Ciudad de México, 19/9/2005, (Ecoestrategia).- Después de 10 meses de detención injustificada, el juez de Primera instancia en Materia Penal, Ricardo Salinas Sandoval, con sede en Zihuatanejo, dictaminó la inocencia del campesino ecologista Felipe Arreaga, quien permaneció preso injustamente debido a una acusación basada en pruebas fabricadas.

El campesino ecologista participará en una conferencia donde hablará de su encarcelamiento y de la situación de persecución y violencia que enfrentan los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán debido a su lucha por defender los bosques de la región. En la conferencia también participará Celsa Baldovinos, dirigente de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán y esposa de Felipe Arreaga.

"Esta sentencia confirma que la acusación en contra de Felipe y otros 13 campesinos ecologistas es infundada y constituye un precedente fundamental en la justicia guerrerense ya que contribuye a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del poder judicial capaces de velar por el respeto de los derechos humanos. La inocencia de Felipe comprueba que fue un preso de conciencia, pero además que la acusación tiene la finalidad de frenar la lucha por la protección del ambiente", afirmó Mario Patrón, abogado de defensor de Arreaga.

"Lamentamos, sin embargo, que el Poder Ejecutivo de Guerrero, encabezado por Zeferino Torreblanca, se haya mantenido firme en acusarlo a pesar de que las pruebas contra Felipe Arreaga fueron fabricadas", añadió el abogado.

"No olvidamos que aún sigue vigente la acusación por el mismo delito en contra de otros trece campesinos ecologistas entre los cuales se encuentran líderes del movimiento como Rodolfo Montiel - también preso de conciencia en 1999- y Albertano Peñaloza, quiénes continúan con el temor de ser aprehendidos en cualquier momento por esta acusación a todas luces fabricada", puntualizaron los ecologistas.

"El caso de Felipe Arreaga ejemplifica la existencia de estructuras de poder caciquil que no sólo se mantienen vigentes en Guerrero sino que además siguen teniendo influencia en las dependencias públicas gubernamentales por ello demandamos una vez más que se investigue a quienes atentan contra los bosques y a los funcionarios que se prestaron a la fabricación de un expediente que como único fin tiene frenar la lucha ambiental en la Sierra de Petatlán", afirmó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace México.

Según las organizaciones ambientalistas mexicanas, "hoy el Poder Ejecutivo guerrerense tiene nuevamente la posibilidad de demostrar su voluntad política en torno al respeto a los derechos humanos y garantizar que las y los defensores del medio ambiente y de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones adecuadas, ya que tiene la facultad de retirar los cargos en contra de los campesinos ecologistas".

Todavía existen amenazas contra Felipe Arreaga, su esposa Celsa Valdovinos, los testigos de inocencia que participaron en el juicio y otros campesinos y campesinas ecologistas de la Sierra Petatlán. Es necesario recordar que en la última audiencia de vista, el cacique maderero Bernardino Bautista dijo que "si este asunto no se resuelve en el Juzgado, lo voy a arreglar afuera a mi modo".

La Habana, 15/9/2005 (Tierramérica).- Un producto basado en bacterias marinas se aplica con éxito desde 1992 en Cuba para limpiar derrames de petróleo y sus derivados en mar, agua dulce y suelos contaminados. El Bioil-FC se ha mostrado eficaz para modificar compuestos tóxicos de hidrocarburos en sustancias biodegradables, hasta su conversión completa en dióxido de carbono y agua.

Este bioproducto tiene bajo costo y sus aplicaciones en esta isla del Caribe arrojan altos índices de eficacia en plazos breves, en comparación con experiencias internacionales para el tratamiento de derrames de hidrocarburos.

"Hemos logrado más de 90 por ciento de remediación (limpieza) en un máximo de 30 días de aplicación", dijo a Tierramérica el ingeniero químico Roberto Núñez, director del Centro de Biopreparados Marinos (Cebimar).

