ORGANIZACIONES MEXICANAS DENUNCIAN IMPOSICIÓN
A PROYECTO HIDROELÉCTRICO
Ciudad de México, 19/1/2006 (Tierramérica).-
A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ha dicho que ya tiene todas las aprobaciones necesarias
por parte de las asambleas de las comunidades que serán
afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica
la Parota, las consultas se realizaron de manera ilegal
y sin tomar en cuenta a quienes realmente serán afectados.
El Consejo de Ejidatarios y Comunidades Opositores al Proyecto
La Parota (CECOP), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
"Tlachinollan" denunciaron en conferencia de prensa
que las más de 20 mil personas que serán desplazadas
y más de 70 mil que serán afectadas por la
construcción de la presa no han sido consultadas
debidamente por las autoridades, contrario a la versión
oficial.
El mecanismo que han optado la CFE y la Procuraduría
Agraria para llevar a cabo la "consulta" es la
realización de asambleas ejidales, sin embargo, este
método resulta insuficiente ya que la mayoría
de las personas que serán afectadas no son ejidatarios.
Más aún, las asambleas que se llevaron a cabo
fueron de manera ilegal lo cual refuerza el hecho de que
la "consulta" que establecen las autoridades fue
un mecanismo para imponer el proyecto.
El 27 de diciembre se llevaron a cabo las últimas
dos asambleas ejidales en las que se aprobó de manera
ilegal la expropiación de las tierras. Como en las
asambleas anteriores, entre otras cosas, las autoridades
violaron la ley agraria al realizar sin previo aviso y justificación
las asambleas fuera de las comunidades afecta-das, comprando
el voto y mediante la utilización de la fuerza pública.
Esto impidió que los ejidatarios reales pudieran
expresar su voto.
Las organizaciones presentes en la conferencia de prensa
expresaron su repudio a la manipulación con la que
las autoridades federales y estatales han manejado el tema
de la Parota al establecer que ya obtuvieron la aprobación
de las comunidades afectadas. Reiteraron que muchas personas
aun no saben que sus tierras serán expropiadas y
que ellas serán desalojadas.
Con ello el Estado mexicano viola abiertamente el derecho
a la toma de decisiones informadas y a la consulta, y, de
llevarse a cabo el proyecto por medio de la imposición
también se estará provocando el desplazamiento
forzoso de miles de personas, la violación del derecho
al territorio, a la vivienda y al desarrollo, lo cual contraviene
abiertamente los estándares de derechos humanos que
el Estado se ha comprometido a cumplir.
Adicionalmente, las organizaciones denunciaron que con
este proyecto también se viola el derecho a un medio
ambiente sano de la población en general ya que se
causarán daños ambientales irreversibles.
CONTINÚA POLÉMICA ENTRE ARGENTINA
Y URUGUAY POR LAS PAPELERAS
Buenos Aires, 19/1/2006 (Ecoestrategia-Agencias).-
El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, anunció
que enviará una carta al Gobierno argentino en la
que ratificará el proyecto de las papeleras y pedirá
una solución para evitar los bloqueos a los pasos
fronterizos de su país con la provincia de Entre
Ríos.
Así lo anticipó Gargano luego de una reunión
del Consejo de Ministros de Uruguay, que encabezó
el presidente Tabaré Vázquez y en el que se
abordó la problemática de los cortes de ruta
en Entre Ríos, que afectan al turismo y a la producción
oriental.
Según informó el portal uruguayo de noticias
"El Espectador", tras el encuentro Gargano precisó
que "en la nota se va a ratificar la decisión
del Gobierno de que sigue adelante la instalación
de las plantas".
Durante el último fin de semana, vecinos de las
ciudades entrerrianas de Gualeguaychú, Colón
y Concordia manifestaron contra las papeleras, en una protesta
que volvió a tener su epicentro en las inmediaciones
del puente General San Martín, que conecta con la
localidad uruguaya de Fray Bentos.
