Caracas, 27/2/2006, (Tierramérica).- El gasoducto sudamericano que cruzará la Amazonia para llevar combustible desde el mar Caribe hasta el Río de la Plata todavía es un sueño, pero por las costuras de sus tubos ya afloran problemas económicos, políticos y ambientales.

El proyecto consiste en llevar gas por tuberías desde yacimientos en el Caribe sur y el océano Atlántico frente a la costa de Venezuela, hacia Brasil y Argentina, con un recorrido de entre 7.000 y 9.300 kilómetros, según distintos estimados, enlazándose con tendidos de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Cuando los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Hugo Chávez, de Venezuela, lanzaron el proyecto el año pasado se habló de costos de 7.000 millones de dólares, pero hay estimados de 25.000 millones.

Tampoco hay certidumbre sobre la capacidad venezolana para sostener el abastecimiento, el proyecto todavía dista de tener un trazado definitivo y un cronograma, y la posibilidad de obtener gas más barato dispara polémicas en el área. En Venezuela, organizaciones ecologistas lanzaron sus primeros alertas sobre el impacto ambiental del gasoducto y exigen una discusión pública de todo el proyecto.

Ildo Sauer, director de gas y energía del gigante brasileño Petrobras, dijo la semana pasada que con el proyecto su país podría ahorrarse 11.000 millones de dólares anuales en importaciones de gas, al comprar el combustible con precios equivalentes a 26 dólares por barril (unidad de medida petrolera, de 159 litros).

La estatal Petrobras, según el noticiero Globonews, contaría con una oferta venezolana de venderle gas a precio subsidiado para garantizar su adhesión al proyecto, alrededor de un dólar por cada millón de BTU (Unidad Térmica Británica), mientras que Brasil paga ahora a Bolivia 3,23 dólares por millón de BTU.

En La Paz, que discutirá nuevos precios con Brasil en marzo, el anuncio fue considerado "un globo de ensayo de las trasnacionales cuando vamos a la nacionalización de los hidrocarburos", según el diputado oficialista Gustavo Torrico. El opositor Oscar Ortiz consideró que se trata de "una bofetada, una competencia desleal" de Venezuela con Bolivia, y pidió al gobierno de Evo Morales distanciarse de Caracas.

El ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, salió al paso de la versión, pues "un dólar ni siquiera cubre los costos de producción costa afuera en Venezuela, que es de 1,60 dólares por millón de BTU. El precio lo anunciaremos cuando definamos la ruta, pero nunca será menor de cinco dólares" por unidad, aseveró.

Pero el presidente boliviano Morales dijo el martes: "No se puede pensar que, con semejante inversión, el gas de Venezuela pueda costar más barato en Brasil, es algo absurdo que no se puede creer".

Técnicos de Venezuela, Brasil y Argentina siguen delineando un proyecto para que Kirchner, Lula y Chávez puedan adoptarlo cuando se reúnan el 11 de marzo en el distrito argentino de Mendoza, después de asistir a la investidura de Michelle Bachelet como nueva presidenta de Chile.

Cada capítulo acarrea polémicas. "El plan de atravesar la Guayana venezolana y la Amazonia debería encender todas las alarmas de gente preocupada por ese pulmón del planeta, hogar además de culturas aborígenes", comentaron a IPS integrantes de la organización ambientalista venezolana Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch.

Colocaron como ejemplo el gasoducto de Camisea, en Perú, "una tubería para llevar gas amazónico al océano Pacífico peruano y que en pocos años de vida ya protagonizó cuatro importantes derrames de gas líquido, con daños al entorno y a las poblaciones".

Se trata de "un plan del más rancio y primitivo desarrollismo neoliberal", que oferta un combustible más limpio que el crudo, "pero tiene mayores riesgos operacionales, contribuye como el petróleo al calentamiento del planeta, implicaría deforestaciones a lo largo del trazado y es vulnerable a desastres naturales o sabotajes", criticaron.

La red ambientalista demanda suspender el proyecto hasta realizar un debate democrático en la región sobre su pertinencia, y recuerda que hay "opciones menos comprometedoras y onerosas", como el transporte por buques.