En derrames de petróleo y derivados, fuentes especializadas de diferentes países estiman satisfactoria una remediación biológica de 55 por ciento, en un período de tres a cuatro meses. La remediación biológica o biorremediación es un método de saneamiento ambiental mediante microorganismos que degradan desechos orgánicos peligrosos y los transforman en compuestos menos dañinos.

Esta técnica, conocida desde hace unos 25 años, explota la capacidad de algunas bacterias, levaduras y hongos para incorporar parte de los compuestos peligrosos en su metabolismo, con fines de crecimiento o de obtención de energía.

El Instituto de Oceanología de Cuba inició hace más de diez años la recolección de bacterias marinas de más de 400 cepas. Del total, "70 por ciento es capaz de degradar el petróleo y cinco de ellas son muy eficaces", dijo Núñez.

El Bioil-FC, formado por estas cinco cepas, se probó en el tratamiento de un derrame de 500 toneladas de crudo cubano, provocado en 1998 por la colisión de dos buques en la bahía de Matanzas, a 98 kilómetros de La Habana.

Según Cebimar, "el ecosistema se recuperó totalmente" unos 30 días después de la aplicación de 100 mil litros de Bioil-FC. La bahía fue saneada y también la playa Los Pinos, área de baño de la población.

"Cuba está rodeada de mar y siempre está en riesgo de contaminación por (derrames marinos) de petróleo", comentó Núñez. Unos cinco millones de barriles de combustible se mueven cada día por el mar Caribe en barcos cisternas. En la región caribeña se registra uno de los tráficos marítimos más intensos del mundo, con un promedio de 50.000 embarcaciones anuales.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la contaminación por vertidos de barcos petroleros y cruceros se encuentra entre las amenazas más graves para los países pobres del Caribe.

La biorremediación suele aplicarse como tratamiento secundario tras la recolección mecánica del derrame con diferentes equipos. Esa primera fase puede garantizar la recuperación de hasta 60 por ciento del hidrocarburo.

Bogotá, 15/9/2005 (Ecoestrategia).- El ex presidente de Colombia, César Gaviria, y que fuera Secretario general de la Organización de Estados Americanos durante una década, se une ahora a la lucha mundial por océanos saludables pasando a formar parte de la Junta de Directores de Oceana, el único grupo internacional dedicado exclusivamente a la protección de los mares y sus zonas de influencia

"Como ha dicho Arvid Pardo, el autor principal de la Ley del Mar de las Naciones Unidas, los océanos, tanto como los recursos que pueden sacarse de ellos, son el patrimonio común de la humanidad," dijo el ex presidente Gaviria, de 57 años. Agregando que "Oceana está liderando la lucha para salvaguardar el patrimonio de la humanidad protegiendo el hábitat y la vida marina. Esta labor es para beneficio de todos los que habitamos este planeta. Estoy encantado de poder ayudar en esta lucha".

"César Gaviria conoce la importancia socioeconómica de los océanos y la necesidad de preservarlos para futuras generaciones", dijo Andrew Sharpless, presidente de Oceana. "Es una figura de muchos logros y estamos agradecidos de que va a prestar su extensa experiencia en la arena pública para ayudar a Oceana a continuar logrando victorias en el agua y la tierra".

Gaviria se une a una Junta de Oceana compuesta de líderes en los ámbitos de ciencia, fundaciones y negocios, incluyendo al científico marino de reconocimiento internacional, Daniel Pauly, y el actor y activista ambiental, Ted Danson.

Santiago de Chile, 15/9/2005 (Ecoestrategia).- Mientras en 2004 la industria del salmón en Chile obtuvo retornos por exportaciones que bordearon los 1.500 millones de dólares, 80% de los trabajadores logran sueldos líquidos menores a los 200 mil pesos.

Hace pocos días, Douglas Tomkpins de la organización ambientalista Oceana emplazó a las autoridades a detener la expansión de la industria salmonera en los mares y fiordos de la Patagonia norte de Chile mediante una moratoria. Esta declaración sintoniza con los constantes esfuerzos que la Fundación Oceana, tanto a nivel nacional como internacional, ha realizado para denunciar la insustentabilidad de esta actividad económica.

