Ciudad de México, 5/1/2006, (Ecoestrategia).- La Fiscalía mexicana de Medio Ambiente del Estado de México presentó una denuncia penal contra la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y alrededor de un millar de empresas privadas por contribuir a la alta contaminación que se produjo en los últimos días del pasado año y que agravó el calentamiento global del planeta, obligando a que el Gobierno Regional pusiera en marcha un plan especial de actuación.

Según informó el diario mexicano La Jornada, la Secretaría de Salud estatal informó de que con motivo de este alto grado de contaminación se registró un aumento de las consultas médicas por enfermedades respiratorias en más de 30.000, en comparación con el periodo invernal del año anterior. Así, de entre las más de 154.000 consultas recibidas, entre el 10% y el 15% tuvieron una relación directa con altos niveles de contaminación.

En este sentido, el procurador de Medio Ambiente, Ramón Ojeda, explicó que se dirigió a la Fiscalía Especial contra Delitos Ambientes de la Procuraduría General de la Justicia del Estado de México (PGJEM) para denunciar a las empresas causantes de este alto nivel de contaminación.

Igualmente, Ojeda apuntó que no se va a tolerar "el comportamiento inadecuado de las empresas, sean públicas o privadas". Las denuncias fueron presentadas contra dichas empresas como responsables de la nube tóxica de óxido de azufre que ha contaminado "en más de siete ocasiones" la zona del Valle de México.

El procurador de Medio Ambiente solicitó al Ministerio Público adscrito a la fiscalía que investigue a las mil empresas particulares denunciadas, que utilizan diesel y combustible "por detectar que están haciendo cosas mal y para que no se perjudique a quien está haciendo correctamente los procesos productivos", finalizó.

La normativa estatal mexicana castiga con una sanción económica de hasta tres millones de pesos (240.000 euros) o con clausuras temporales o totales a las empresas que contaminen por encima de los límites máximos de contaminación establecidos por la Administración Pública.

Madrid, 5/1/2006, (Agencias).- "SUScompNET IBÉRICA" es el nombre de la nueva red internacional encargada de fomentar el uso de los polímeros biodegradables en España, Portugal e Iberoamérica como alternativa a otros materiales con prestaciones medioambientales inferiores.

Según informó la Fundación Entorno (organización sin ánimo de lucro que ayuda a las empresas que quieren afianzar su compromiso con el medioambiente a través de la innovación y la exploración de nuevas formas de producción y consumo), este nuevo organismo nace con una vocación de servicio industrial con el objetivo principal de ayudar a las empresas a mejorar su competitividad mediante la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en los materiales biodegradables.

SUScompNET IBÉRICA está integrada en la red internacional SUScompNET, y en ella participan el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) como centro coordinador; las universidades españolas de Alicante, el País Vasco, y Vigo; la empresa Condensia Química, y un representante de la industria portuguesa.

Según el Instituto Tecnológico del Plástico, wn Europa las aplicaciones de los materiales biodegradables se dirigen principalmente al sector del envase y embalaje (comida, frutas y vegetales, bolsas de compra, catering y espumado para la protección de productos ante posibles impactos), y a sectores como la agricultura o el juguete.

Para promover el uso de materiales biodegradables en España y ampliar sus ámbitos de aplicación se están unificando los esfuerzos investigadores de los centros que participan en la red tecnológica, y se crearán mecanismos de divulgación científica en todos los ámbitos.

Además, la red pone al servicio de la industria los mecanismos necesarios para potenciar los biodegradables. SUScompNET IBÉRICA ofrece a las empresas servicios de información técnica especializada y la posibilidad de cooperar en proyectos de I+D+i. Asimismo, desde la red también se busca involucrar a las Administraciones nacionales y regionales en políticas de fomento para estimular el uso de estos materiales en la industria.

Montevideo, 5/1/2006, (Agencias).- Vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú y representantes de asociaciones ecologistas volvieron a interrumpir el paso del puente fronterizo que une esa zona con Uruguay, como muestra de rechazo a la instalación en la ciudad uruguaya de Fray Bentos de dos plantas papeleras que podrían causar importantes daños al Medio Ambiente.

Las dos plantas procesadoras de celulosa, la española ENCE y otra finlandesa, Botnia, se están construyendo en Fray Bentos, sobre el margen del Río Uruguay, compartido con Argentina, y frente a Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cuyos habitantes exigen que se detengan ambos proyectos por temor a posible contaminación.