Ciudad De México, 27/2/2006, (Ecoestrategia).- Tulum es uno de los sitios Sagrados de los Mayas y una de las más importante ciudades portuarias del México prehispánico. Allí, los antiguos escribieron en piedra parte de la historia azteca. En Tulum, el subsuelo alberga los sistemas de cavernas sumergidas más grandes que se conocen a nivel mundial, por ello, miles de visitantes de todas partes del mundo, llegan cada año a conocer las raíces y a disfrutar las maravillas naturales de este paisaje único y portentoso.

Hoy, Tulum se encuentra amenazado: el Cabildo de Solidaridad pretende aprobar la construcción de desarrollos turísticos en el interior del Parque Nacional Tulum (PNT) y establecer una gran ciudad sobre un sistema acuífero único por su belleza, por su gran fragilidad y porque de él depende la salud de los humedales y los arrecifes de la región. Estas propuestas, forman parte de la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano (PDU). Así lo denunció el Centro mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)

La fracción V. del artículo 115 constitucional establece que los Municipios tienen facultades para formular los planes de desarrollo urbano, pero esa facultad está restringida por el mismo artículo a lo que establezcan las leyes federales y estatales relativas. En este sentido la actual versión del PDU contraviene los decretos que la establecieron como área natural protegida, en 1981 y 1993 para garantizar la conservación de la naturaleza y los valores escénicos en el primer caso y la protección y preservación de los monumentos arqueológicos en el segundo.

Además, la actualización del PDU viola los criterios contenidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum 2001 que marca una densidad cero para la zona del Parque Nacional.

Contraviene también el artículo 62 de la Ley General del Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente que dispone que una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en la ley para la expedición de la declaratoria respectiva. En este caso es el municipio de Solidaridad quien pretende hacer las modificaciones sin seguir el procedimiento contemplado por la ley, cuando fueron autoridades federales y no municipales las que establecieron el Parque Nacional Tulum.

"Es responsabilidad de las autoridades del H. Ayuntamiento de Solidaridad el garantizar y salvaguardar el interés público, y la integridad del patrimonio biológico y cultural de la nación, así como el respetar las leyes y los acuerdos establecidos con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal", señala un comunicado de Cemda.

El Programa de Hábitat de Naciones Unidas, respaldado por la Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos, en su apartado 43, compromete a los firmantes a proteger y mantener el patrimonio histórico, cultural y natural; y a proteger los lugares sagrados y de importancia cultural e histórica.

El PDU pretende asignar densidades hoteleras a los predios contiguos a la zona arqueológica que se encuentran dentro de un área protegida, contraviniendo tanto la legislación nacional como los compromisos internacionales.

Además del sitio arqueológico y de su importancia cultural, Tulum cuenta con una riqueza natural única, dos de los ríos subterráneos más largos del mundo se encuentran en la zona, el Sistema Sac Actun, y el Sistema Ox Bel Ha, que con 144 Km. de extensión es la cueva más grande de México y la novena en el mundo. Alrededor de Ox Bel Ha existen seis sistemas más que podrían estar conectados.

Este sistema corre justamente debajo del poblado de Tulum y hacia la Reserva de Sian Ka'an alimentando sus humedales -declarados Sitio Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y como humedal prioritario para la Convención RAMSAR-; y descarga también hacia el mar, interactuando con el Arrecife Mesoamericano.

Es vital asegurar la salud de este ecosistema y garantizar que el PDU proteja dichos ríos subterráneos; la versión actual se limita a mencionar que deben protegerse las zonas de ríos subterráneos y cavernas sin establecer zonas de alta fragilidad o limitaciones al uso de suelo con base en estudios científicos que garanticen la viabilidad del acuífero en el largo plazo.

Mayor información en la web: http://www.cemda.org.mx/

Santiago de Chile, 27/2/2006, (Agencias).- El miercoles 15 de febrero, cuando la Corema de la III Región aprobó Pascua Lama, muchos pensaron que el polémico proyecto de oro de la canadiense Barrick Gold estaba en duda, debido a que la autoridad puso como principal condición que no se podían intervenir los glaciares que están en la zona del yacimiento.