Allí, justamente, se están construyendo dos
plantas papeleras, de capitales españoles y finalandeses.
Los piquetes Vecinos entrerrianos continúan su plan
de lucha en rechazo a la instalación de dos plantas
de celulosa en la costa uruguaya de Fray Bentos, luego de
los extensos cortes de los pasos fornterizos el pasado fin
de semana.
Al respecto, anunciaron que realizarán bloqueos
sorpresivos en los accesos terrestes a Uruguay durante la
semana y aseguraron que hacia el fin de semana planean volver
a cortar los puentes al país vecino.
La última movilización comenzó el
viernes último en los pasos Gualeguaychú-Fray
Bentos, Colón-Paysandú y Concordia-Salto,
y se extendió durante el fin de semana, momento clave
para el recambio turístico de mediados de enero.
La Asamblea Ambiental Ciudadana reclama la paralización
de las obras de dos empresas productoras de pasta celulosa
que se construyen a la vera del Río Uruguay, hasta
tanto no estén concluidos los estudios de impacto
ambiental "independientes y objetivos". Al respecto,
se aguarda para fines de este mes el informe de la comisión
binacional, creada para ese efecto.
ENCUENTRO SOBRE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA
EN AMÉRICA LATINA ENFATIZA SOBRE LOS PRINCIPIOS DE
EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Fortaleza, Brasil, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- El
Encuentro sobre la Nueva Cultura del Agua en América
Latina, que tuvo lugar del 5 al 9 de diciembre de 2005 en
Fortaleza, contó con más de 500 participantes
procedentes de todos los países de América
Latina, más representantes de España, Portugal,
Holanda, Alemania, Italia, Bangladesh, Ucrania, Estados
Unidos de Norteamérica, Francia, Marruecos, Polonia,
y el Reino Unido de la Gran Bretaña.
El documento final del encuentro, llamado "La Declaración
de Fortaleza", señala que el agua es esencial
para la vida en el planeta y por lo tanto para las sociedades
humanas, por lo cual debe tratarse respetando los principios
de equidad y sostenibilidad.
El documento señala además, que la crisis
de sustentabilidad provocada en nuestros ecosistemas en
nombre de un malentendido progreso, ha causado que actualmente
más de 1.300 millones de personas (un 17 por ciento
de la población mundial) no tengan garantizado el
acceso a agua potable y más de 2.000 millones de
personas (un 40% de la población mundial) no tengan
acceso a sistemas de saneamiento esencial, lo que origina
una muerte cada 7 segundos.
Esta crisis se refleja tanto en las ciudades y comunidades
rurales como en los ecosistemas acuáticos y acuíferos.
Sin embargo se sigue destruyendo y degradando los territorios
del agua, a menudo de forma irreversible. Estas son las
dos caras de una misma realidad.
Más allá de la utilidad económica
del agua en la agricultura, la industria y la producción
de energía, los ríos, lagos, glaciares, humedales,
bosques y acuíferos desempeñan funciones clave,
tanto para la biosfera, como para el sustento y cohesión
de las comunidades, al tiempo que representan bienes comunes
naturales que marcan la identidad de territorios y pueblos.
Aceptar el reto de la sustentabilidad exige cambios profundos
en la concepción de la naturaleza, así como
en actitudes y modos de vida; exige entre otras cosas desarrollar
una Nueva Cultura del Agua que reconozca los múltiples
valores emocionales, culturales, sociales, ambientales y
económicos en juego, desde enfoques éticos
basados en principios de equidad y sustentabilidad.
