Buenos Aires, 27/4/2006, (IPS) - La brecha entre el Norte rico y el Sur en desarrollo se reproduce en la capital argentina. Lejos de la zona norteña, donde vive la población de mayores ingresos, los habitantes sureños de la ciudad de Buenos Aires sobreviven "al borde del colapso sanitario".

Así lo señaló la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tras una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos de barrios del sur capitalino. Se trata de unas 150.000 personas, muchas de ellas residentes de asentamientos precarios en los que hay redes cloacales unidas con alambres y gomas al sistema de saneamiento y en contacto con cañerías de agua potable.

El estudio reveló que las obras realizadas por el Estado comunal para garantizar la conexión de las viviendas a la red troncal de cloacas son "incompletas y deficientes", por lo cual se detectan "situaciones de riesgo sanitario" por el vertido de aguas servidas "a cielo abierto".

Carlos Tcholakián, coordinador del Foro Social Nacional de Salud y Medio Ambiente, aseguró a IPS que esta situación "calamitosa" difundida en el informe que presentó la defensoría el lunes por la tarde, es denunciada desde hace dos años por esa organización no gubernamental. "En 2004 pedimos que se declarara la emergencia nutricional y ambiental en la ciudad", dijo.

Según el Foro, en el que están representadas una treintena de organizaciones sociales, en toda la capital argentina hay 180.000 niñas y niños de hasta cinco años viviendo en la pobreza. De ese total, 77 por ciento habitan en la zona sur de la ciudad, 12 por ciento en el este y solo siete por ciento en la porción más rica, el norte.

La capital federal tiene casi tres millones de habitantes, según el sitio web del gobierno "porteño", como se conoce a los residentes capitalinos.

"Los niños viven en un ambiente contaminado, en condiciones de vivienda precarias, y están mal alimentados, por eso venimos alertando que en Buenos Aires puede haber un Chernobyl en cualquier momento", declaró Tcholakián en referencia al desastre ambiental causado por la explosión de la central nuclear ucraniana en 1986.

Esta realidad había sido advertida también por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que en 2005 denunció a los tribunales las diferencias de calidad de los servicios públicos ofrecidos por el Estado y empresas privadas a los habitantes de la capital, según el lugar de residencia.

De acuerdo con la asociación, que denunció al Estado porteño por "discriminación", los vecinos del sur tienen un pobre servicio de limpieza y recolección de basura, menor cantidad de escuelas y hospitales que los exigidos por su matrícula, y servicios de agua, gas, transporte y electricidad que acumulan múltiples quejas de los usuarios.

El alerta de la Defensoría sostiene que el suministro de agua contaminada por vertidos de las cloacas podría afectar sobre todo a los niños con enfermedades como hepatitis, gastroenteritis, cólera, meningitis, fiebre tifoidea y poliomielitis. "Las madres aseguran que sus hijos están permanentemente enfermos", afirma el informe.

La oficina del ombudsman (Defensor del pueblo) detectó que hay también conexiones ilegales de luz y basurales a cielo abierto por donde deambulan ratas y hasta víboras. La ombudsman Alicia Pierini advirtió que "la red cloacal, pluvial y de suministro de agua potable está colapsada" en esa zona de la capital, que incluye Villa Soldati, Lugano, Mataderos y Bajo Flores. Y acusó del déficit a "la falta de mantenimiento, de planificación y de inversión" del Estado.

Washington, 27/4/2006, (IPS).- Activistas de Brasil recibieron esta semana el Premio Goldman, también conocido como el “Nobel ambiental”, por haber arriesgado sus vidas en defensa de la tala ilegal en su país. El galardón también fue obtenido por ecologistas de Liberia, Papúa-Nueva Guinea, Ucrania, China y Estados Unidos.

El galardón, dotado de 125.000 dólares, también fue entregado en la ceremonia celebrada en la ciudad estadounidense de San Francisco a activistas originarios de cada una de las grandes regiones geográficas del mundo, se caracterizan tanto por la eficacia de su lucha como por su relativo anonimato.

"Todos ellos pelearon, a menudo solos y exponiéndose a un gran riesgo personal, para proteger el ambiente en sus países de origen. Sus increíbles logros son una inspiración para todos nosotros", dijo el fundador de estos premios, Richard Goldman.

Entre los distinguidos en esta oportunidad figuran Silan Kpanan'Ayoung Siakour, quien dejó al descubierto actividades de tala ilegal autorizadas por el ex presidente liberiano Charles Taylor, hoy preso en La Haya y acusado de crímenes de guerra.