Sin embargo, todavía existen sectores que desestiman las abundantes evidencias científicas que avalan, o por lo menos abren una duda razonable, en torno a los reales impactos de la actividad salmonídea en los ecosistemas marinos. Por ejemplo, se ha determinado que la actividad de la salmonicultura existente en el año 1995, era aproximadamente equivalente a los desechos orgánicos producidos por una ciudad de 2 ó 3 millones de habitantes. Al monetizar este dato se concluye que más de un tercio del valor agregado generado por la salmonicultura se puede adjudicar al costo ambiental o al consumo del capital natural.

Además, con el crecimiento que ha tenido la salmonicultura en los últimos años en el sur de Chile, los desechos de esta actividad se han duplicado, equivaliendo ahora a lo que produciría una ciudad con 6 millones de habitantes. Lo anterior tiene directa relación con los procesos de eutrofización de las aguas que, según estudios internacionales, tendrían a su vez una fuerte incidencia en la formación de las llamadas mareas rojas. Sólo este antecedente, a nuestro entender gravísimo porque involucra a la salud de la población, debería ser un argumento plausible para detener la expansión de la industria salmonera.

Segundo, en términos sanitarios la industria salmonera aún no pasa la "prueba de la blancura", porque no existe la certeza de que no se estén ocupando sustancias tóxicas prohibidas como el verde malaquita, y que no se esté abusando del uso de antibióticos. Baste recordar los embarques de salmón chileno retenidos en Rotterdam donde se encontraron altos niveles de verde malaquita, y los embarques con exceso de antibióticos detectados en Japón.

Tercero, las serias irregularidades en el ámbito laboral, también son un fuerte argumento para exigir la moratoria a la salmonicultura, puesto que el impresionante crecimiento de la industria se ha sustentado en los bajos costos laborales que enfrenta y la poca fiscalización a la cual están sometidas las empresas salmoneras. Mientras en 2004 la industria obtuvo retornos por exportaciones que bordearon los 1.500 millones de dólares, 80% de los trabajadores logran sueldos líquidos menores a los 200 mil pesos.

Según la propia Dirección del Trabajo, el 76% de las empresas del sector violan de una u otra manera las leyes laborales, y la subcontratación es una práctica en crecimiento que muchas veces va de la mano con precariedad, desprotección y tratos discriminatorios, que lo único que consigue es reducir aún más los costos laborales de las empresas. Se estima que 60% de la mano de obra en la industria está subcontratada, y de éstos el 70% obtienen salarios inferiores a 150 mil pesos.

Cuarto, la nula capacidad de las autoridades para estudiar, monitorear y controlar esta actividad, hacen prioritario fijar una moratoria a la expansión de la salmonicultura hasta que el Estado no desarrolle las capacidades de regulación y control que garanticen la sustentabilidad ambiental, la equidad social, la transparencia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos de los trabajadores, pescadores artesanales y de los consumidores.

Son en base a estos cuatro argumentos, los cuales a su vez echan por tierra el concepto de salmonicultura sustentable, y bajo el prisma del principio precautorio, el cual está contemplado en nuestra legislación ambiental, que solicitamos parar la destrucción de los mares de nuestra Patagonia, hoy a merced de la insustentabilidad de la salmonicultura.

Bogotá, 15/9/2005 (Ecoestrategia).- En respuesta al comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, en el cual, el ente de control le pide a la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), máxima autoridad ambiental del centro de Colombia, tomar las medidas necesarias para contrarrestar, de forma inmediata, el incendio subterráneo que se presenta en el Parque Embalse del Neusa, la Directora de la Corporación, Gloria Lucía Álvarez Pinzón, aclaró que el incendio ya está controlado y se encuentra contenido en un frente lineal de aproximadamente 700 metros, a metro y medio de profundidad.