Una Nueva Cultura del Agua que reconozca la sabiduría
de las culturas ancestrales de América Latina, rescatando
y valorando las buenas prácticas y técnicas
tradicionales, como la recolección de aguas de lluvia,
al tiempo que se incorporan las oportunidades que ofrecen
las nuevas tecnologías disponibles, es esencial para
lograr un futuro sostenible y seguro. Más información
sobre el encuentro en la web: http://www.unizar.es/fnca/america
EMPRESARIOS SALMONEROS ALERTAN DEL IMPACTO
AMBIENTAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ENDESA
EN LA PATAGONIA
Santiago de Chile, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- Pese
a que faltan casi dos años para que se ponga la primera
piedra del emblemático megaproyecto hidroeléctrico
de Endesa Chile en el Puerto de Aisén, en la Patagonia
chilena, empresarios del sector salmonero de la zona han
lanzado la voz de alarma por el "nefasto impacto ambiental"
que provocaría este proyecto, que contempla construir
cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos
Baker y Pascua, de la XI Región, en una zona considerada
'clave' en la expansión de la industria salmonera
nacional.
Según informa el Boletín del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se espera
que el sector de la pesca del salmón invierta unos
800 millones de dólares (660 millones de euros) en
los próximos seis a ocho años sólo
en la zona de Aisén, los que deberían llevar
a esta región a concentrar el 40% de la producción
total de la industria, a diferencia del 17% que representa
actualmente.
En declaraciones a la prensa, el presidente de esta asociación
de empresarios salmoneros afectados, Víctor Hugo
Puchi, uno de los dueños de la principal salmonera
del país, "Aqua Chile", señaló
que 'el tema no nos es indiferente', aunque por ahora la
mayoría de las empresas está a la espera de
lo que será el Estudio de Impacto Ambiental que presente
la empresa española.
Estos empresarios desarrollaron hace unos años una
campaña similar contra el proyecto Alumysa de Noranda,
que pretendía construir una planta de reducción
de aluminio con una inversión de 2.270 millones de
euros, pero que finalmente fue interrumpido por la férrea
oposición que generó entre ecologistas y la
propia industria salmonera. Sin embargo, existe una significativa
diferencia entre ambos proyectos: la importancia estratégica
que tienen para el país.
Si bien el proyecto de Endesa implica invertir cerca de
4.000 millones de dólares en su totalidad (3.300
millones de euros) y la inundación de algunas cuencas
de la zona, éste cuenta con el apoyo explícito
que le ha dado el Gobierno a la empresa, que ve en este
proyecto la alternativa más importante para conseguir
una mayor independencia energética, por los cortes
de gas natural proveniente desde Argentina.
"Es un crimen contra Chile no usar los recursos hidroeléctricos
de Aisén", señaló el ministro
de Economía y Energía, Jorge Rodríguez
a este respecto.
GANADORA DEL PREMIO CHICO MENDES 2005 SEGUIRÁ
DEFENDIENDO LOS BOSQUES DEL ESTADO DE GUERRERO
Ciudad de México, 19/1/2006 (Tierramerica).-
La campesina mexicana Celsa Valdovinos, galardonada con
el premio Chico Mendes 2005, se fraguó como líder
ecologista en la pobreza, el analfabetismo y la violencia
de su región natal.
De la mano de Valdovinos, algunas comunidades rurales del
empobrecido estado sudoccidental de Guerrero recuperaron
bosques, consiguieron agua y desarrollaron huertos familiares,
avances pagados con acoso militar, desplazamiento forzado,
amenazas y el encarcelamiento de su esposo, también
dirigente ecologista.
La lentitud y dulzura con que las que habla Valdovinos,
quien nunca fue a la escuela, no parecen corresponderse
con la imagen de una recia dirigente. Y aunque ella no se
considera un personaje importante, entidades ambientalistas
y humanitarias la reconocen como poderoso motor de la recuperación
de los bosques, el cuidado del agua y la organización
de las campesinas, usualmente marginadas por sus maridos.
"Sabemos que no debemos nada a nadie, que no tenemos
por qué huir, pero aún hay gente muy enojada
(taladores de bosque) que hablan cosas graves de nosotros",
dijo Valdovinos a Tierramérica, entrevistada en la
ciudad de Tlapa, Guerrero, a la que acudió por una
reunión con campesinos. "Me da tristeza que
mi esposo y yo sigamos corriendo peligro. Nos pueden matar",
advirtió.
