Bogotá, 20/4/2006, (Ecoestrategia).- El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió el Decreto 979 del 3 de abril de 2006, que establece nuevos y más estrictos parámetros para garantizar la calidad del aire en Colombia.

La Resolución 601 del Ministerio de Ambiente reduce niveles máximos permisibles de contaminantes atmosféricos. Definidos niveles para declarar estados de prevención, alerta y emergencia. La norma, que modifica el Decreto 02 de 1982 y el decreto 948 de 1995, contiene los elementos y el marco bajo los cuales el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece la reducción de los niveles máximos permisibles de contaminantes en el aire o norma de inmisión.

Las sustancias controladas son óxido de azufre, óxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono; la Ley contempla el establecimiento de un nivel máximo permisible de material particulado PM10; los estados excepcionales de contaminación o niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire; las directrices para afrontarlos a través de planes de contingencia; las diferentes áreas-fuente de contaminación; las condiciones bajo las cuales se deben clasificar y los mecanismos para estructurar programas tendientes a su control, y el mejoramiento mediante la reducción de los niveles de contaminación.

Estas nuevas medidas están contenidas en la Resolución 601 del 4 de abril de 2006 por la cual se establece la norma de calidad de aire. Dicha norma, que tiene cobertura y obligatoriedad en todo el territorio nacional, indica igualmente que con el fin de establecer un control efectivo sobre las fuentes de emisiones, las autoridades ambientales regionales y locales deben estructurar Planes de Descontaminación y Planes de Contingencia, concertados con las autoridades de salud, transporte y sectores de la producción.

Si la autoridad ambiental regional o local determina la necesidad de hacer la norma más rigurosa por las características de contaminación especificas en su región, puede a través del Principio de Rigor Subsidiario consignado en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, hacer más estrictos los estándares de la norma nacional.

De igual manera, la norma señala que dichas autoridades ambientales deben informar de manera periódica a la comunidad con respecto a la calidad del aire en su jurisdicción. Para el efecto deberán realizar mediciones para identificar las concentraciones de contaminantes para imponer las medidas preventivas o las sanciones del caso.

Santiago de Chile, 20/4/2006, (Ecoestrategia).- Cerca de mil quinientas personas provenientes de Cobquecura, Trehuaco, Coelemu, Quirihue, Portezuelo, Chillán, Concepción y de diversas localidades del valle de Itata participaron de la misa de domingo de ramos realizada en el lecho del río del mismo nombre, organizada por los párrocos de Cobquecura, Quirihue y Portezuelo.

Los asistentes portaban pancartas y lienzos alusivos al rechazo de la comunidad ante la inminente puesta en marcha de la planta de celulosa Nueva Aldea de Celco, que verterá durante el primer año sus riles directamente al río, desde donde se extrae agua para el riego de cultivos y para el consumo humano y de animales domésticos de 47 mil personas.

Entre las organizaciones asistentes estaban Salvemos Cobquecura, agricultores de Boca Itata, Grupo de Defensa del Itata, Frente Ciudadano por la Defensa del Itata, Acción por el Mar, Viñateros de Guarilihue, Juntas de Vecinos, Arpropelar, Surfistas de Proplaya, Surfistas de "Save de Wave", Acción por los Cisnes de Valdivia, el municipio de Cobquecura, liderado por el alcalde Julio Fuentes; el municipio de Trehuaco, liderado por el alcalde Luis Cuevas, además de la presencia de voluntarios de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Oceana, Olca y el senador por la Octava Región, Alejandro Navarro.

Una vez concluido el acto ecuménico, la comunidad marchó pacíficamente sobre el Puente Itata y entonaron la canción nacional con una bandera chilena.

Los mensajes presentes en los lienzos eran "Por qué no se van, no se van del país", "No a Celco", "Celco Culpable, Gobierno Responsable", "No a la contaminación", "Río Itata y su gente, próximas víctimas de Celco", entre otros.

El cura párroco de Cobquecura, Andrés Lacalle, evaluó positivamente la masiva participación y apeló a las autoridades y a la empresa Celulosa Arauco a que reconsidere la evacuación de riles al río Itata de la planta de Nueva Aldea.

El ejemplo más fuerte apelado por los habitantes del valle de Itata es lo ocurrido en el santuario del Río Cruces, en Valdivia, donde la planta de Celco aseguró en su Estudio de Impacto Ambiental y a la comunidad que no habrían olores, sin embargo se percibieron incluso a 50 kilómetros, en la misma ciudad de Valdivia. Posteriormente, la muerte masiva de cisnes de cuello negro y el cambio en la calidad de las aguas del río Cruces, certificado científicamente por un estudio encargado por la Conama a la Universidad Austral.

Los voceros afirmaron que no le creen a Celco, porque en Valdivia, usando la misma tecnología también se prometió que estaban todos los resguardos para que no hubiesen posibilidades de contaminación.