El conflicto ha alcanzado tales cuotas que ha alterado incluso las relaciones diplomáticas entre ambos países. Mientras el gobierno uruguayo avala el proyecto, que le supondrá millonarias inversiones, las autoridades argentinas han solicitado que se suspenda hasta que nuevos estudios independientes descarten cualquier impacto sobre el Medio Ambiente.

Los bloqueos organizados por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, con la anuencia del gobierno de la oriental provincia argentina de Entre Ríos, se intensificaron en los últimos días a la par del recalentamiento de las relaciones entre Buenos Aires y Montevideo por la instalación de las dos fábricas de celulosa en la costa uruguaya del río Uruguay y su amenaza de contaminación.

A los perjuicios económicos de Uruguay por el atraso e incluso la pérdida de decenas de miles de turistas argentinos (que representan alrededor de 80 por ciento de los visitantes en la temporada alta del verano austral) se suma la de centenares de emigrantes uruguayos en el vecino país que viajaron para vivir la fiesta de fin de año con sus familias.

Incluso se temen posibles incidentes entre los manifestantes y los viajeros, que se acumulan desde el pasado fin de semana en los bloqueos intempestivos de rutas en las cercanías de los tres puentes existentes sobre el río Uruguay. Los organizadores amenazan con extender estas drásticas protestas por varios días más, incluso semanas.

El gobierno izquierdista uruguayo de Tabaré Vázquez alertó que esa modalidad de protesta atentaba contra los acuerdos de libre circulación de bienes y personas establecidos en el Mercosur (Mercado Común del Sur), que integra con Argentina, Brasil y Paraguay.

Los avances en la construcción de la planta de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y de la firma finlandesa Botnia, cuya chimenea ya se ve del otro lado del río, y la aparición de un informe favorable a la posición uruguaya elaborado por la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, catapultaron los reclamos desde Argentina.

"Nos preocupa que no nos den información" sobre el impacto ambiental de las dos plantas, ubicadas a unos 10 kilómetros de distancia una de otra, y su potencial amenaza de contaminar las aguas del río y el ambiente de dos ciudades importantes, se quejó el representante para Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela.

"Al gobierno de Argentina le hemos dado toda la información disponible. Nosotros mantenemos una actitud de absoluta transparencia y de suma atención de todos los informes que vengan", respondió el subsecretario de Industrias de Uruguay, Martín Ponce de León.

Para la obtención de la pulpa de celulosa a partir de la madera se utilizan gran cantidad de agua y varias sustancias químicas, como cloro o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio. Algunos de estos químicos generan organoclorados (dioxinas y furanos) muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.

A pesar de que las firmas aseguran que utilizarán tecnología de última generación que minimiza el riesgo ambiental y los informes respectivos de impacto son avalados por los técnicos y el gobierno de Uruguay, los representantes argentinos piden estudios independientes e insisten en que no cuentan con toda la información necesaria.

La medida que exige Buenos Aires es la suspensión inmediata de las obras y que Uruguay se avenga a separar y reubicar las plantas en lugares alejados de centros poblados y del río Uruguay, para lo cual ha ofrecido incluso asistencia financiera.

Río de Janeiro, 5/1/2006, (Agencias).- La Agencia de Medio Ambiente de Brasil ha concedido una licencia provisional para pavimentar la autopista que cruzará de norte a sur la selva amazónica a lo largo de unos 1.800 kilómetros. El proyecto estaba inacabado.

La carretera conectará el sur del Amazonas con el puerto de Santarém, en el norte, un recorrido que hasta ahora sólo era accesible por caminos, que a menudo eran inaccesibles a causa de la lluvia, según recoge la prensa local.

Algunos defensores del proyecto argumentan que supondrá puestos de trabajo e ingresos para una de las zonas menos desarrolladas del país, pero la deforestación que está teniendo lugar a lo largo de la carretera y los asesinatos por las disputas por tierra hacen que haya muchos detractores de esta iniciativa.

A los lados de la carretera, se han instalado agricultores, propietarios de ranchos y granjas y empresarios madereros, que han talado los árboles para vender la madera y poder tener grandes y vastos pastos para plantar soja, el cultivo más rentable actualmente en Brasil. La organización ecologista Greenpeace estima que el 90% de la tala de árboles que se realiza en el Estado brasileño de Pará, al norte del país, se realiza de forma ilegal.