A sus 49 años, más de 20 dedicados al ambiente,
Valdovinos es la presidenta de la Organización de
Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, una
zona montañosa de Guerrero donde su marido, Felipe
Arreaga, y otros campesinos sufrieron cárcel y persecución
por su resistencia a la destrucción de los bosques.
En esas sierras, más de cinco de cada 10 niños
sufren desnutrición severa y el analfabetismo afecta
a 75 por ciento de la población. En 1998, Arreaga
comandó allí movilizaciones para frenar la
tala indiscriminada.
Tras esa acción fue acusado de asesinar al hijo
de un talador y estuvo preso 10 meses en 2005, mientras
sus compañeros Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
pasaron dos años (de 1999 a 2001) detenidos por cargos
de uso de armas y siembra de cultivos ilegales.
Los tres activistas de la Organización de Campesinos
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de
Catalán fueron declarados presos de conciencia por
entidades humanitarias.
Montiel y Cabrera viven ahora escondidos, lejos de Guerrero,
por miedo a ser asesinados. Arreaga y su esposa no descartan
hacer lo mismo si perciben un peligro inminente. "Afectamos
intereses, por eso nos atacan y amenazan", señaló
Valdovinos.
Por su "notable heroísmo ambiental", Montiel,
Cabrera y Arreaga recibieron de la organización ecologista
estadounidense Sierra Club el premio Chico Mendes (en memoria
del recolector de caucho, sindicalista y ambientalista brasileño
asesinado en 1988).
El galardón fue asimismo para Valdovinos y Alberto
Peñalosa, uno de sus "compadres" y dirigente
ecologista herido a balazos por desconocidos en mayo del
año pasado, en un ataque donde fueron asesinados
dos de sus hijos de nueve y 20 años.
Arreaga dejó la cárcel en septiembre de 2005,
tras ser declarado inocente por la justicia. Cabrera y Montiel
habían sido liberados en 2001 por pedido del presidente
Vicente Fox y tras presiones internacionales y denuncias
sobre la falsedad de los cargos.
La tala de árboles es agresiva en las sierras de
Guerrero. Once de los 17 municipios indígenas de
ese estado son muy marginados y uno es el más pobre
del país, según estudios oficiales. Allí
bulle una peligrosa mezcla de presencia militar, grupos
guerrilleros, narcotraficantes y mafias madereras.
GOBIERNO COLOMBIANO INTENSIFICARÁ
ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS EN
PARQUES NATURALES
Bogotá, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- A partir
del próximo 20 de enero se intensificará la
erradicación manual de cultivos ilícitos en
los parques naturales, tal como lo anunció a finales
del año pasado el Presidente de la República,
Álvaro Uribe Vélez.
Así lo confirmó la Ministra de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez
Pérez, al asegurar que este Gobierno busca proteger
las reservas naturales y reducir el impacto ambiental que
ocasionan este tipo de cultivos.
"Esos cultivos están financiando a los grupos
armados ilegales y son como el combustible de la guerra
con los cuales se financian para comprar sus armas y con
los cuales le hacen tanto daño al país",
dijo la Ministra. Por eso insistió en la necesidad
de fortalecer la erradicación manual en los parques
naturales con programas como los que el Gobierno ha adelantado
con éxito y en los cuales participan más de
10 mil familias. "En el parque de La Macarena, por
sembrar una hectárea de coca han tumbado tres hectáreas
de bosque. Eso es lamentable, ya hay una degradación
y estamos hablando entre tres mil y cuatro mil hectáreas
que hay en la serranía", aseguró.