También recordaron el primer accidente nuclear ocurrido en Chile, hace algunos meses, que afectó a obreros que construyen la planta de celulosa en Nueva Aldea.

Madrid, 20/4/2006, (Ecoestrategia).- La papelera española ENCE, junto a la finesa Botnia, están construyendo dos plantas en Uruguay. Para financiar dicha planta, ENCE ha recibido un préstamo de 300 millones de euros del ICO (Instituto de Crédito Oficial), así como 400 millones de euros de un consorcio de 32 entidades financieras lideradas por BBVA, SCH y Caja Madrid. Ahora está intentado conseguir que CESCE (Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación) asegure la operación por si algo saliese mal.

La decisión sobre si se asegura la papelera se toma hoy en la empresa pública-privada CESCE. Por ello decenas de activistas de la campaña "¿Quién debe a quién?", en la que participan Ecologistas en Acción, ODG, Cristianos de Base, RCADE, OMAL y OCSI, entre otros grupos, junto a sindicalistas de CGT del Comité de Empresa de la CESCE, se han concentrado hoy ante la sede central de la Compañía en Madrid. En la concentración se ha pedido que CESCE no asegure la operación de ICO con ENCE en Uruguay.

Hay que recordar que la papelera que ENCE quiere instalar en el río Uruguay (que desemboca en Mar de Plata) tiene una férrea oposición en ambas márgenes del río (la argentina y la uruguaya) por los fortísimos impactos ambientales, económicos y sociales que supone. El proyecto de ENCE y Botnia implica la construcción de la papelera más grande del mundo. La planta de ENCE funcionará con la tecnología Kraft que supone una liberación de dióxido de cloro al río fuertemente dañina para la salud humana y el medio natural.

Esta tecnología ya la usó la misma empresa en Pontevedra, donde fue condenada por delito ecológico. La propia CAO (organismo fiscal del Banco Mundial) ya aseguró que en el caso ENCE "los Procedimientos de Evaluación Ambiental y Social no son los suficientemente rigurosos y fuertes".

La oposición social y el desastre ambiental que supone el proyecto ha motivado que el banco holandés ING haya retirado el crédito que tenía pensado dar a la papelera Botnia para este mismo proyecto en Uruguay.

En teoría CESCE tiene, entre sus principios, el respeto ambiental de los proyectos que asegura. Si asegura finalmente el crédito del ICO a ENCE estará incumpliendo flagrantemente dichos principios.

Además hay que señalar que una de las cosas que aseguraría CESCE en la planta de ENCE es el desmantelamiento de la planta por causas políticas. Es decir, que el Gobierno uruguayo decidiese cerrar la planta. Insistimos que en ese supuesto, nada improbable con la movilización que allí se está produciendo contra la celulosa, CESCE pagaría a ICO -es decir al Gobierno español- los 300 millones prestados más el 7% de intereses que ha dado a ENCE. Pero, posteriormente, el último responsable de dichos gastos sería el Gobierno uruguayo, que tendría que pagar a CESCE. Es decir, que la inversión privada de una empresa española acabaría engrosando la deuda externa pública de Uruguay.

Por información interna de CESCE consta que en la compañía están preocupados por la presión a la que se están viendo sometidos por los movimientos sociales españoles, argentinos y uruguayos. Pero, por otro lado, también están recibiendo presiones por parte del Gobierno español para asegurar la operación de ENCE.

"Nos cuesta entender qué intereses puede tener el Gobierno para dicha presión, máxime en un momento en el que hay una moratoria en la construcción de la planta acordada entre los Gobiernos argentino y uruguayo. Moratoria que, por cierto, no se está cumpliendo", señalaron los ecologistas.

Todo ello se enlaza además con la próxima tramitación de la Ley de Responsabilidad Ambiental por parte del Gobierno español. En esta ley no se recogen las acciones de las empresas españolas en el extranjero, lo cual consideramos que es una profunda laguna, como se pude extraer del caso de ENCE en Uruguay.

Por último, es importante subrayar que este caso evidencia una vez más, en el marco de las actuales negociaciones en el Parlamento español sobre la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad de redefinir los mecanismos de apoyo a la inversión española como CESCE o los créditos FAD, que no llevan sino a una continua generación de deuda externa, sin estudios previos ni control parlamentario de los impactos socio-económicos y ambientales.

Buenos Aires, 20/4/2006, (Ecoestrategia).- La desertificación, producto de la modificación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, sumada a las sequías, representa actualmente uno de los mayores problemas ambientales que amenaza la salud de la población. Desde el gobierno de Argentina se han puesto en marcha proyectos para atenuar los efectos.

La apropiación y transformación de bosques, pastizales y zonas semi-áridas en tierras para el cultivo, forestación y pastoreo hicieron retroceder nuestro patrimonio natural. A esto se suma el avance de la frontera agropecuaria y una acelerada degradación, que crean cada vez más condiciones para la creciente pérdida de las propiedades del suelo, conocida como desertificación.