El mismo informe de visita de la Procuraduría, llevada a cabo el pasado mes de junio y sobre el cual se basa el comunicado, reconoce que el Parque es propicio a los incendios, que la velocidad de propagación de los incendios subterráneos es menor y que éstos son difíciles de controlar pues se encuentran bajo superficie y se alimentan de materia orgánica seca y raíces.

Álvarez anunció que la entidad entablará denuncias penales en contra de los responsables de los reiterados incendios en el Parque del Neusa pues más allá de ser propicio, el Parque viene siendo afectado por los incendios provocados por manos criminales.

La Directora de la CAR agradeció el interés del ente de control a un tema que ha mantenido en alerta a la institución. "Tenemos conocimiento acerca de que estos incendios han sido provocados por manos criminales con el objetivo de desviar la atención de la entidad hacia este frente con el fin de saquear la madera de los bosques del Parque y las truchas del Embalse. Esto ha hecho que dupliquemos nuestros esfuerzos para controlar los incendios y alertar a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones pertinentes", explicó la Directora.

El incendio del Neusa, que devastó más de 60 hectáreas, se inició como incendio de superficie a mediados del pasado mes de marzo. Tres semanas después fue extinguido, pero han sido provocados once nuevos incendios en la zona, lo que ha demorado la extinción total del que actualmente se encuentra a nivel subterráneo, de acuerdo con la Directora de la entidad.

El comunicado de la Procuraduría, que hace referencia a un informe de una visita llevada a cabo por la entidad el pasado mes de junio, dice que el ente evidenció los estragos del incendio y que la entidad no está tomando las medidas necesarias para remediar la situación.

Sin embargo, la Directora de la CAR aclaró que durante estos meses se ha trabajado en permanente coordinación con los municipios de Tausa, Cogua, Zipaquirá, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de esos municipios, el Ejército y la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la Gobernación de Cundinamarca.

Y agregó que para la atención del incendio subterráneo, la Corporación consideró conveniente vincular expertos de la empresa privada que en la primera semana de junio visitaron el parque y recomendaron acciones complementarias a las que se venían adelantando las cuales fueron adoptadas de manera inmediata.

"La estrategia de acción puesta en marcha consiste en la extracción del material orgánico existente en los cortafuegos a una profundidad que varía entre uno y dos metros, dependiendo del espesor de esta capa afectada por el incendio, removiendo el suelo incinerado y enfriándolo con agua. Esta tarea se adelanta con la brigada del parque y la asistencia de maquinaria del municipio de Cogua", explicó la Directora General de la CAR.

Frente a las observaciones de falta de registro diario del reporte del incendio y de personal para contrarrestarlo además de la ausencia de un puesto de observación de incendios planteadas por la Procuraduría en su comunicado, la Directora de la CAR aclaró que existen en el Parque 15 vigilantes distribuidos estratégicamente y 10 obreros quienes, además de las actividades rutinarias, actúan como vigías en la prevención de conflagraciones, comunicando inmediata y permanentemente a la administración del Parque cualquier indicio de incendio. Este personal participa activamente en el control de los mismos.

Adicionalmente, previendo cualquier riesgo que pudiera generársele a los visitantes del Parque, se ha restringido el uso de las áreas afectadas del Parque al acceso de turistas. En la medida en la que se ha atendido el incendio se han habilitado parcialmente algunas zonas con desvíos que mantienen retirado el tránsito de personal de las áreas que representan peligro.

Nueva York, 15/9/2005 (Ecoestrategia).- Hace 10 años, Costa Rica recibió una donación de 25.000 dólares de la ONU con el fin de ampliar el uso de la biomasa, la tecnología que permite transformar materia orgánica en energía.

Hoy, la Red de Usuarios de Biomasa de América Central administra proyectos multimillonarios en siete países, con metas ambiciosas como fomentar el desarrollo rural, preservar los recursos naturales y reducir las emisiones de gases invernadero que recalientan la atmósfera.

Éxitos en materia de desarrollo sustentable como la constitución de esta Red deben ser imitados en todo el mundo si se trata de aliviar la pobreza que sufren miles de millones de personas, según expertos.

