Santiago de Chile, 19/10/2005, (Ecoestrategia).- La organización ecologista Oceana, que trabaja por la preservación de los mares en el mundo, hizo nuevamente un llamado a las autoridades de Chile para detener la expansión de la industria salmonera en los mares y fiordos de la Patagonia norte a través de una Moratoria, por considerar que esta actividad económica es totalmente insostenible.

Teniendo en cuenta que todavía existen sectores de Gobierno que no quieren asumir su responsabilidad política en este tema y desestiman las evidencias científicas que avalan, o por lo menos dejan un manto de dudas acerca de los reales impactos sobre los ecosistemas marinos de la actividad salmonídea, Oceana presenta cuatro argumentos para declarar una Moratoria a esta industria.

Entre los impactos ambientales se señala lo siguiente: la actividad de la salmonicultura existente en el año 1995, era aproximadamente equivalente a los desechos orgánicos producidos por una población de 2 a 3 millones de habitantes. Sin embargo, y en concordancia al crecimiento que ha tenido la salmonicultura en los últimos años en el sur de Chile, es fácilmente extrapolable, que los desechos de esta actividad superen a una población de 6 millones de habitantes. En consecuencia, el equivalente de la mitad de la población de Chile está vertiendo sus desechos en la zona norte de los canales y fiordos del sur del país.

Lo anterior tiene directa relación con los procesos de eutrofización de las aguas que según estudios internacionales tendrían a su vez una fuerte incidencia en la formación de las llamadas mareas rojas. Sólo este antecedente, gravísimo ya que involucra a la salud de la población, debería ser un argumento plausible para detener la expansión de la industria salmonera.

Así mismo, en términos sanitarios la industria salmonera aún no pasa la "prueba de la blancura", ya que no se tiene la total certeza de que no se estén ocupando sustancias tóxicas prohibidas, como el verde malaquita, y que no se esté abusando del uso de antibióticos.

Por otro lado, las serias irregularidades en el ámbito laboral, hacen hablar de violación sistemática a los Derechos Humanos por parte de la industria, también es un fuerte argumento para exigir la Moratoria a la salmonicultura.

Igualmente, la nula capacidad de las autoridades para estudiar, monitorear y controlar esta actividad, hacen prioritario fijar una moratoria a la expansión de la salmonicultura hasta que no se avance lo suficiente como para corregir las anomalías descritas anteriormente. A su vez estos argumentos echan por tierra el concepto de salmonicultura sustentable.

Buenos Aires, 19/10/2005, (IPS).- Con apoyo del Estado argentino, una fábrica experimental de hidrógeno estudia las posibilidades técnico-económicas de producir energía eléctrica a gran escala a través de turbinas alimentadas con ese combustible limpio.

Así lo informó a Tierramérica Horacio Canestro, jefe de planificación de la Planta Experimental de Generación de Hidrógeno ubicada en la localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, dos mil kilómetros al sur de Buenos Aires.

El hidrógeno es abundante en la naturaleza y su combustión es limpia, pero no se lo encuentra aislado. Para producirlo en pequeña escala, la planta de Pico Truncado utiliza energía eólica.

La electricidad que llegue a generarse por la planta sería entregada a la empresa mixta argentina Enarsa, creada en 2004 a instancias del gobierno para producir, industrializar, transportar y comercializar petróleo, gas y otros combustibles.

Río de Janeiro, 19/10/2005, (IPS).- Un turismo que no sea estacional ni depredador, que preserve la biodiversidad y tenga contenido cultural y social es el objetivo del Foro Mundial de Turismo para la Paz y el Desarrollo Sustentable, cuyo segundo encuentro anual, el DestiNations 2005, se realizará del 24 al 26 de octubre en Río de Janeiro.

Los 3.500 participantes, entre autoridades, empresarios, ambientalistas y otros interesados, podrán conocer 70 experiencias de turismo sustentable y asistir a 45 debates temáticos.

El Foro cuenta con apoyo de varias agencias de Naciones Unidas y del gobierno brasileño, con el fin de fomentar un nuevo tipo de turismo, más "completo", volcado al desarrollo y a la creación de condiciones para la paz, según explicó a Tierramérica João Marcos Rainho, director de Comunicación del Instituto de Hospitalidad, que organiza el encuentro.

Caracas, 19/10/2005, (Ecoestrategia).- Del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2005 tendrá lugar en la ciudad de Caracas, Venezuela, la XV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, organizada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) y de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/ORPALC) en su calidad de Secretaría del Foro.

Esta Reunión dará inicio con una reunión preparatoria de expertos gubernamentales de alto nivel (31 de octubre al 2 de noviembre) y contará con la participación de representantes de organizaciones sub-regionales e intergubernamentales y de las agencias de Naciones Unidas. En la reunión de expertos se revisará una agenda de temas ambientales de relevancia para la región y se prepararán propuestas que serán consideradas en el segmento ministerial, que tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre de 2005.

El PNUMA ha convocado también a un dialogo de organismos ambientales que se celebra los días 29 y 30 de octubre en Caracas, Venezuela, previa a la XV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. En este encuentro los representantes de la Sociedad Civil elaborarán sus proposiciones en torno a temas relevantes para la región y que serán sometidas a consideración del Segmento Ministerial.

La XV Reunión del Foro de Ministros constituye una excelente oportunidad para examinar los temas prioritarios de la agenda regional, teniendo en cuenta que el foco principal de los trabajos estará concentrado en la estrategia de implementación de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, así como en la consideración de temas emergentes y negociaciones ambientales internacionales prioritarias de la agenda ambiental global.