En un país donde el 80 por ciento del territorio está bajo actividades agrícola-ganaderas y forestales, se registra un deterioro de 60 millones de hectáreas, generándose procesos erosivos posibles de ser categorizados de moderados a graves.

Contemplar este problema que afecta a todo nuestro territorio radica en que, con la degradación de la tierra, se degrada la vida de quienes la habitan.

Actualmente la población asentada en tierras con problemas de desertificación ocupa el 30 por ciento del total nacional, es decir, unos nueve millones de habitantes ven disminuida su calidad de vida. Se generan procesos socioeconómicos que agudizan la pobreza y la marginalidad, promoviendo movimientos migratorios no planificados hacia las grandes ciudades.

La desertificación también conlleva problemas para la salud: desnutrición y malnutrición, enfermedades de origen hídrico, patologías infecciosas y lesiones por quemaduras, entre las más comunes.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los principales impactos de la desertificación sobre la salud se producen principalmente por la escasez de agua, el empeoramiento de su calidad y los incendios, provocados por las sequías.

La Secretaría de Ambiente de la Nación trabaja en planes, programas y proyectos referidos a la recuperación y utilización sostenible de los suelos, tendiendo a evitar la erosión y degradación de las tierras. En esa línea, la Secretaría se integró al Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación (PAN) que tiene como meta mitigar los efectos de las sequías a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas.

Desde las acciones, se impulsa el crecimiento de economías regionales a través de la enseñanza de un mejor aprovechamiento del suelo, con la promoción de actividades de capacitación a productores y técnicos de todas las provincias que ya sufren sus secuelas.

Al respecto, el PAN estableció un Grupo de Monitoreo formado por expertos en sistemas de información, toma de datos y procesamiento a fin de obtener indicadores y aportar soluciones focalizadas por regiones. En la ejecución de este proyecto participan el Foro para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Ciudad de México, 20/4/2006, (Ecoestrategia).- El 50 por ciento de las playas de México están contaminadas debido al vertido de aguas negras, advirtió el experto Alejandro Olivares, de la organización Greeenpeace.

Olivares precisó que de los 154 municipios del país con costas, sólo la mitad cuentan con plantas de tratamiento de esos residuales, aunque algunas no trabajan al ciento por ciento o carecen de la capacidad necesaria.

No obstante, las afirmaciones del especialista, a cargo de la campaña de Océanos y Mares de Greenpeace, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguró que sólo tres playas en México rebasan la norma de calidad de agua.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua sostiene que en la república sólo el 34 por ciento de las aguas negras son tratadas.

El problema de la contaminación de las zonas costeras no ha sido controlado, y cada segundo llegan al mar 205 mil 882 litros de aguas residuales, dijo Olivares en una entrevista con el diario Milenio.

El gobierno no ha querido invertir en el tratamiento de aguas negras y se requiere de mucha infraestructura, aseguró el ambientalista.

Un solo trago de agua de mar puede contener millones de heces fecales, y como son bacterias disueltas en el agua, éstas no se ven, advirtió.

Nadar en aguas insalubres puede producir enfermedades como irritación en la piel, infecciones en ojos, oídos y aparato respiratorio, así como diarreas.

Tan sólo en 2004 se registraron cinco millones 628 mil 022 casos de este tipo de enfermedades intestinales, informó.

Buenos Aires, 20/4/2006, (Agencias).- El presidente paraguayo, Nicanor Duarte, presentó en Asunción un memorándum para la integración energética de Sudamérica, tras llegar a un acuerdo con sus contrapartes de Bolivia y Uruguay.

En el marco de la cumbre que se celebró esta semana en la capital paraguaya, con la presencia de los jefes de Estado de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Venezuela, el mandatario anfitrión presentó un memorándum de entendimiento para implementar la integración energética de Sudamérica.

En el documento Duarte propuso la creación de una comisión técnica que trabaje en la elaboración de un "megaproyecto" de gas que incluya a Venezuela, Argentina y Brasil, además de Uruguay, Bolivia y Paraguay.

En este sentido, Duarte pidió en el memorándum concluir la negociación de un Acuerdo de Integración Energética que permita otorgar seguridad y previsibilidad energética a los tres países, al tiempo que establezca mecanismos y condiciones para el desarrollo de proyectos conjuntos, para que sea suscrito antes de que finalice este año.

El jefe de Estado paraguayo también pidió al gobierno venezolano que analice las posibilidades de complementación del Proyecto Trinacional de Integración Energética, con el mega Proyecto Gas del Sur, impulsado por Venezuela, junto con Argentina y Brasil, para abastecerlos de gas venezolano, de unos 8.000 kilómetros y una inversión de aproximaamente 20.000 millones de dólares.

El presidente venezolano Hugo Chávez fue invitado a la cumbre en la que se negocia la puesta en marcha de un proyecto para construir un gasoducto que transportará gas boliviano desde Bolivia hasta Uruguay pasando por puerto Casado en Paraguay, con una extensión de 6.000 kilómetros y una inversión de unos 450 millones de dólares.