"Es cada vez más claro que la degradación de los ecosistemas y el fantasma de un abrupto, impredecible y tal vez irreversible cambio en el ambiente mundial amenazan décadas de esfuerzos de desarrollo", dijo Olav Kjørven, director de Energías y Prácticas Ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"El dramático aumento en el consumo de ecosistemas --incluidos agua potable, pesca, purificación de aire y agua y servicios de regulación del clima-- trajeron una mayor prosperidad a mucha gente en el mundo", indicó Kjørven en el prólogo del informe "La diferencia sustentable: Energía y ambiente para alcanzar las Metas del Milenio".

"Pero también aumentaron la pobreza y la marginación como consecuencia del agotamiento y hasta la destrucción de estos servicios clave", agregó el experto en este nuevo informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El informe publicado recientemente detalla los proyectos del PNUD en 140 países para incorporar energía y servicios ambientales en planes de desarrollo nacionales, y delinea la visión estratégica de la agencia de los pasos a dar en esos sectores para cumplir con los Objetivos de Desarrollo de la Naciones Unidas para el Milenio.

Al establecer en septiembre de 2000 estas metas, 189 jefes de Estado y de gobierno contrajeron el compromiso reducir a la mitad la población pobre y hambrienta del mundo, lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer.

Los ocho retos se completan con la reducción de la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sustentabilidad del ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Casi todos los objetivos específicos deben cumplirse antes de 2015 y tienen como referencia los niveles de 1990.

Ciudad de México, 15/9/2005 (Ecoestrategia).- A pesar de que desastres naturales como el tsunami ocurrido en el sureste asiático en diciembre del año pasado y el huracán Katrina, que afectó a la ciudad de Nueva Orleáns hace sólo unos días, demuestran la importancia de proteger ecosistemas como los manglares y los bosques para prevenir y minimizar los impactos de este tipo de fenómenos, el gobierno mexicano permite y fomenta la destrucción de estos ecosistemas, denunció la organización ecologista Greenpeace en México.

"Durante el tsunami en el sureste asiático se demostró que en los lugares donde habían manglares bien conservados los daños materiales y las pérdidas de vidas humanas fueron menores. Ahora, durante el huracán Katrina, se evidencia que la destrucción de los humedales y los bosques incrementan los riesgos de sufrir inundaciones. Sin embargo el gobierno mexicano permite la destrucción de los manglares al modificar y dejar sin efecto la norma que los protegía (NOM- 022) y promueve la deforestación al destinar un apoyo insignificante, de apenas 0.11 por ciento del presupuesto, a los bosques", explicó Alejandro Calvillo, director ejecutivo de Greenpeace.

De acuerdo con estudios de la Fundación MS Swaminathan, de India, después del tsunami de diciembre pasado, sólo en Thirunal Thoppu, en el estado hindú de Tamil Nadu, los manglares impidieron que murieran ahogadas 172 familias de pescadores, ya que se encontraban en buen estado y en la extensión suficiente para minimizar el impacto de este fenómeno geológico. Casos similares se reportaron en otras zonas del sureste de Asia por lo que, de haberse conservado en buen estado, los manglares podrían haber salvado la vida a miles de personas en toda la región. En el caso del huracán Katrina, también se ha identificado la destrucción de los manglares y humedales como un factor que agravó sus efectos negativos.

"Los manglares son uno de los ecosistemas más amenazados del mundo y México no es la excepción ya que, aunque de acuerdo con información oficial existen 886 mil 760 hectáreas de manglares, estos desaparecen a un ritmo de casi 10 mil hectáreas por año. A pesar de esto y de la importancia de estos ecosistemas, en mayo de 2004 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales modificó de manera ilegal la NOM- 022- Semarnat- 2003 relativa a la protección de humedales costeros en zonas de manglar, dejándola sin efecto. Esta modificación establece que mediante el pago de una compensación económica es posible omitir las prohibiciones que establecía la norma con el fin de proteger al manglar. ¿Cómo se pueden compensar los daños materiales y pérdidas humanas que ocasionan los huracanes y tsunamis a los que nuestro país está expuesto?", cuestionó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques y selvas de Greenpeace.