Otro es el brasileño Tarcisio Feitosa da Silva, que luchó por la creación del área protegida de bosques tropicales más grande del mundo en un área remota del Amazonas. La abogada Anne Kajir, de Papúa-Nueva Guinea, también denunció la tala ilegal alimentada por la corrupción del gobierno.

Por su parte, Yu Xiaogang pasó su vida adulta promocionando programas de administración de cuencas de modo de proteger los ríos y los intereses de las comunidades ribereñas chinas, mientras que la abogada ucraniana Olya Melen fue premiada por frenar la construcción de un canal potencialmente desastroso en el delta del Danubio.

Otros de los premiados es el estadounidense Craig Williams, veterano de la guerra de Vietnam, quien organizó a comunidades locales para persuadir al Departamento (ministerio) de Defensa de su país de detener los planes de incinerar viejos arsenales químicos.

Williams, cofundador en 1980 de la Fundación de Veteranos Estadounidenses en Vietnam, participó en la campaña internacional contra las minas antipersonal que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1997. Mientras, condujo durante 20 años una exitosa campaña para asegurarse de que la destrucción de viejos arsenales químicos se realice de modos que fuera entendida y acordada por las comunidades locales y que no acarrearan riesgos sanitarios y ambientales.

De los seis galardonados, Siakor, de Liberia, y Feitosa, de Brasil, son quienes afrontaron los mayores peligros por su labor de defensa ambiental.

Bruselas, 27/4/2006, (Tierramérica).- La eurodiputada Mónica Frassoni anunció que el Parlamento de la Unión Europea (UE) prepara una conferencia en que se analizarán las consecuencias de esta industria en todo el continente. Junto con revisar el conflicto entre Uruguay y Argentina, el caso Celco tendrá un lugar ''privilegiado'' en el encuentro, señaló la parlamentaria verde.

La eurodiputada italiana y presidente del Grupo de los Verdes de Europa, Mónica Frassoni, anticipó que el Parlamento europeo prepara una conferencia donde se analizará a fondo el impacto de la industria de celulosa en América Latina.

Asimismo, indicó que en el encuentro se abordará en extenso el caso de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) principal responsable del desastre ambiental que afectó al santuario de la naturaleza "Carlos Anwandter" del río Cruces en Valdivia, según lo estableció oficialmente un informe de la Universidad Austral de Chile el año pasado.

“En vez de escribir comunicados o declaraciones puntuales, decidimos organizar una conferencia en el seno del Parlamento europeo, en el mes de septiembre de este año, sobre la producción de madera-celulosa-papel en América Latina, y la situación de Celco va atener un espacio privilegiado”, adelantó Frassoni.

La muerte de cisnes de cuello negro llamó la atención de los políticos europeos en 2005, los cuales aprovecharon una visita parlamentaria a Chile, en octubre del mismo año, para reunirse con ambientalistas y debatir el tema.

Tras su paso por el país, los eurodiputados descartaron revisar el tratado de libre comercio entre Chile y la UE, porque éste ya garantizaría el cuidado del medio ambiente, pero se despidieron con el compromiso de no olvidar el problema que dejó la Celulosa chilena.

A dicha preocupación de los parlamentarios verdes, se sumó la crisis que actualmente viven Argentina y Uruguay, debido a la construcción en este último país de dos plantas de pulpa por parte de las empresas europeas Botnia y Ence, caso que también será analizado en la conferencia de septiembre.

Tras conocer la noticia, el director del Instituto de Ecología Política (IEP), Manuel Baquedano, valoró la preocupación del Parlamento europeo y estimó que evidentemente la conferencia fue motivada por Celco, pero también desde 2005 hasta ahora se sumaron las plantas de celulosa de Uruguay, propiedad de firmas provenientes del viejo continente.

“Lo que ocurre entre Uruguay y Argentina es producido por dos empresas europeas, una finlandesa y otra española, por lo tanto, aquí la Unión Europea no puede decir que es un problema de los países nuestros, sino que también de sus empresas”, aseveró. Por otra parte, el ecologista explicó, que uno de los problemas más complejos que tiene el medio ambiente con la industria de celulosa en América Latina, está relacionada con el control de las normas de calidad, que sí operan rigurosamente en Europa.

Santiago de Chile, 27/4/2006, (Ecoestrategia).- La Fundación conservacionista Oceana manifestó sus reparos al monitoreo que ha realizado la Comisión Nacional del Medio Ambiente a la celulosa Nueva Aldea, de la empresa Celco. A menos de dos meses de que comience la instalación del ducto de la fábrica de pasta de papel en el río Itata, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) indicó que esta fiscalización no ha detectado fallas a la normativa ambiental.