Sin embargo, ese mismo día la multinacional, pese a que no había sido notificada oficialmente y a que no había tenido acceso a la resolución de 178 páginas, anunció que Pascua Lama seguía adelante, minimizando el rol de los glaciares, factor que marcó el enfrentamiento de los ambientalistas con la minera.

Transcurrida una semana, Barrick accedió a entregar a La Tercera detalles sobre los aspectos clave que marcaron su decisión y anunció que no piensan apelar la resolución de la Corema. El director adjunto de la canadiense en Chile, José Antonio Urrutia, explica que los glaciares están en una ladera del cerro donde se encuentra el yacimiento de oro, cuyas reservas están bajo tierra. Para llegar a ellas se requiere abrir un rajo que se extiende y se hace más profundo a medida que pasan los años.

En 2001 cuando la minera presentó el estudio de impacto ambiental pensó en realizar una tarea de desmonte profunda, que implicaba remover toda la parte alta del cerro. Esto iba a afectar en el primer año de operaciones 10 hectáreas de los glaciares que están en las laderas, lo que obligaba su traslado.

Urrutia indica que luego de todo el proceso de discusión, Barrick cambió el plan minero. Las modificaciones dejaron a la compañía en condiciones de desarrollarlo sin la necesidad de tocar los glaciares hasta el año 2017. Por lo tanto, la instrucción de no intervenir los glaciares pasó a ser un tema secundario. La minera estima que podrá realizar la explotación de la mina sin inconvenientes en los próximos años de operación.

El ejecutivo agrega que esto se logra con una tarea de desmonte menos invasiva y abriendo el rajo de manera tal de retrasar su llegada a los hielos. "Los glaciares no marcan un tema urgente. Esta materia se gatilla en 11 años más. Hasta esa fecha pueden ocurrir muchas cosas. Lo importante es que Barrick seguirá adelante sin afectar ningún glaciar en la vida del proyecto", asegura.

Respecto a lo que pasará en 2017, Urrutia indica que eso forma parte de los riesgos que toma la empresa privada. La apuesta está en que durante estos años podrán acceder a nuevas alternativas de explotación de la mina. En todo caso, saben que está la posibilidad de que una parte menor de las reservas finalmente no las puedan explotar y tengan que realizar esa pérdida.

Barrick sostiene que este tipo de concesiones y otras asociadas al encarecimiento del proyecto pueden ser absorbidas, porque los altos precios del oro rentabilizan la iniciativa.

José Antonio Urrutia sostiene que también podrán comenzar a construir este año Pascua Lama porque todo el plan minero, de transporte y drenaje del ácido de roca, que era lo que más preocupaba a las comunidades, fueron aprobados.

San Luis Potosí, 1/3/2006, (Ecoestrategia).- El proyecto de extracción de oro y plata mediante un tajo a cielo abierto resulta completamente insustentable, no sólo desde el punto de vista ambiental sino también desde una perspectiva económica, social y de salud, afirmó en esta ciudad Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.

En una región con serias carencias de suministro de agua, una problemática que incluso afecta a más de cien colonias de la ciudad de San Luis Potosí, la empresa Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense Metallica Resources Inc., pretende utilizar a diario 32 millones de litros de agua en sus actividades extractivas.

De acuerdo a sus propias declaraciones, usaría alrededor de un millón de metros cúbicos al año como "gasto ordinario" y más de un millón 300 mil metros cúbicos de agua como "gasto extraordinario". La mayor parte de estos inmensos volúmenes de líquido se emplearían en un proceso de lixiviación para extraer el oro y la plata con la utilización de 16 toneladas diarias de cianuro de sodio, un compuesto sumamente tóxico.

En su Manifiesto de Impacto Ambiental la empresa reconoce que el impacto al acuífero será "adverso, significativo para el acuífero donde sea extraído". En el mismo documento, la minera admite que podrían ocurrir daños al acuífero por el derrame o percolación de soluciones cianuradas provenientes del proceso de lixiviación y explica: "El impacto causado por una situación como la anteriormente descrita sería adverso de magnitud moderada a alta".

