las energías renovables sea parte real del menú energético nacional podremos aplaudir avisos como el que vimos esta semana", aseguró Villalonga.

La agrupación ambientalista reiteró que "por ahora nada se traduce en un compromiso nacional concreto frente al calentamiento global, cuyos efectos ya estamos sufriendo, como bien lo señala el propio Gobierno. No hay propaganda que pueda ocultar ese vacío de gestión y distancia entre las palabras y la acción".

Greenpeace consideró que con respecto cambio climático, "nada se está haciendo y que no podemos confundir el haber sido anfitriones de la reunión de la Convención de Cambio Climático el año pasado en Buenos Aires, con que tenemos una propuesta político en esa materia".

"Resulta por lo menos irritante ver semejante ejercicio de publicidad cuando los hechos de la realidad muestran tan poca cosa", concluyó el portavoz argentino de Greenpeace.

Québec, 30/6/2005 (Ecoestrategia).- Una mayor colaboración entre las naciones y los sectores público y privado es crucial para proteger el medio ambiente de Norteamérica, planteó el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), Stephen L. Johnson, durante una reciente reunión celebrada con los ministros ambientales de México y Canadá, en la ciudad canadiense de Québec.

Johnson, se reunió con sus colegas para celebrar discusiones sobre planificación estratégica en la duodécima sesión ordinaria del Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA). Como parte de su labor, los tres altos funcionarios mantuvieron conversaciones con representantes de la Cámara de Comercio Canadiense, la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas y el Consejo Estadounidenses para el Comercio Internacional. Estos países acordaron de manera formal el fortalecer el enlace con la comunidad comercial y expandir la participación del sector privado en las iniciativas innovadoras de la CCA para la protección del medio ambiente.

Los funcionarios adoptaron un nuevo plan estratégico de cinco años para la CCA enfocado en resultados, calidad de información y análisis basado en ciencia sólida. Los países adoptaron prioridades entre las cuales figuran la viabilidad y compatibilidad en la información ambiental a nivel nacional y regional para el uso de todas las partes interesadas.

Asimismo se puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para manejar los asuntos ambientales de interés común, con una atención inicial a las oportunidades en México para trabajar con el sector privado a fin de mejorar la competitividad y el rendimiento ambiental.

También se pidió fomentar la integración del comercio y trabajo ambiental dentro de la CCA en materia de energía renovable, aplicación de la ley ambiental, la continua evaluación ambiental del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), las compras de productos "verdes" (favorables al medio ambiente), y el control de las especies foráneas invasoras.

La CCA es una organización internacional creada por Canadá, México y los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). La CCA fue establecida para abordar las preocupaciones ambientales regionales, ayudar a evitar los posibles conflictos comerciales y ambientales, y promover la aplicación eficaz de la ley ambiental. El Acuerdo complementa las disposiciones ambientales del Tratado de Libre Comercio de Norte América.

Bogotá, 30/6/2005 (Ecoestrategia).- En una carta dirigida al Congreso de los Estados Unidos, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) y diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos colombianas e internacionales solicitaron que no se permita la fumigación aérea en los Parques Nacionales Colombianos, como parte del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos del Plan Colombia.

En su lugar, requirieron que el Congreso de los EEUU apoye y amplíe los proyectos de desarrollo alternativo sostenibles que se están ejecutando en Colombia, y que se apoyen las políticas alternativas a la fumigación aérea, incluyendo la erradicación manual, de la misma manera que se ha hecho en Bolivia, Perú e incluso Guatemala.

Dicha petición se fundamenta en que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el Herbicida Glifosato (PECIG) no ha mostrado su efectividad como una herramienta para la destrucción de cultivos de coca y de amapola y al contrario, está causando impactos negativos principalmente a las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y a ecosistemas estratégicos en Colombia.

Según las ONGs, "se ha evidenciado que el programa de fumigación promueve el desplazamiento de estos cultivos a otros departamentos y zonas alejadas, agrava el desplazamiento interno, destruye cultivos de alimentos, contamina fuentes de agua vitales para la sobrevivencia de las comunidades, y causa impactos ambientales directos e indirectos. Aunado a ello, la implementación de la política de erradicación aérea ha desconocido múltiples normas nacionales e internacionales obligatorias para Colombia, debilitando el Estado de Derecho en su ejecución".

Igualmente los firmantes de la carta aseguran que después de cinco años de implementación masiva de las fumigaciones, la política no ha demostrado ser efectiva. En la ejecución del Plan Colombia se han gastado más de 4 mil millones de dólares provenientes del gobierno estadounidense, que se suma a lo invertido por el gobierno colombiano y otras fuentes de ayuda de cooperación internacional.