De este proceso ya hay dos ejemplos muy claros: el Parque
Tayrona y el Parque Sanquianga donde se ha eliminado prácticamente
la totalidad de las matas de coca. "Pero no habíamos
previsto parques con una situación mucho más
compleja porque hay campos minados, porque hay problemas
de orden público. Por eso el Presidente ya hizo el
anuncio: lo que se va a hacer es intensificar la erradicación
manual", puntualizó Suárez Pérez.
Y eso -agregó- es algo en lo que el Ministerio y
la Unidad de Parques han vendo insistiendo, que podamos
fortalecer este tipo de procesos que nos puedan ayudar a
eliminar estos cultivos de los parques.
Existen unos grupos de erradicación, unas brigadas,
que son totalmente soportadas por la Fuerza Pública.
Allí básicamente hay Fuerza Pública,
pero en algunos casos por ejemplo se han hecho erradicación
manual con la Armada, con la Policía Antinarcóticos.
También hay personas voluntarias de la comunidad
que en algunos casos se ha ofrecido para este tipo de trabajo.
CHILE: OCEANA SE OPONE A DUCTO AUTORIZADO
POR LA COMISIÓN REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE
Santiago de Chile, 19/1/2006 (Ecoestrategia).- La
organización conservacionista Oceana expresó
su más categórico rechazo a la instalación
de un ducto con salida al mar para la planta de celulosa
Itata, proyecto aprobado con 14 condiciones por la Comisión
Regional del Medio Ambiente (Corema) de la VIII Región.
El emisario submarino llevará hasta la zona costera,
los residuos del Complejo Forestal e Industrial (CFI) Nueva
Aldea, ex planta Itata.
"Rechazamos esta decisión de la Corema, porque
omite el grave riesgo para el medioambiente que significa.
Este megaproyecto contempla una inversión de 1.400
millones de dólares y es similar a la planta que
opera en Valdivia y que destruyó el río Cruces.
Es decir, sus consecuencias para el ambiente serán
igual de desastrosas, pero eso parece no importarle ni al
gobierno ni a uno de los grupos económicos más
poderosos del país", dijo el director ejecutivo
de Oceana, Marcel Claude.
Pese a que la aprobación final del ducto no ha sido
entregada por las autoridades medioambientales, con esta
determinación la Corema aprueba el inicio de las
obras utilizando como argumento el artículo 8 de
la Ley 19.300, que establece que los proyectos ingresados
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, podrán
ejecutarse si el titular presenta una póliza de seguro
que cubra el riesgo al medioambiente, obteniendo una autorización
provisoria para iniciar el proyecto.
"Celco extiende una póliza de seguro de 230
millones de pesos y puede comenzar a operar con plena tranquilidad.
Paga por adelantando los enormes daños al medioambiente
que generará frente a la permisividad de las autoridades.
El propio director regional de la Comisión Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA) Bío Bío, Bolívar
Ruíz, dijo que lo aprobado no tiene nada que ver
con el fondo del proyecto. Cómo entonces se permite
el inicio de las obras si aún no está claro
el enorme efecto negativo de un emisario submarino en el
mar. Si comienzan las faenas de la construcción al
ducto, luego la Corema no podrá decir que no al grupo
Angelini", agregó Claude.
El director ejecutivo de Oceana indicó además
que "estos lamentables episodios nos demuestran no
sólo el inmenso poder de Celco, sino también
el problema generalizado que Chile tiene con los emisarios
submarinos. Debe iniciarse urgentemente un debate serio
en torno a los desechos que estamos depositando a lo largo
de nuestro mar. Esto, evidentemente, debe traducirse en
regulaciones que protejan al país de estos atentados
ambientales".
Respecto al impacto de un emisario submarino, como el ducto
que se pretende instalar en la zona costera de la Octava
Región, la ingeniera ambiental de Oceana, Antonia
Fortt, expresó que "esta práctica de
desagües industriales se utiliza hace mucho tiempo
en nuestro país y sus consecuencias han sido terribles
para el medioambiente".