Sin embargo, a juicio de la ingeniera ambiental de Oceana, Antonia Fortt, estos resultados no dan ninguna señal, ya que se amparan en la vaguedad de las normas ambientales chilenas. “CONAMA asegura que fiscalizará el cumplimiento de la normativa ambiental chilena, pero sabemos que la institucionalidad en esta materia es muy débil. Este organismo público no ha impulsado ninguna reglamentación que obligue a las celulosas a un cambio tecnológico”. Fortt agregó que aunque las autoridades han llamado a no demonizar a las plantas de celulosa, “no podemos seguir siendo tan ingenuos, después de lo que ocurrió en Valdivia, con el desastre ecológico en el río Cruces”.

Considerando esos nefastos antecedentes, la instalación de un emisario submarino en el río Itata ha provocado la reacción de 9 comunas aledañas que verían afectado su entorno natural y sus actividades económicas. Pescadores artesanales, agricultores y viñateros, entre otros, se oponen al ducto de la celulosa Nueva Aldea de Celco, que ya cuenta con la aprobación de la CONAMA.

“La empresa insiste en que tiene la mejor tecnología disponible en el mundo para operar y eso no es cierto por dos razones. Una se relaciona con la existencia de tecnologías totalmente libres de cloro que permiten que no se descarguen dioxinas al medio ambiente, pero la propuesta de CELCO es usar dióxido de cloro de todos modos. Lo segundo, y más importante, es que claramente consideran como alternativa descargar los riles a un río, cuando lo recomendable es instalar un ciclo cerrado de tratamiento y no hacer descargas al medio ambiente”, explicó Antonia Fortt.

Por ello, “el monitoreo de la CONAMA es cuestionable, ya que no considera variables independientes de fiscalización, sino que reduce su labor a una institucionalidad débil y a informes de la propia empresa”, concluyó la ingeniera ambiental.

Bogotá, 27/4/2006, (Ecoestrategia).- La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, Sandra Suárez Pérez; el director administrativo de la cadena de supermercados Cafam, Luis Gonzalo Giraldo; y el Subdirector de Mercadeo, Miguel Eduardo González, anunciaron hoy la puesta en marcha de un convenio interinstitucional para comercializar productos ecológicos e impulsar a las empresas que aplican los principios establecidos en el Plan Nacional de Mercados Verdes.

En las próximas semanas podrían ingresar nuevas asociaciones. Los productos tendrán una presentación especial y permanente en las góndolas del hipermercado. Más de 4.260 familias de pequeños productores se han beneficiado en lo corrido de este Gobierno.

Durante la presentación de este convenio, la Ministra explicó que inicialmente 17 asociaciones de pequeños productores del Amazonas, Caquetá, Guaviare, Huila, Antioquia, Cundinamarca y Cesar, podrán comercializar sus productos ecológicos en los supermercados de esta caja de compensación familiar.

“De esta forma se amplía la cobertura de productos ‘verdes’ en el mercado nacional y se ofrece a los consumidores alternativas de alimentos y otros productos con estrictos estándares de manejo y protección de los recursos naturales”, dijo Suárez Pérez.

El convenio contempla ofrecer condiciones preferenciales de entrada a los productores ‘verdes’ presentados por el Ministerio de Ambiente y aceptados por Cafam, pagar a 30 días los productos no perecederos y a 15 días los productos perecedero, otorgar una presentación especial y permanente en los almacenes que la caja de compensación determine a los productos seleccionados, y establecer procedimientos por los cuales se brindará apoyo y seguimiento a los empresarios vinculados al Plan Nacional de Mercados Verdes.

“Hasta el momento se han codificado 17 organizaciones de productores de diferentes regiones del país, conformados por pequeños agricultores, campesinos, comunidades indígenas y comunidades de base, pero esperamos que en los próximos días podamos contar con más”, dijo la Ministra.

El convenio, previsto para operar durante un año, buscará beneficiar a otras asociaciones de pequeños productores comprometidos con la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y que cuenten con las condiciones comerciales necesarias para ingresar en almacenes de grandes superficies.

El Plan Nacional de Mercados Verdes ha beneficiado desde agosto de 2002 a 4.260 familias del país, las cuales hacen parte de un grupo de 117 organizaciones de productores de 21 departamentos, representadas en micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores, campesinos, comunidades indígenas, afrocolombianas y comunidades de base.