Por los estragos que suele causar este tipo de minería ya ha sido prohibida en diversas regiones del mundo, como en Montana, Colorado, Wisconsin y California, en Estados Unidos; en New Sounth Wales en Australia, y en Turquía, la República Checa, Alemania, Honduras y Costa Rica.

Otro problema asociado a este proyecto es que empleará uno de los procedimientos más destructivos asociados a las actividades industriales, como es la minería de tajo a cielo abierto. Al final de su corta vida, lo único que dejaría el proyecto sería la disminución de las fuentes de agua, contaminación y la destrucción total del entorno: un cráter de un kilómetro de diámetro y 250 metros de profundidad, y millones de toneladas de desperdicios saturados de cianuro en las inmediaciones de diversas comunidades y a una distancia de apenas 9 kilómetros de la capital potosina.

Este proyecto tampoco se justifica desde el punto de vista económico, pues no desarrollaría cadenas productivas locales y únicamente crearía 300 empleos, muy probablemente mal pagados, que desaparecerían en el momento en que la minera dejara de operar.

Cabe destacar que Minera San Xavier ha modificado a su voluntad el proyecto original presentado ante las autoridades ambientales federales, lo cual es motivo suficiente para la cancelación de los permisos otorgados. Por ejemplo, en un principio la minera anunció que ocuparía 290 hectáreas por 8 años pero una vez que obtuvo el permiso solicitó la ocupación de más de 2 mil hectáreas por un periodo de 33 años.

De igual manera, originalmente señaló que usaría diariamente 13 toneladas de explosivos para después tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional permiso para utilizar diariamente 25 toneladas de explosivos. Esto hace suponer que pretende casi duplicar la cantidad de material obtenido, con mayor uso de agua y cianuro de lo originalmente planeado.

Lo anterior viola la autorización original que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le concedió, que en el decimoctavo punto advertía claramente: "El incumplimiento de cualquiera de los términos resolutivos o la modificación del proyecto en las condiciones que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar la presente autorización, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la LGEEPA y demás ordenamientos que resulten pertinentes".

Esto se suma a la improcedente autorización concedida por la Semarnat, que ignoró un decreto estatal de protección de la flora y la fauna en el Cerro de San Pedro, que invalidaría cualquier proyecto de extracción minera en la zona.

El 8 de diciembre del 2005, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictaminó que la autorización a Minera Xavier SA de CV se otorgó contraviniendo las disposiciones jurídicas y que se debe declarar la nulidad a la autorización otorgada por la Semarnat. Esta secretaría tiene que notificar a Minera San Xavier, como se lo ordena el tribunal, el retiro de la autorización a su proyecto en Cerro de San Pedro.

Por su parte, Minera San Xavier ha amenazado a las autoridades estatales y federales con demandarlas ante instancias internacionales. Esto no es posible ya que la empresa ha impulsado su proyecto violando la ley, sin resolver aspectos fundamentales como el uso del suelo del área donde pretende operar.

"El gobierno del Estado no sólo tiene que deslindarse de un proyecto a todas luces injustificable y que sólo traerá daños al estado, tiene que exigir a las autoridades ambientales y federales que se apeguen a derecho y coadyuven en este proceso velando por los intereses de los potosinos. Todos conocemos las consecuencias del contubernio entre las autoridades y las grandes corporaciones", señaló Alejandro Calvillo.

Bogotá, 1/3/2006, (Ecoestrategia).- Manuel Rodríguez Becerra, el primer Ministro de Medio Ambiente que tuvo Colombia; y Antanas Mockus, ex-alcalde de Bogotá, se lanzan en dúo a la contienda política que se avecina en el país sudamericano, liderando una lista para el Senado por el Movimiento "Visionarios". Estos dos personajes nacionales esperan llegar al Congreso de la República para sacar adelante sus propuestas en materia ambiental.

Manuel Rodríguez Becerra ha sido Presidente del Foro Nacional Ambiental, a través del cual, se han reformado diversas leyes enfocadas al manejo de los recursos naturales. "Mi conocimiento y experiencia en materia de legislación y política pública sobre medio ambiente y desarrollo sostenible en el ámbito estatal, nacional e internacional, me permitirá desempeñar con solvencia mi responsabilidad como legislador", señaló el candidato al Senado.