Ciudades costeras como Ensenada, Cabo San Lucas, La Paz, Guaymas, Campeche, Ciudad del Carmen, Manzanillo, Acapulco, Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Cancún, Mazatlán, Tampico, Coatzacoalcos y Veracruz, que se encuentran a menos de cinco kilómetros de la costa, son susceptibles de sufrir huracanes y tsunamis y su vulnerabilidad aumenta con la destrucción de los manglares y humedales.

Otro factor que agrava la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos, como huracanes, es la deforestación. Los bosques y selvas, frenan la velocidad y la fuerza del agua de lluvia por lo que promueven la infiltración de agua al subsuelo, impiden la erosión y el deslave de los suelos, regulan el flujo de agua a los arroyos y ríos y evitan que los cuerpos de agua presas se azolven. Todos estos factores reducen las posibilidades de que ocurran inundaciones graves en las tierras bajas como consecuencia de un aumento en la precipitación ocasionada por los huracanes, como ocurrió en Nueva Orleáns.

"México tiene la quinta tasa de deforestación más grave del planeta y esto es promovido por el gobierno federal al dejar en el abandono al sector forestal, a pesar de haber declarado a los bosques y el agua como un asunto de seguridad nacional. Sin embargo, sólo se destina el 0.11 por ciento del presupuesto a promover la conservación de los recursos forestales. Es decir, a los bosques se les destinan los mismos recursos que a proyectos como el de Enciclomedia (alrededor de mil 900 millones de pesos), lo que mantiene en el abandono a 36 millones de hectáreas de bosques que son susceptibles de ser degradados por la tala ilegal y finalmente convertirse en pastizales y tierras de cultivo. Todo esto incrementa las posibilidades de deslaves e inundaciones en las tierras bajas, entre otros efectos negativos", continuó Calvillo.

Los bosques y selvas de México cubren la cuarta parte del territorio nacional, albergan una gran biodiversidad, capturan tres cuartas partes del agua que se consume en nuestro país y evitan la erosión, deslaves e inundaciones. Debido a esto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que el valor total de todos los beneficios ambientales que brindan los bosques y selvas de nuestro país asciende a 136 mil 770 millones de pesos por año. Esta cifra equivale a casi 70 veces el presupuesto que el gobierno federal ha propuesto que se destine al sector forestal en 2006.

"Por si esto fuera poco, los recursos que el gobierno destina a los bosques están mal encausados ya que alrededor del 60 por ciento están dirigidos a apoyar la reforestación, el combate a incendios y a plantaciones forestales comerciales, programas que no han detenido la deforestación. En tanto, la promoción del manejo forestal sustentable y el apoyo a comunidades y ejidos (dueños de 80 por ciento de los bosques) recibe menos del 20 por ciento de los recursos. Aún así, la Semarnat (Scretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) se atreve a decir que la deforestación en México se ha reducido a la mitad. Esto es sin duda la más grande mentira ambiental de este sexenio y una irresponsabilidad", agregó Magallón.

"Los hechos recientes en Asia y Nueva Orleáns demuestran, una vez más que los bosque (y el agua), sí son un asunto de seguridad nacional. Si Vicente Fox y su gobierno quieren ser congruentes con este hecho incuestionable, deben de pasar del discurso a los hechos. Por eso, el presupuesto destinado a apoyar el manejo forestal sustentable se debe incrementar en al menos 8 mil millones y la modificación a la Norma Oficial Mexicana 022, relativa a la protección de humedales costeros en zona de manglar, debe derogarse para que regrese a su forma original. De no hacerlo así, todos los mexicanos pagaremos con pérdida de biodiversidad, escasez de agua, pérdida de suelos, deslaves, inundaciones y vidas humanas", concluyó Calvillo.