El Plan Nacional de Mercados Verdes tiene como objetivo impulsar procesos productivos ambientalmente sostenibles y facilitar el ingreso de los productores al mercado nacional y local, en condiciones beneficiosas y competitivas para contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social.

Bogotá, 27/4/2006, (Tierramérica).- Un proyecto del gobierno colombiano para fabricar miel en lugar de cultivar coca en la septentrional Sierra Nevada de Santa Marta ya generó cinco toneladas del producto en 2005 y prevé producir 30 toneladas para exportar a Europa en 2006.

Desde 2005 esta iniciativa beneficia a 840 familias incluidas en el Programa Presidencial contra los Cultivos Ilícitos, que fue creado en 2003 y ya libró de plantaciones ilegales, sobre todo de coca (materia prima de la cocaína), más de un millón 250 mil hectáreas.

El gobierno italiano donó 500 mil dólares a este programa, dirigido por Victoria Restrepo, quien dijo a Tierramérica que con la elaboración de la miel se pretende proporcionar otra fuente de ingresos a las familias, además de los cultivos de cacao y cafés especiales impulsados en la región.

El proyecto es llevado a cabo por la Red de Productores Ecológicos de la zona.

Ciudad de México, 27/4/2006, (Ecoestrategia).- Superficialidad y obviedades caracterizaron los comentarios de los participantes en el primer debate que sostuvieron los candidatos a la Presidencia de México cuando abordaron el tema del medio ambiente, con lo que se comprueba que incluso cuando este tema es agendado para exposición pública no representa una prioridad para los candidatos, lamentó la organización ambientalista Greenpeace México.

“Como lo hemos señalado, a pesar de que la destrucción del medio ambiente equivale cada año a 10 por ciento del PIB, es evidente que los candidatos no ven en este tema la urgencia que requiere. Los recursos naturales son el origen de cualquier riqueza, están en el origen de cualquier proceso productivo y de sustento, son los pilares de nuestro país. Al destruirlos, como lo estamos haciendo, nos estamos suicidando como nación”, señaló Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.

La realidad es que los candidatos abordaron temas que han sido debatidos ampliamente, como el del agua, la destrucción de los bosques, el cambio climático pero de manera superficial con una visión poco clara de sus implicaciones y ninguna propuesta convincente de solución.

Los otros grandes problemas ambientales no ameritaron ningún comentario o compromiso de los candidatos a gobernar: como la sobreexplotación de los recursos marinos y la crisis de las pesquerías comerciales, la falta de justicia ambiental, especialmente para las comunidades y para aquellos que deciden defender sus recursos naturales; la liberación de organismos transgénicos al ambiente; el desmantelamiento de la política ambiental en el transcurso de la administración del gobierno foxista; el descontrolado problema de los residuos peligrosos; la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de diversificar las fuentes de las que se obtiene energía; entre otros.

“Los ciudadanos no queremos vagas buenas intenciones de los candidatos. Queremos saber exactamente cómo van a resolver los problemas ambientales. Y además de soluciones claras, consideramos indispensable que se integre un grupo de ciudadanos independientes, de probada credibilidad y con conocimiento en temas ambientales que vigilen el cumplimiento de esos compromisos, pues no queremos que se repita lo que ocurrió con el presidente Fox”, agregó Calvillo.

Cuando el presidente Vicente Fox era candidato a la presidencia aseguró que “ningún beneficio económico justifica la destrucción del patrimonio natural”; que “sin la participación (de las comunidades) en la toma de decisiones y en la orientación del desarrollo no se puede hablar de sustentabilidad”; que “los estándares de calidad ambiental serán iguales o superiores a los de la OCDE”, pero en los hechos en su administración se ha desmantelado la política ambiental y se ha subordinado la protección del medio ambiente y los intereses comunes a los beneficios privados.

“Sobre los temas que los candidatos sí comentaron, es evidente que al no tener una visión plena y profunda de los problemas ambientales, se van por lo más evidente. Es decir, sí hay que atacar a los talamontes, pero esta actividad ocasiona sólo 8 por ciento de la deforestación; sí hay que dar incentivos a los bosques, pero hay que saber que las plantaciones comerciales no son bosques; sí hay que desarrollar las energías limpias, pero en beneficio de las comunidades, no para marginarlas aún más; sí hay que buscar dar tratamiento al agua, pero hay que garantizar que contemos con los ecosistemas que proveen el abasto suficiente, si hay que controlar las emisiones de la industria pero para ello se requiere impulsar un amplio reporte de emisiones de acceso público. Sólo por mencionar algunos temas referidos por los candidatos”, finalizó Calvillo.