El programa ambiental del Movimiento Visionarios, busca reconstruir el Ministerio del Medio Ambiente y fortalecer las Corporaciones Autónomas Regionales y los Institutos de Investigación.

Igualmente, fortalecer la legislación ambiental y seguir luchado para que las reformas y la nueva legislación se orienten hacia el interés general y no, como está ocurriendo actualmente, a favorecer los intereses económicos de uno pocos en desmedro del derecho constitucional de todos los colombianos a disfrutar de un ambiente sano.

Así, por ejemplo, la Ley General Forestal aprobada por el Congreso favorece la explotación maderera a gran escala, en perjuicio de servicios ambientales y sociales fundamentales prestados por los ecosistemas boscosos, y el proyecto de la Ley del Agua en trámite generaría grandes inequidades sociales en el acceso a este recurso. Por ello estaremos atentos frente al anunciado proyecto de reforma del Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente con el fin de actualizarlo y mantener su integridad.

Por su parte, el acceso al agua potable, a los servicios de alcantarillado y la adecuada recolección de los desechos y basuras domésticas e industriales será un tema de permanente atención, toda vez que la salud de la población está profundamente ligada a la atención de estos problemas.

Otro punto a tratar en su programa, consiste en profundizar en el desarrollo de los compromisos adquiridos por el país con respecto a los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas y afrocolombianas. En particular, fortalecer la gobernabilidad de estas comunidades sobre sus territorios, una condición necesaria para mejorar su calidad de vida y para asegurar la conservación y uso sostenible de los recursos ambientales ubicados en aquellos.

Asimismo, defender el patrimonio ambiental del país y los derechos de las minorías étnicas frente al Tratado de Libre Comercio (TLC). La lista al Congreso con Antanas Mockus ha considerado que el TLC es conveniente desde la perspectiva económica y social toda vez que generará crecimiento económico, empleo, productos más baratos para los consumidores en su conjunto y mayor competitividad para el país al crear condiciones favorables para el desencadenamiento del espíritu empresarial en los más diversos ámbitos de la sociedad colombiana.

Según Rodríguez Becerra, el objetivo general del movimiento, es generar diversas iniciativas para favorecer la creación de una cultura para la protección ambiental en Colombia, país que ocupa uno de los primeros lugares del planeta en recursos naturales.

Bogotá, 2/3/2006, (Prensa Verde).- Comunidades indígenas, afrocolombianas y de campesinos provenientes de los departamentos de Boyacá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Santander y Tolima, entre otras regiones, se unieron para crear la red colombiana de productores amigables con el medio ambiente, que tiene como objetivo producir alimentos y artesanías autóctonos de las regiones y comercializarlos tanto en el mercado local como en el de exportación.

El grupo, conformado por 70 microempresas, cuenta con el respaldo económico de la Embajada de Holanda y del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, los cuales conocieron el proyecto a través de una organización no gubernamental denominada Caja de Herramientas, que se encarga de contactar a las comunidades que tienen productos amigables con el medio ambiente, con el fin de sacarlas del anonimato y ofrecerles mejores condiciones para desempeñar su trabajo.

Según Guillermo Rodríguez, director de la Red, el proyecto posee un presupuesto de 2,98 millones de dólares para los próximos cuatro años, durante los cuales se busca impulsar a los pequeños productores para que entren al comercio tradicional y participen en ferias y eventos comerciales que les permitan hacer contactos para ir a los mercados de exportación. Rodríguez destaca que los grupos que hacen parte de la red son, en su mayoría, comunidades que habitan áreas asociadas a ecosistemas de alta biodiversidad.

Sin embargo, están marginados de los servicios y presencia del Estado. Muchos de ellos viven en situación de pobreza y derivan su sustento de la venta de los alimentos y las artesanías que producen. En busca de comercio justo El Ministerio del Medio Ambiente, el Programa Mercados Verdes y la Universidad de los Andes, junto con la Embajada de Holanda, avanzan en el desarrollo de estrategias que les permitan a las comunidades comercializar sus productos a precios justos. Es así como ya lograron establecer convenios con algunas cadenas de comercio, entre ellas Carulla y Carrefour, para que los productos sean exhibidos en los supermercados.