Además de la tala ilegal, las disputas de tierras llegan a terminar en asesinatos y para evitarlo el Gobierno federal ha anunciado un plan para designar 'zonas protegidas' en torno a la autopista, aunque esto sólo despertó protestas entre agricultores, madereros y mineros que ya se habían asignado esos territorios.

El proyecto para acabar esta autopista, que costará unos 500 millones de dólares (cerca de 420 millones de euros), está previsto que comience cuando el Departamento de Transporte demuestre que no pone en peligro a las comunidades indígenas.

Río de Janeiro, 5/1/2006, (Ecoestrategia).- Más de 500 vecinos se reunieron el domingo 18 de Diciembre en la esquina de Dardo Rocha y Avenida Santa Fe -Acassuso- y asistieron al evento de cierre anual del programa "San Isidro Recicla" (SIR). Las empresas y organismos participantes de este programa (Coca-Cola de Argentina, Tetra Pak S.R.L, Cliba, Disco, Autopack S.A, Reciclar S.A) junto a la Municipalidad de San Isidro y la Fundación Hábitat y Desarrollo, organizaron una foto grupal en la que los vecinos fueron los protagonistas y formaron la sigla SIR en tamaño gigante.

La respuesta de los vecinos a esta convocatoria refleja la suma de voluntades y el compromiso que hacen posible este programa por el cuidado del medio ambiente, mediante el reciclado de envases Tetra Brik y botellas plásticas (PET).

"San Isidro Recicla" crece año a año en forma consistente y progresiva. A partir del mes de octubre ya circula un camión especialmente dedicado a este programa, que recoge las bolsas con envases post-consumo, identificado con el logo de "San Isidro Recicla".

Este programa nació en el 2004 y tiene como objetivo incentivar la recolección diferenciada de envases Tetra Brik y botellas PET, además de contribuir con el cuidado del medio ambiente. Durante casi dos años se recolectaron más de 650 mil envases, gracias a los cuales se donaron insumos básicos, equipamientos especializados y leche maternizada para el Hospital Materno Infantil de San Isidro.

Este año, "San Isidro Recicla" obtuvo el prestigioso premio Eikon, otorgado por la revista Imagen, a la excelencia en la comunicación. Dados los resultados obtenidos y el fuerte compromiso de los vecinos de San Isidro, las empresas y organismos que impulsan esta iniciativa desarrollarán en el 2006 nuevas acciones para continuar con el cuidado del medio ambiente en dicha comunidad.

Mayor información en las web: www.coca-cola.com.ar/recicla, www.sanisidro.gov.ar y www.tetrapak.com.ar

Santiago de Chile, 5/1/2006, (Ecoestrategia).- La organización de defensa del mar Oceana rechazó categóricamente la decisión de la compañía Celulosa Arauco (CELCO) de construir un conducto al mar en una zona pesquera cercana al Río Cruces en la X Región (Valdivia, en el sur de Chile) y calificó de vergonzoso que el Instituto chileno de Ecología Política (IEP) lo considere una medida inevitable.

El director del IEP, Manuel Baquedano, señaló que se trata de una medida "provisoria" e "inevitable". Como reacción a estas declaraciones, Oceana subrayó que no se pueden invertir 50 millones de dólares (42,3 millones de euros) en ningún proyecto provisional y además lo tachó de "un intento burdo de engañar a la comunidad de la Décima Región".

El director de Oceana, Marcel Claude, recordó que este proyecto fue fuertemente criticado por la comunidad de Mehuín en 1997, por la amenaza que representa para la actividad pesquera de esa zona. Además, en esta zona se encuentran termas, centros de esquí, de turismo de aventura, balnearios, y manifestaciones tradicionales de la cultura mapuche, entre otros atractivos.

"Celco ha sido clausurada por no cumplir la normativa ambiental, y un estudio de la Universidad Austral de Chile la responsabiliza de la destrucción del humedal del Río Cruces. Entonces es una empresa que no tiene ninguna credibilidad frente a la ciudadanía en materia ambiental", sentenció.

Así, respaldó la posición de los pescadores de Mehuín y del gremio de los armadores cerqueros de Valdivia y adelantó que apoyará todas las medidas posibles para evitar que este proyecto se concrete, ya que, según aseguró, "significará el toque de gracia a una zona que ha sido gravemente impactada por la industria de celulosa".

Por su parte, la ingeniera civil ambiental de Oceana, Antonia Fortt, indicó que para este tipo de instalaciones se debería aplicar el principio de precaución, porque en Chile no existe ninguna normativa acerca de su uso y efectos en el mar.