Al comienzo del Plan Colombia había más de 171,000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Cuatro años después se había fumigado más de cuatro veces esta cantidad (752.327 hectáreas); sin embargo en diciembre de 2004 todavía quedaban más de 116,000 hectáreas de cultivos ilícitos. La falta de efectividad es evidente, concluyen.

Evidencias científicas

La carta insiste en que "está ampliamente demostrado que la erradicación aérea desplaza los cultivos a zonas donde antes no existían, causando mayor deforestación y erosión de la biodiversidad. Al comienzo del Plan Colombia había cultivos de coca y de amapola en 12 departamentos, ahora están presentes en 23 de los 32 departamentos Colombianos. Esto claramente causa graves daños ambientales en zonas ecológicamente sensibles de Colombia como la Cuenca Amazónica".

Al referirse a los perjuicios ocasionados por la utilización de este agroquímico, se señala que durante el año 2004 y lo que lleva de 2005, diferentes comunidades de los departamentos de Chocó, Magdalena y Norte de Santander, denunciaron afectaciones a la salud, destrucción de cultivos de alimentos y contaminación del agua debido a las fumigaciones. Por ejemplo, la comunidad indígena Eperara Siapidaara denunció la muerte y enfermedad de niños y el desplazamiento forzado debido a las fumigaciones ocurridas a finales de abril del 2005. Estas quejas se suman a las presentadas por comunidades en diversas áreas desde diciembre de 2000 cuando comenzó el PECIG.

Ante las autoridades colombianas reposan más de 8.000 denuncias de daños, sin que hayan sido apropiadamente investigadas, argumentando la inocuidad de la mezcla utilizada y la dificultad en las investigaciones. Esto es particularmente preocupante, considerando recientes investigaciones que evidencian impactos que el Roundup, el glifosato y los surfactantes que se usan en Colombia pueden causar impactos adversos, particularmente en los seres humanos y en anfibios y otros animales acuáticos.

El texto de la misiva destaca que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos todavía no tienen estudios creíbles que les permitan concluir que la fumigación no afecta el ambiente o la salud humana. Recientemente un estudio realizado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, CICAD-OEA, concluyó que el glifosato y el Cosmo-flux (sustancias usadas para la fumigación) de la forma como se estaban usando "no representaba un riesgo significativo para la salud humana" y que los riesgos para el ambiente eran pocos o nulos.

Sin embargo, el estudio reconoció que "las exposiciones de humanos al glifosato bajo las condiciones de uso no se pudieron medir directamente en los cultivadores de cultivos ilícitos", que para la exposición a organismos acuáticos "se desconoce la frecuencia de presentación y la magnitud en la que sucede, y no había datos disponibles sobre la proximidad de las aguas superficiales a los cultivos de coca". Lo anterior evidencia que incluso después de la realización del estudio de la OEA-CICAD, en Colombia aún hacen falta las investigaciones necesarias para concluir que efectivamente no se causan daños ambientales o en la salud humana.

Como solución alternativa los representantes de la sociedad civil defienden los proyectos de desarrollo alternativo que brindan un sostenimiento a los cultivadores de coca y de amapola, y que "han demostrado ser más efectivos para la erradicación de cultivos ilícitos. De hecho, estos programas pueden ayudar a proteger los ecosistemas estratégicos que están localizados en áreas de riesgo. Ejemplo de lo anterior es la estrategia de "Sistemas Sostenibles para la Conservación" de la Unidad de Parques Nacionales Naturales adelantada desde hace más de 4 años, que beneficia a más de 11,000 familias, conformando cinturones de protección alrededor de 18 áreas del Sistema de Parques Colombiano".

Sin embargo, enfatizaron que estos proyectos corren el riesgo de perder su financiamiento pues si los Parques Nacionales son fumigados, varios gobiernos extranjeros y agencias de cooperación internacional retirarían su apoyo, como ya lo han anunciado. Adicionalmente, se han fumigado accidentalmente varios de estos cultivos con lo cual se ha anula la posibilidad de éxito de dichos proyectos, demostrando la incompatibilidad de la erradicación aérea con la sostenibilidad de iniciativas de desarrollo rural en Colombia.

Finalmente, concluyen, "si bien se han implementado algunos proyectos de desarrollo alternativo como parte del Plan Colombia, estos no se han desarrollado de forma integral y consistente. Por ende, es necesario apoyar de manera consistente proyectos a mediano y largo plazo, que verdaderamente signifiquen una alternativa de sostenimiento económico para los cultivadores de coca y de amapola".