Según Rodríguez, también se están llevando a cabo reuniones con personas de los Almacenes Éxito y de Cafam para que no sólo reciban los productos sino que se vinculen a la iniciativa y les brinden mayores espacios, ya sea como proveedores de las cadenas o destinándoles sitios especiales donde se destaquen las cualidades de los productos.

La idea de la red es generar una marca sombrilla para integrar las 15 referencias de producto que ya están sacando al mercado y, además, realizar alianzas con empresas privadas para que les permitan apoyar otras iniciativas. "Por ejemplo tenemos la posibilidad de desarrollar una línea de productos amazónicos con una reconocida heladería y estamos trabajando en un proyecto para explotar el oro orgánico de Andagoya", metal extraído artesanalmente sin destruir el medio ambiente, comenta Rodríguez.

Otro de los objetivos es el de exportar tanto los alimentos como las artesanías que desarrollan las comunidades. En efecto el café orgánico ya dio un primer paso y a través de contactos directos con ONG ya llega a Japón, Canadá y Europa. 2,98 millones de dólares invertirá la Embajada de Holanda en proyectos de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del país. El primer beneficiado es un grupo conformado por 70 microempresarios de diversas regiones, denominado Red de Productores Comunitarios.

Barranquilla, 2/3/2006, (IPS).- Unos 100 jóvenes desfilaron el 25 de ese mes al inicio del Carnaval de Barranquilla (norte de Colombia), con disfraces de animales amenazados y en vías de extinción.

Darío Morreo, director artístico de "Faunaval", dijo a Tierramérica que esta propuesta busca fomentar el conocimiento y la conservación de las especies en riesgo, como el Tití Cabeciblanco (Saguinus oedipus), el Mono Cotudo (Alouatta seniculus) y el Jaguar (Panthera onca).

"Escogí la iguana porque es uno de los animales más maltratados en esta zona. Les abren vivas el vientre para sacarles los huevos y comercializarlos y después las dejan morir", dijo a Tierramérica Elkim Pineda, que desfilará con cinco compañeros dentro de una iguana de seis metros.

El programa es organizado por el Parque Cultural del Caribe en asociación con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Fundación Zoológico de Barranquilla, la Fundación Carnaval de Barranquilla y Conservación Internacional.

San José de Costa Rica, 2/3/2006, (Agencias).- Más de 150 especies que hasta ahora no habían sido registradas fueron halladas a 250 kilómetros de Puerto Rico.

A menos de una semana de conocerse el descubrimiento de un paraíso perdido en Indonesia, otro grupo internacional de biólogos marinos afirma haber encontrado a 30 metros de profundidad un verdadero tesoro submarino en las aguas cristalinas que rodean a la caribeña isla de Saba. Esponjas, algas y peces multicolores deslumbraron al equipo de buzos que durante diez días de inmersiones de observación en enero último se topó con más de 150 especies que hasta ahora no habían sido registradas.

"Descubrimos a razón de más de una nueva especie de peces y de algas por día", aseguró Michael Smith, director de la Iniciativa sobre Biodiversidad en el Caribe de la organización Conservation International (CI) y ccordinador de la expedición.

Para el grupo, formado por científicos de CI, del Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, del Ministerio de Medioambiente de las Antillas Holandesas y de dos universidades estadounidenses, solo las nuevas especies de algas identificadas superaron la docena. "El banco de Saba posee la mayor concentración de especies de algas marinas del Caribe", afirmó Smith, buzo y biólogo experto en peces. "Uno de los puntos sobresalientes de esta expedición es que en el lugar se halló una gran extensión de algas comercialmente valiosas para la comunidad de Saba, pero no la están explotando", dijo. La expedición, que comenzó el 3 de enero pasado, luego de tres años de preparación, reunió a 13 especialistas en algas marinas, esponjas y peces.