Asimismo, la XV Reunión del Foro hará una evaluación de los avances logrados en la implementación del Plan de Acción del Foro de Ministros para 2004-2005, junto con una revisión de los temas emergentes y relevantes para América Latina y el Caribe y que están relacionados con el Plan de Implementación de Johannesburgo, con la agenda de la Comisión de Desarrollo Sostenible y de otros foros internacionales. De este ejercicio y de las propuestas que emerjan durante el debate, se desarrollará el Plan de Acción 2006-2007 para la implementación de la ILAC.

En estas condiciones, se espera que el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe siga teniendo un papel catalítico y articulador en las políticas ambientales y de desarrollo sostenible tanto a nivel regional como internacional, mediante la adopción de consensos y posiciones compartidas por la región en temas de vanguardia de la agenda ambiental internacional.

Más información en: http://www.pnuma.org/

Ciudad de México, 19/10/2005, (Agencias).- México requiere avanzar hacia una reforma fiscal ecológica que posibilite el uso de instrumentos económicos ambientales, para los cuales posee un elevado potencial, aseguró el legislador mexicano Francisco Salazar.

Salazar formuló la apreciación la víspera, al presentar a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca incorporar el cobro de un derecho por el uso del espacio aéreo como cuerpo receptor de gases de efecto invernadero.

La propuesta, que adiciona una sección y un artículo a la Ley Federal de Derechos, parte de reconocer que dichas emanaciones están provocando el cambio climático global, de nefastas consecuencias para el planeta y sus habitantes.

El espacio aéreo es un bien de dominio público y por lo mismo se requiere que el Gobierno Federal tome la responsabilidad que le corresponde sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del país, señaló el legislador del Partido Acción Nacional.

Precisó que los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría de Energía, con el propósito de apoyar el aprovechamiento -todavía insuficiente- de las fuentes de energía renovables. En ese sentido explicó que de un potencial de 53GW para energía hidroeléctrica, en el país sólo se aprovecha alrededor de un 20 por ciento, y de una capacidad estimada de 2,1 GW a partir de la energía geotérmica, sólo se utiliza un 40 por ciento, argumentó.

Dijo que una de las razones por la cuales México ha preferido aprovechar los hidrocarburos sobre las otras fuentes de energía es el diferencial de costos que implica el uso de las mismas.

Aún en un escenario de precios del petróleo y del gas en constante aumento, el uso de éstos es todavía más barato que el de otras fuentes alternas, señaló.

Según Salazar, una manera de ir tomando en cuenta los costos sociales que genera la quema de combustibles es a través de impuestos como el sugerido en su iniciativa. Estos consisten básicamente en una carga adicional "bastante moderada" que se suma al costo privado de producir un bien o servicio, detalló.

La imposición fiscal, dijo, será mayor en la medida que derivado de la combustión se emita más dióxido de carbono a la atmósfera, o espacio aéreo; un esquema similar al de los derechos que se pagan por usar el agua como cuerpo receptor de descargas de residuales.

Madrid, 19/10/2005, (Ecoestrategia).- El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) anunció la publicación de un informe en el que recomendará que las pesquerías de aguas profundas que existen en la actualidad sufran recortes significativos así como que no se permitan nuevas pesquerías de aguas profundas hasta que no hayan mostrado que son sostenibles.

"Todas nuestras evidencias indican que la presión actual que soportan estas especies es demasiado alta", declaraba en el comunicado David Griffith, Secretario General del CIEM en su comunicado de prensa.

El comunicado del CIEM señala que "desde la década de los 80 el descenso de los recursos en las plataformas continentales del Atlántico Norte ha incentivado el desarrollo de pesquerías en aguas más profundas. Ha habido una tendencia a pescar en aguas más profundas especies como el rape o el fletán negro y se han desarrollado pesquerías dirigidas a "nuevas" especies de aguas profundas".

Las pesquerías de aguas profundas son consideradas especialmente vulnerables a la sobrepesca debido a su lento crecimiento y a que necesitan mucho tiempo para reproducirse. El CIEM es la organización intergubernamental más antigua que coordina y promueve la investigación marina en el Atlántico Norte, el Mar Báltico y el Mar del Norte. Este organismo proporciona asesoramiento a 19 países y es un punto de encuentro para más de 1600 científicos marinos.

La Unión Europea es responsable de más de la mitad de todas las capturas realizadas con artes de arrastre en aguas internacionales en todo el mundo, la mayor parte de las cuales sucede en el Atlántico Norte. El arrastre de fondo es ampliamente reconocido como el método de pesca más destructivo empleado actualmente y es considerado la principal amenaza a estos ecosistemas.

España es una de las principales potencias dedicadas a la pesca de especies de profundidad. Muchas de las pesquerías de aguas profundas explotadas por la flota española están siendo ampliamente sobreexplotadas, como el fletán negro en NAFO o el granadero de roca.

"Es hora de que España tome decisiones responsables; debería apoyar el establecimiento de una moratoria sobre la pesca de arrastre en alta mar para que el CIEM pueda poner en práctica su recomendación de revisar la gestión de las pesquerías de aguas profundas", declaró Sebastián Losada, responsable de la campaña de pesca de Greenpeace.

Actualmente, Naciones Unidas se encuentra negociando medidas para proteger los ecosistemas sensibles de las profundidades del océano de los impactos de las artes de arrastre de fondo. Pero muchos países, entre ellos España, alcanzaron un pacto el año pasado para esperar dos años antes de tomar medidas sobre este asunto.