"El viaje nació como un pedido de ayuda de la comunidad de Saba para proteger el atolón del tráfico marítimo de la zona, que incluye a los buques petroleros que anclan en medio de ese frágil ecosistema", relató Smith. Diez días bajo el agua Durante los diez días que duró el programa de evaluación rápida, los investigadores pasaron de ocho a diez horas diarias bajo las aguas que custodian el atolón del banco de Saba, una montaña sumergida y coronada por corales, a 250 kilómetros de Puerto Rico.

"Allí teníamos dos estructuras separadas, la isla por un lado y el banco por el otro. Aunque ambas están muy próximas, permanecen separadas -explicó Smith-. Dormíamos en la isla y por la mañana tomábamos tres barcos hasta el banco".

Cada embarcación transportaba a un equipo de trabajo distinto. Uno, el de pesca y con un pescador a bordo que ayudaba con las tareas de recolección de muestras, llevaba a los expertos en peces. Los otros dos barcos, que transportaban a los expertos en corales y en algas, pertenecían a la patrulla marina que custodia las áreas protegidas de las Antillas Holandesas, a las que pertenece Saba. Los biólogos, todos buzos profesionales, realizaban dos inmersiones diarias y cubrían una distancia de entre 65 y 80 kilómetros. "Saba es uno de los tesoros que aún conserva el Caribe.

Madrid, 2/3/2006, (Agencias).- Un total de doce Paradores de Turismo destinarán el 0,7% de sus ventas durante los próximos tres meses a un proyecto de desarrollo turístico en Ecuador. Esta iniciativa es la primera emprendida por el recién inaugurado departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la red hotelera pública española, que gestionará sus políticas sociales.

Para llevar a cabo esta iniciativa Paradores ha firmado un convenio con la ONG Solidaridad Internacional, que está desarrollando un proyecto de ecoturismo que mejorará las condiciones de vida de los habitantes del cantón de Saraguro (Ecuador), a través de la gestión de actividades turísticas.

El objetivo principal de este proyecto, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), es la diversificación de la economía de la zona de Saraguro, actualmente dedicada a la agricultura y ganadería de subsistencia, a través del fomento de un turismo sostenible que frene el proceso de emigración y desarraigo de la población indígena.

El cantón Saraguro se encuentra en la Sierra Sur de Ecuador, en una zona catalogada como reserva etno-ecoturística, y con gran variedad de ecosistemas, desde el páramo hasta el bosque nublado tropical subandino.

Su población, indígena y campesina, mantiene muchas de sus costumbres y usos ancestrales y no tiene otro modo de supervivencia que la agricultura y la ganadería a pequeña escala. Gracias a la fundación indígena campesina "Kawsay", que trabaja con Solidaridad Internacional en la zona, la comunidad está implicada directamente en este tipo de turismo comunitario.

Para este proyecto, Paradores ha diseñado la campaña 'Paradores Solidarios', a través de la cual destinará a esta zona de Saraguro el 0,7% de la facturación de doce paradores, a razón de cuatro establecimientos por mes, y entre marzo y mayo de este año.

Este mismo mes de marzo los Paradores "solidarios" serán el de Gijón, León, Monforte de Lemos y Vilalba. Durante el mes de abril será el de Albacete, Alcalá de Henares, Teruel y Vielha (Lleida), mientras que en el mes de mayo le tocará el turno a Cáceres, Córdoba, La Palma y Melilla.

El dinero obtenido se destinará a la edición de la guía de turismo de Saraguro, de un CD-Rom dirigido a touroperadores, y a la financiación de cursos de formación de personas implicadas en el desarrollo turístico de la zona.

La primera fase del proyecto, que consiste en la construcción de un hotel rural en el entorno, ya está finalizada y ahora queda pendiente la comercialización del producto y la fase de capacitación de los habitantes de esta comunidad indígena que participarán en el proyecto.

La realización de esta actividad entronca directamente con las líneas de actuación definidas en la política de RSC de Paradores: "potenciar el desarrollo económico de zonas con menor dinamismo a través de un turismo que contribuya a la protección y uso sostenible del patrimonio cultural y natural de las mismas", concluyó la red hotelera en un comunicado.